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Carlos Contreras Carranza es un historiador formado en la PUCP, FLACSO y el Colegio de México, donde obtuvo su doctorado en 2009. Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP y miembro del Instituto de Estudios Peruanos, donde fue director de publicaciones por más de una década. Es asesor editorial del Banco Central de Reserva del Perú y presidente de la Asociación Peruana de Historia Económica. Entre sus libros destacan El aprendizaje del capitalismo. Estudios de historia - económica y social del Perú republicano (2004), La economía pública del Perú después del guano y el salitre. Crisis fiscal y élites económicas durante su primer siglo independiente (2012); y en calidad de editor, - Compendio de Historia Económica del Perú (2008-2014). 3
Carlos Contreras Carranza EL APRENDIZAJE DE LA LIBERTAD Historia del Perú en el siglo de su independencia 4
El aprendizaje de la libertad Historia del Perú en el siglo de su independencia Carlos Contreras Carranza © Carlos Contreras Carranza, 2015 © Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015 Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú Teléfono: (51 1) 626-2650 Fax: (51 1) 626-2913 feditor@pucp.edu.pe www.fondoeditorial.pucp.edu.pe Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores. ISBN: 978-612-317-166-7 5
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INTRODUCCIÓN1 El siglo XIX tiene una importancia decisiva en la historia del Perú, por haber sido el espacio temporal en el que ocurrió su independencia de España y la consiguiente formación del Estado nacional que hasta ahora nos gobierna. Recientemente, las ciencias sociales han cobrado conciencia de la importancia que tienen las condiciones y decisiones iniciales con que arranca un proceso o una organización, porque se sabe que ellas determinarán en mucho lo que ocurrirá después y condicionarán todas las políticas posteriores. Dicho de otra forma, nunca más se podrá volver a tener la libertad que se tuvo en el momento inicial y, así, en cierta forma las sociedades son presas de su historia. Conocer las condiciones en que el país nació a la vida independiente moderna y las primeras medidas que se tomaron para organizar su marcha como nación soberana guarda, de este modo, una importancia crucial para entender la historia posterior. Por ello han sido relativamente frecuentes las incursiones de la historiografía peruana en el siglo antepasado. De hecho, a él dedicó el principal historiador de la república, don Jorge Basadre, la mayor parte de su obra. El historiador tacneño bosquejó la primera periodización de dicho siglo y estableció así la época que llamó de caudillismo anárquico o primer militarismo, para el primer cuarto de siglo que siguió a la independencia; la era del guano o de prosperidad falaz para las tres décadas posteriores; la guerra con Chile, que venía a partir en dos la historia de la república; el segundo militarismo o periodo de la reconstrucción nacional; y, después, la época de la República Aristocrática, que se extendería hasta las dos primeras décadas del siglo XX. Basadre centró su visión en la formación del Estado. Su periodización fue determinada según este haya estado dominado por la anarquía, por caudillos militares autoritarios o por gobernantes civiles demócratas, o de estilo aristocrático. Ninguno de los regímenes renegó del modelo republicano; no hubo aquí coqueteos con la monarquía o el imperio, como en otras regiones latinoamericanas; pero las generaciones que pasaron por el poder entendieron de forma distinta lo que debía ser una república que, 7
en muchos sentidos, era tan distinta del modelo europeo y estadounidense en que se habían inspirado los libertadores. Desde que Basadre publicó su primera versión completa de la Historia de la República del Perú, en el inicio de la década de 1960, la visión del siglo XIX, naturalmente, ha ido cambiando. Tanto porque las nuevas investigaciones históricas revelaron nuevos hechos y, sobre todo, nuevas ideas en el pasado, cuanto por la tendencia de los historiadores a reflejar en su mirada del pasado los traumas u obsesiones de la época que les ha tocado vivir, o a trasladar al pasado los dilemas que su sociedad enfrenta. En las décadas de 1970 y 1980, la historiografía se inclinó hacia el estudio de temas económicos y sociales, como el proceso del guano, la formación de los latifundios agrarios, las condiciones de vida de los trabajadores y el estallido de las rebeliones sociales. Un libro de referencia de esta tendencia fue el que en 1980 publicó Heraclio Bonilla con el elocuente título de Un siglo a la deriva (Lima, IEP). El siglo era, claro, el XIX, cuya importancia el autor remarcaba por haber sido el lapso en el que ocurrió la gran divergencia entre las naciones del norte capitalista y las del sur subdesarrollado. La calificación de siglo «a la deriva» quería subrayar la falta de liderazgo y de metas para la nación por parte de los grupos de poder del país. En el XIX el Perú fue, de acuerdo con esta visión, el siglo de las clases dominantes pero no dirigentes. El país habría atravesado la centuria como un barco en el océano sin timón ni capitán, cuyo curso era así impuesto por las corrientes provenientes del exterior, como el naciente liberalismo comercial o el imperialismo británico. El balance del siglo resultaba, desde luego, negativo. En la visión de Bonilla, que fue compartida por buena parte de la historiografía de ese entonces y que hoy conserva un gran arraigo en la población, el país había nacido como nación independiente por la fuerza, debiendo cargar con un destino que su élite nunca había perseguido y para el que, por lo mismo, tampoco estaba preparada. La anarquía de los años iniciales de la república expresaba la escasa maduración para la emancipación que existía en el país y las sinuosas maniobras de acomodamiento que debieron hacer los grupos sociales en la nueva situación. Hasta que, literalmente caída del cielo, llegó la oportunidad del guano de las aves. Las exportaciones de guano le dieron al precario Estado y a la élite heredera del poder de los virreyes la oportunidad de contar, durante un periodo relativamente largo, con recursos económicos abundantes. Para Bonilla, fue la ocasión en que dicha élite pudo haberse transformado en 8
burguesía; vale decir, en una clase social que dirigiera la modernización del país hacia el capitalismo al remover las prácticas feudales heredadas del periodo colonial. Pero su estrechez de miras, sus raíces rentistas y su cultura de antiguo régimen impidieron esa metamorfosis, y la rana no pudo transformarse en príncipe. La guerra de 1879 fue nada más el corolario de una derrota social y política que había comenzado a gestarse mucho tiempo atrás. Fue el castigo recibido por un grupo social incapaz de haber asumido su «tarea histórica» de liquidación del precapitalismo. La recuperación relativamente rápida del país en la posguerra del salitre fue obra del imperialismo británico y norteamericano que, incursos en la segunda revolución industrial, trasladaron a nuestro suelo capitales y tecnología que elevaron rápidamente los niveles de la producción minera y agraria. Esta forma de entender el siglo XIX comenzó a ser criticada y demolida por una nueva historiografía surgida desde finales de la década de 1980, cuando la crisis económica más devastadora del siglo XX, aliada con la rebelión armada y los sabotajes y asesinatos «selectivos» de Sendero Luminoso, empujaron a una nueva mirada del proceso económico y político del país. La «dependencia» económica y la desigualdad social podían ser criaturas indeseables, pero las medidas tomadas para conjurarlas podían producir un verdadero infierno, que hacía añorar a las personas los tiempos dorados de la República Aristocrática en que, si no había justicia económica y social, al menos había paz y el gobierno se comportaba de forma predecible y ordenada. Historiadores como Alfonso Quiroz y Felipe Portocarrero rescataron la imagen de la élite económica peruana de la época de la reconstrucción de la posguerra del salitre y los años previos a la Primera Guerra Mundial, y destacaron sus esfuerzos para reconstruir una economía abatida, sin contar con la colaboración del Estado y debiendo enfrentar la competencia del capital extranjero. No era la élite dominante nativa, sino el Estado, capturado por caudillos militares y camarillas civiles corruptas, quien había padecido la estrechez de miras y la falta de sentido de sus tareas históricas. La nueva historiografía significó también una revalorización de la historia política e intelectual. Figuras como Cristóbal Aljovín, Hugo Pereyra y Carmen McEvoy comenzaron a estudiar las elecciones, las constituciones, los partidos políticos y las ideas políticas del siglo XIX, con la convicción de que, en contra de lo que la historiografía marxista había predicado, el proceso político no era solamente una expresión 9
nerviosa y pintoresca de una lucha de clases desatada por los intereses materiales o económicos. La lucha por la representación, por el dominio del Estado y por implantar modelos de sociedad que parecieron a los hombres del XIX los ideales o más aplicables a nuestra realidad resultaban procesos que tenían su propia lógica y sus propios resortes. Otros historiadores, como Nelson Manrique, Nils Jacobsen y Cecilia Méndez revelaron el protagonismo del campesinado como un personaje mucho más activo en las luchas políticas del siglo XIX de lo que habían supuesto sus colegas anteriores. Carmen McEvoy ha sido la más prolífica y quizá quien mejor representa esta nueva historiografía centrada en lo político, que ha venido a aportar una nueva visión del siglo XIX. Según sus trabajos reunidos en libros como La utopía republicana (1997), Forjando la nación (1999) y En pos de la república (2013), la dinámica política en el Perú del siglo antepasado estuvo marcada por la ideología del republicanismo. Esta era una rama del liberalismo que se proponía forjar un orden social y un sistema político en el que primaran la igualdad de derechos entre los hombres, aboliendo todos los privilegios derivados del origen social, la casta o la tradición y el gobierno estuviera a cargo de hombres o partidos que compitiesen lealmente por el voto de los ciudadanos en procesos justos y transparentes. El sistema de la república demandaba nuevas virtudes en los hombres. En vez de la fidelidad, lealtad o la compasión, se exaltaba el espíritu industrioso, el amor al trabajo, al orden, al cumplimiento de la ley y al progreso. La lealtad al rey o a Dios debía ser reemplazada por el respeto a la ley y el compromiso con la patria, al tiempo que la religión pasaba a ser un tema de la moral privada. De acuerdo con McEvoy, la lucha por la independencia estuvo guiada por el ideal republicano, y aunque no fue interno el primer impulso por la independencia, no pasó mucho tiempo para que las ideas republicanas encontrasen adeptos entre los peruanos, quienes con su ardor por ellas parecían compensar el retraso en asumirlas. Frente a estos propósitos se erigían, sin embargo, formidables vallas, como eran los valores del antiguo régimen, la cultura de la prebenda y la argolla de los privilegiados en una sociedad jerarquizada como la legada por la era colonial. Los ideales republicanos se encarnaron en diferentes personajes como Bernardo Monteagudo José Faustino Sánchez Carrión, Juan Espinoza, Juan Bustamante o Manuel Pardo, mientras los defensores del antiguo régimen lo hicieron en los caudillos militares como Ramón Castilla, quien habría 10
llegado a erigir una «red castillista» extendida por todo el país, a través de los oficiales que controlaban las prefecturas y subprefecturas, así como en los gamonales del interior, que sacaban partido de su dominio político sobre las masas indígenas. La lucha entre ambos partidos infundió la dinámica del siglo XIX. Los fenómenos económicos fueron importantes en la medida que influyeron en ella, pero no es que crearan las ideologías. La bonanza del guano, por ejemplo, dotó a la red castillista de recursos bastantes para reforzar las lealtades en los extremos más alejados de ella. En sus apartadas provincias los subprefectos recibían las partidas económicas que les permitían contentar a sus allegados, a la vez que alegrar sus propios bolsillos. La perspectiva de este libro toma distancia de ambas visiones del siglo XIX. De un lado, rechazamos la visión excesivamente «externalista» de la historia peruana presentada por la historiografía que podríamos llamar «dependentista» en la medida que, influida por la teoría de la dependencia, tendió a apreciar la historia peruana como dirigida y determinada por las decisiones tomadas en las grandes metrópolis del extranjero. El «imperialismo» no fue el que determinó el caos de la postindependencia ni la bonanza posterior del guano, ni fue el artífice de la reconstrucción de la posguerra. También tomamos distancia de su condena moral a la «oligarquía» nativa, por no haber estado a la altura de los retos históricos que habría enfrentado. En ello estamos más de acuerdo con lo planteado por Alfonso Quiroz, quien defendió la racionalidad económica con que se guio la élite de la era del guano. Nuestra historia no persigue señalar culpables ni exaltar hombres ejemplares. Si algo nos vuelve escépticos del esquema de la nueva historia política es su concepción de los republicanos como hombres buenos y sanos, que luchan contra un entorno institucional perverso, plagado de adversarios malévolos. Si así hubiera sido, tal vez haya que prestar más atención a ese entorno que a los personajes. No negamos que hubo ideales republicanistas ni personas que los procuraron, incluso heroicamente, pero también ellos tenían intereses económicos que defendían y los inspiraban. No queremos decir con ello que la ideología política sea una simple máscara de la lucha política, pero tampoco pensamos que sea independiente de ella. No solo los gamonales que se enfrentaron y terminaron con la vida de Juan Bustamante tenían intereses económicos o materiales, también el grupo de este, que, como acopiador de las lanas, pugnaba por quebrar el control que sobre la lana de los campesinos tenían los terratenientes regionales. Tal vez el caso más 11
esclarecedor sea el del presidente Manuel Pardo, cuando pasó de defensor de la fiscalidad republicana, basada en el impuesto, a dictaminar la estatización del salitre, con lo cual se reforzó el esquema patrimonialista al más puro estilo del antiguo régimen. ¿Qué pasó con sus ideales republicanos? ¿Cedieron, nada más, frente al imperativo de una «política realista» de corto plazo, o se abrió paso su propia red de intereses materiales que, expulsados del negocio del guano, pretendía hacerse un sitio en el salitre? Concordamos con la nueva historia política en que hubo élites dirigentes en el Perú del siglo XIX, capaces de «imaginar el desarrollo» y proponer los instrumentos necesarios para conseguirlo, pero el problema fue pasar de la palabra a la acción. Tuvimos en el país élites normales, ni mejores ni peores que el promedio, pero con dificultades para ponerse de acuerdo entre sus distintas facciones. Difícilmente podían arrastrar tras de sí al resto de la sociedad. Calificar esas distintas facciones como buenas y malas: republicanas o liberales, y feudales o «tradicionales», empobrece nuestra visión de la historia. Cada una enfrentaba realidades distintas. Juzgar con los valores y perspectivas de la capital de la república lo que acontecía en las punas del sur andino era, aparentemente, claro y sencillo. Traducir en políticas y líneas de acción tales juicios resultaba, sin embargo, complicado, lo que explica la tendencia de las élites del interior a preferir lo malo conocido antes que abrazar novedades, como la república, que filosóficamente parecían atractivas. Existe entonces una polémica en torno a los motores que tuvo la historia del siglo XIX en el Perú, y es bueno que así sea. En este libro se ha tratado de presentar las visiones en conflicto, de modo que el lector pueda sacar su propia conclusión. La división en capítulos procura respetar la periodización tradicional de Basadre, con el fin de facilitar el uso del libro como apoyo a la docencia. El texto se divide así en siete capítulos, más un breve capítulo conclusivo. Los siete capítulos corresponden a: 1) a la lucha de la independencia (1808-1824), 2) los tanteos iniciales después de ella (1824-1850), 3) la era temprana del guano (1850-1868) y, 4) su edad madura (1868-1879), 5) la guerra del salitre y su secuela de guerra civil (1879-1885), 6) las consecuencias políticas y sociales de la guerra (18851900), y 7) las consecuencias económicas de la guerra y la reconfiguración de los espacios regionales (1885-1900). El texto central va acompañado de ilustraciones y recuadros en los que se amplía algún hecho puntual pero ilustrativo de los procesos referidos, se 12
presenta una interpretación distinta o alternativa, o se reproduce un documento que ponga al lector en contacto directo con la visión de los hombres de la época. El libro está dirigido a los estudiantes de los primeros años de la universidad, aunque también puede ser utilizado por quienes están concluyendo la formación secundaria y, naturalmente, por el público general. He prescindido de notas y aparato crítico por no venir al caso, pero he incluido al final una bibliografía en la que figuran los textos más importantes en los que se inspira el libro y donde pueden hallarse visiones distintas de lo expuesto. En esta bibliografía he dado prioridad a los materiales que pueden ubicarse más fácilmente y he evitado, por ejemplo, citar artículos en revistas o libros en otros idiomas. Agradezco a Pablo Quintanilla y al Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica, que me propusieron escribir este libro, y también por la paciencia que demostraron para la entrega del manuscrito y mi pedido para la inclusión de algunos recuadros e imágenes. En esta lista de acreedores debo anotar a Patricia Arévalo, Sandra Arbulú Duclos y Alejandra Cuya, que dirigieron la producción del libro, cuidaron el estilo y colaboraron con la búsqueda de ilustraciones, respectivamente. Mi más extensa gratitud también para mis colegas historiadores, de cuyas ideas e investigaciones me he alimentado, aunque ellos no siempre compartan, naturalmente, mis planteamientos o conclusiones. Quienes fueron mis alumnos de los cursos de historia del Perú que he dictado en los últimos veinte años, sobre todo en la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP, fueron mis conejillos de Indias y mi fuente de inspiración para el orden expositivo y el método de presentación seguido en este libro. Los tuve siempre en mi mente mientras escribí estas páginas. 1 Sobre el grabado de inicio: Gran plaza, iglesia, presbiterio y cabildo de Contumazá (Wiener, 1993[1880]). 13
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CAPÍTULO 1. LA CONMOCIÓN DE LA INDEPENDENCIA2 El proceso de la independencia fue el puente entre los periodos colonial e independiente de la historia del Perú. Fue el momento en el que el Perú nació como un Estado-nación, o lo que corrientemente se conoce como un país soberano. Para el Perú implicó también el tránsito de un gobierno de tipo monárquico a uno republicano. El cambio de la monarquía por la república trajo la aparición de otras instituciones, como una asamblea de representantes, constituida como «poder legislativo», cuyos miembros, igual que el presidente, debían ser elegidos periódicamente por aquella parte de la población a la que se concedió el derecho al sufragio. Dicha asamblea debía actuar como un contrapeso del poder presidencial (o Poder Ejecutivo), de modo que la facultad de gobierno no quedase concentrada en una sola persona o grupo. La historia de cómo ocurrió la independencia resulta clave para comprender por qué el Perú abandonó la monarquía y se convirtió en una república, y para explorar también por qué dentro de los peruanos persiste un marcado descontento con varias de las instituciones republicanas instauradas hace casi doscientos años, tales como el Congreso, los partidos políticos o el Poder Judicial. El estudio de la independencia de los países ejerce una fascinación sobre los historiadores. Cómo y por qué lo que hasta el momento fue una provincia o parte de una entidad política mayor, decide, y consigue, separarse de esta, para iniciar su propia vida como nación soberana, resulta de ordinario un tema para cuyo esclarecimiento se requiere compulsar todas las dimensiones de una sociedad. Nunca se trata de una decisión fácil ni unánime, por las tremendas consecuencias que trae, cuanto por el hecho de que se trata de procesos que en la práctica resultan irreversibles. Por lo mismo transcurren en medio de intensas luchas políticas y cruentos enfrentamientos armados, durante los cuales los insurrectos logran librarse de su pertenencia o subordinación a un país mayor. Cuando la revolución de independencia triunfa, los historiadores de la nueva nación compondrán una narración del proceso en términos de una 15
epopeya en que los buenos patriotas se enfrentaron contra los malos colonialistas, para sacudirse de una sujeción presentada como una cruel servidumbre. Pero debe tomarse en cuenta que los hombres que vivieron la coyuntura de los hechos reales concibieron las cosas de una manera muy distinta. Muchos preferirían no pensar que la situación era de una ominosa opresión, y que si acaso el presente era duro, el futuro podía ser peor. Seguramente, tanto quienes lucharon en el bando a favor de la independencia, cuanto quienes lo hicieron por el de la fidelidad al rey o a la patria mayor, quisieron lo mejor para el país, aunque los caminos para ello eran distintos en unos y otros. LOS ORÍGENES DE LA INDEPENDENCIA La discusión acerca de cuál fue el impulso que llevó a la independencia del Perú ha sido un tema que ha dividido a los historiadores. Unos han preferido postular razones internas, mientras que otros han puesto el acento en el carácter continental del proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas, poniendo de relieve el contexto internacional que se vivió en los inicios del siglo XIX. Cada uno tiene su cuota de razón, aunque en lo personal consideramos que es la versión de los segundos la que más se acerca a la verdad de los hechos, ya que las colonias españolas en América no existían individualmente, sino que conformaban un sistema integrado. La simultaneidad con que ocurrió la independencia de las distintas colonias sugiere por sí misma, que las causas no residieron tanto en lo que sucedía dentro de cada territorio, sino que se trató de fenómenos generales que afectaron a todos. Lo más probable sería entonces que ellos ocurrieran en el plano internacional. En cualquier caso, entre los resortes internos de la independencia figuraron hechos similares a los ocurridos en otras colonias españolas del continente, tales como el descontento de los criollos (nombre que se daba a los descendientes de los colonos españoles nacidos en América) por la marginación de que eran objeto en la selección de personas para los cargos de gobierno en el virreinato. A partir de 1784, cuando se instalaron las intendencias en reemplazo de los corregimientos, todos los intendentes, e incluso los subdelegados (que estaban a cargo de los partidos, que eran las provincias en las que se subdividían las intendencias) eran oficiales militares trasladados desde la Península Ibérica. ¿No tenían acaso los criollos una similar educación y formación intelectual que los peninsulares? ¿No conocían, acaso mejor, las particularidades del territorio 16
y la cultura de la población? ¿No tenían, por último, un mayor apego y contacto con el medio, que garantizarían una administración más abnegada y honesta? (véase el siguiente recuadro). Resentimiento, sumisión y ambiciones de los limeños Observaciones del viajero francés Camille de Roquefeuil durante su visita a Lima en 1817: «El odio que los criollos manifestaban contra los españoles, desde el tiempo de Frézier [1711-1713], no ha ido sino creciendo con los progresos de la población. Los acontecimientos que siguieron a los intentos de Napoleón respecto de la independencia de España, la actitud adoptada por las Cortes y el sistema del gobierno actual, han dado nueva fuerza a este sentimiento casi general entre los criollos. El ejemplo de la provincia de La Plata y los últimos acontecimientos de Chile han acrecentado su sed de independencia y la esperanza de lograrla; pero por muy vivo que sea su amor por la libertad, el pueblo peruano tiene muy poca energía para intentar por sí mismo un gran movimiento capaz de acelerar la cristalización de sus anhelos y parece permanecer sumiso, mientras las tropas realistas puedan impedir que las de Buenos Aires penetren en el interior. Por lo demás, pocos pueblos gozan de mayor felicidad aparente que el del Perú, si se juzga por la capital. El [limeño] consigue un alimento sano y abundante; está bien vestido para el clima y disfruta de mucho tiempo para los placeres; no paga sino pocos impuestos, que gravan principalmente las grandes propiedades y el comercio. Los numerosos abusos de una mala policía constituyen, ciertamente, un obstáculo para la felicidad de los peruanos; pero estos abusos son de la naturaleza de los producidos por la debilidad más bien que por la opresión; y la ignorancia de un mejor estado de cosas hace insensibles a la mayor parte». «[…] Los hombres a quienes la fortuna, los viajes y algunos conocimientos poco extendidos entre sus compatriotas, dan una especie de superioridad, se elevan en su propia opinión a la altura de los asuntos más grandes, se indignan de no ser llamados a la administración de su país, y emplean todos los medios para acelerar el cambio que debe poner fin a su anonimato, estableciendo la independencia. Habría que temer si esta no sería por mucho tiempo un presente funesto para un país en el que los derechos y los deberes ciudadanos son, por lo general, ignorados; en el que la superstición y la molicie, enemigos del patriotismo, permiten difícilmente germinar el espíritu público, y en el que junto a la vanidad pueril de los discursos y de la ambición de poder, se encontraría muy frecuentemente la incapacidad para dirigirlo en el sentido del bien público. Las circunstancias del tiempo harían adoptar probablemente un gobierno republicano, siendo monárquicas las costumbres». Camille de Roquefeuil. Lima y Callao en 1817. En Núñez (1971-1976, vol. 1; pp. 139-140). Las autoridades en España no tenían una respuesta afirmativa para estas preguntas. Pensaban que los criollos tenían una menor preparación 17
intelectual y política que los oficiales salidos de las academias militares de la península, pero que, sobre todo, padecían de una cierta desventaja moral, al provenir de un medio geográfico y social como el americano, donde el clima cálido, la profusión de sirvientes y las hondas diferencias sociales volvían laxo el espíritu y la templanza de los hombres. El propio sabio criollo Hipólito Unanue (1755-1833) escribió en la revista Mercurio Peruano, de finales del siglo XVIII, acerca de las consecuencias que el clima de Lima tenía sobre el carácter de los pobladores, al que describió como «blando» y «sensual». Las autoridades de Madrid consideraban que había mayores posibilidades de corrupción en el gobierno cuando los funcionarios tenían amistades y parientes en el territorio que administraban, por lo que procuraron evitar a los criollos y rotar continuamente a las autoridades peninsulares que despachaban a sus dominios. Tal vez también pensaban que los criollos serían funcionarios menos celosos de los intereses del rey que los de la Península Ibérica, aunque se cuidaban de decirlo públicamente. La indignación de los criollos por su marginación de los cargos de gobierno se dio en el contexto de un reconocimiento del país como una entidad geográfica y humana distinta, un proceso que el historiador José de la Puente Candamo llamó «la idea del Perú». Antes de ser una nación o república independiente, el Perú había de ser concebido como algo distinguible y singular desde el punto de vista territorial y social. Durante la segunda mitad del siglo XVIII diversos intelectuales, sobre todo criollos, como José Eusebio Llano Zapata (1716?-1780), José Baquíjano y Carrillo (1751-1817) e Hipólito Unanue, pero también peninsulares de larga residencia entre nosotros, como Ignacio Lequanda (1748-1800), escribieron sobre la geografía, la historia y la economía del Perú. Este podía ser pensado, entonces, como un país cuya realidad natural y social era distinta de España y de otros reinos americanos. ¿HUBO REBELIONES POR LA INDEPENDENCIA ANTES DE 1821? En ese trasfondo de criollos descubriendo la identidad de su país y descontentos por su exclusión de los cargos más importantes de la burocracia local (en un contexto en el que no existían prácticamente otras colocaciones que garantizasen un sueldo suficiente, regular y honrado) ocurrió la gran rebelión encabezada por el curaca indio o mestizo José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, entre 1780-1781, contra el gobierno abusivo de los corregidores, el impuesto de las alcabalas y la 18
mita, y la desatención de las autoridades judiciales respecto de los territorios alejados de la capital, como la región del Cusco. De acuerdo con los investigadores de esta rebelión, como Jürgen Golte, Scarlett O’Phelan y John Fisher, aquella tuvo objetivos antifiscales y anticentralistas más que anticoloniales. Sus demandas estaban llamadas a resolverse dentro del sistema colonial; lo cual, desde luego, no desmerece el significado de su rebelión como una protesta enérgica contra el incremento de la presión tributaria sobre la economía y contra el gobierno despótico de los corregidores en las provincias más apartadas. Se trató, además, de una lucha victoriosa, aunque póstuma para sus líderes, porque la supresión de los corregimientos, el cese, no de los impuestos, pero sí de su incremento, y la creación de la Audiencia del Cusco, fueron consecuencias de la rebelión en los años que siguieron a su inicio. La gran rebelión campesina de Túpac Amaru trajo también otro tipo de consecuencias. La violencia de sus huestes en su marcha por los pueblos de las provincias del Cusco, Puno y la región del Alto Perú intimidó la sensibilidad de los criollos y mestizos urbanos. Estos rehuyeron asociarse a un movimiento que incendiaba viviendas civiles, colgaba a los curas de las torres de las iglesias o violaba a las mujeres dentro de los templos. En el inicio del movimiento hubo criollos y mestizos que apoyaron la insurrección, por entender que sus demandas eran justas y necesarias, pero al final no solo se apartaron, sino que, incluso, ayudaron a combatirla, temerosos de que tras la ejecución del odiado cacique de Tinta, Antonio de Arriaga, se había desatado de la manera más descarnada y terrible un cúmulo de resentimientos históricos que podía afectar sus propios intereses, cuando no su misma vida. Después de la rebelión de Túpac Amaru las posibilidades de una alianza nacional entre criollos, mestizos e indios, que sumaban un 90% de la población, contra la pequeña élite de peninsulares (que representaban apenas un 5%; el resto se componía de negros y castas), quedaron prácticamente anuladas. El «gran miedo» de las poblaciones urbanas y de blancos y mestizos contra las sublevaciones indígenas persistiría como un fantasma durante todo el siglo XIX. Otras interpretaciones, como la de Alberto Flores-Galindo, plantearon que la rebelión tupacamarista se propuso una meta más importante que la independencia: la restauración de un gobierno indígena; algo así como el retorno del reino de los incas. Se trata, sin embargo, de una interpretación milenarista más estética que 19
apegada a los hechos, y que, de momento, requiere mayores pruebas para ser evaluada. No hubo nuevas rebeliones contra lo que podríamos llamar «el gobierno colonial» hasta la década de 1810, treinta años después. Hubo manifiestos fuera del país, como la carta del jesuita Juan Pablo Vizcardo (1748-1798) en Londres en 1791, y conspiraciones, como la de José Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde en el Cusco en 1805, pero nada verdaderamente impactante y exitoso que pudiera hacer pensar que en el Perú latiese una corriente crítica contra el gobierno español. ¿EXISTÍAN LOS PERUANOS EN EL PERÚ? En términos sociales, la población, más que dividida entre peruanos y españoles, parecía escindida según estamentos raciales: después de todo «españoles» o de «raza española» eran llamados todos los descendientes de los europeos, incluso los criollos. El historiador Heraclio Bonilla llegó a decir que en el Perú de vísperas de la independencia propiamente no existían peruanos, sino blancos, mestizos, indios y negros, cuya identidad social y relaciones con los demás quedaban determinadas fundamentalmente por su adscripción racial. El censo del virrey Gil de Taboada efectuado en 1791 presentó a la población peruana clasificada en tres formas: por razas, intendencias de residencia y condición de religioso, seglar o laico, señal de que desde el punto de vista de las autoridades tales eran los criterios importantes que definían el carácter de las personas. No eran el sexo, la edad, el estado civil, el tipo de asentamiento rural o urbano, o el nivel educativo, como serían por ejemplo hoy. 20
Plaza de Armas de Lima. Óleo de Mauricio Rugendas (1843), en Rugendas (1975). Una sociedad de este tipo, de carácter estamental, según la cual los deberes y derechos de las personas no eran iguales legalmente, sino que dependían de su estamento social, no es proclive al surgimiento de alianzas que involucren a varios estamentos, puesto que cada uno de ellos entiende sus privilegios como un juego de suma cero, en el que los beneficios que se consiguen no deben ser compartidos por los demás, puesto que en este caso dejarían de tener sentido. Los blancos o «españoles» del virreinato no tenían motivos de descontento, salvo el de los criollos por no poder ser funcionarios, pero resultaba difícil que por ello arriesgasen un orden social en el que, finalmente, ellos estaban ubicados tan cerca de la cúspide de la jerarquía. Sus rivales más encumbrados, los peninsulares, eran, además, sus propios padres, tíos o hermanos, con los que a fin de cuentas podían entenderse y arreglar mejor sus diferencias. Si alguna lección aprendieron los indios y mestizos durante sus conatos de rebeldía en vísperas de la independencia fue que era mejor no confiar en el apoyo de los criollos, sobre todo si estos eran de Lima. Los mestizos e indios tenían el incentivo para rebelarse, sobre todo los últimos. Se los había cargado de tributos, a cambio de retirar la prohibición que antes tuvieron de desenvolverse en ciertos rubros. Las reformas borbónicas, aplicadas especialmente durante la segunda mitad del siglo 21
XVIII, elevaron el tributo que pagaban los indios al rey a modo de capitación (el famoso «tributo indígena), al mismo tiempo que se les gravó con nuevos impuestos de los que antes habían estado exentos, tales como la alcabala (que gravaba la compraventa de productos, al modo del IGV de nuestros días) o el derecho sobre el aguardiente. A cambio se les abrieron las puertas a la titularidad de minas, a los puestos en el ejército y a algunos otros destinos eclesiásticos y civiles que antes habían tenido proscritos, pero lo real era que, al menos de momento, muy pocos disfrutaban de los nuevos beneficios y en cambio casi a todos afectaban las nuevas cargas. Pero si tenían motivos para el descontento, dispersos como vivían en pequeñas aldeas y haciendas en el campo, les era complicado coordinar y unirse para una gran revolución. El final de Túpac Amaru, en todo caso, los había, comprensiblemente, intimidado. El virreinato peruano podía considerarse entre todos los dominios españoles en América como uno de los más conservadores políticamente y, por lo mismo, de un sentimiento fidelista vigoroso. Su élite de criollos, que por su preeminencia social era el grupo que podía tener el liderazgo para encabezar una revolución, requería la figura del rey como garante de sus privilegios. Una sociedad tan variopinta solo podía estar soldada por un poder superior y externo a ella, como eran la monarquía española y la Iglesia católica. A pesar de su lejanía, o quizá por ello mismo, las figuras del rey y de la iglesia gozaban de gran respeto entre los indios y entre toda la población virreinal; funcionaban, por tanto, como referentes de unidad para una población que guardaba pocos vínculos de solidaridad entre sus distintos segmentos. LA REVOLUCIÓN HISPÁNICA La situación del Perú era más o menos similar en el resto de dominios españoles, sobre todo en aquellos constituidos más temprano y donde existía una población indígena densa. Una revolución solo podía provenir de una crisis estallada en la propia cabeza del imperio, que fue como efectivamente sucedió, al caer los reyes de España (el abdicante Carlos IV y su hijo y sucesor Fernando VII) prisioneros de Napoleón Bonaparte en la ciudad de Bayona, en el sur de Francia, en los últimos días de abril de 1808. El nuevo monarca impuesto por Napoleón, su hermano José Bonaparte, no fue aceptado por la población española. Los reyes basaban su legitimidad no solamente en la fuerza, sino sobre todo en la tradición, lo que hacía difícil improvisar un nuevo monarca. Los hombres de la 22
península se declararon en rebelión pidiendo el retorno de su rey «auténtico»: Fernando VII. Mientras tanto, la soberanía que el pueblo le había transferido al rey en el acto fundador de la monarquía debía volver a aquel: la así llamada retroversión de la soberanía. La conmoción política que siguió al descabezamiento de la monarquía fue enorme en todo el imperio. En la península ibérica se conformaron juntas de gobierno que, de manera provisional, gobernarían hasta conseguir el regreso de don Fernando. Las juntas se organizaron en las principales ciudades, a cargo de sus élites, agrupadas de ordinario en los ayuntamientos o concejos municipales. Eran una forma de resistir a los invasores franceses, que pretendían imponer un nuevo poder, aliado de Napoleón Bonaparte. En las principales ciudades americanas se siguió el ejemplo de la península y se conformaron juntas de gobierno que juraron fidelidad a la monarquía borbónica y mostraron los dientes a los franceses. Las juntas podían ser una caja de Pandora en términos políticos; llenaron de entusiasmo a los primeros hombres de ideas liberales que comenzaron a aparecer en América, pero fueron recibidas con grandes reservas por los conservadores, quienes temieron la demasiada autonomía con que podían manejarse aquellas en esta coyuntura crítica para el imperio, y que si, por último, el deseado Fernando VII recobraba su corona, las cosas no volverían a ser como antes, puesto que las élites locales habrían probado, y quizá disfrutado, su capacidad de autogobierno. El virrey Fernando de Abascal, con gobierno en el Perú desde 1806, figuraba en este último grupo, por lo que lejos de auspiciar la conformación de juntas en el Perú, procuró erradicar todo intento en este sentido. ¿No había acaso un virrey y una Audiencia en pleno funcionamiento, totalmente leales al monarca secuestrado en Francia? En los nuevos virreinatos sudamericanos, como Nueva Granada y el Río de la Plata, sí se erigieron; en cambio, el virrey Abascal —excediéndose incluso de sus funciones, porque se trataba de territorios fuera de su circunscripción— mandó combatir las juntas con energía y llegó a disolver algunas de ellas. La ausencia de «eclosión juntera» en el Perú fue juzgada por la historiografía como expresión de la debilidad del impulso emancipador, aunque es necesario recordar que las juntas no buscaban, por lo menos en principio, la independencia; al contrario: luchaban por la defensa del rey y rechazaban a los invasores franceses que, a través de sus emisarios, trataban de poner a la población hispanoamericana de su lado. Los historiadores Scarlett O’Phelan y Víctor Peralta señalaron que las 23
rebeliones de Tacna (1811), Huánuco (1812) y, sobre todo Cusco (1814) fueron intentos fallidos de formar juntas de gobierno en el país. De cualquier modo, el hecho de que no se formasen en el Perú, o que, de haberse intentado no lograsen consolidarse, expresaría la falta de consensos en nuestra población en torno a su necesidad y a quiénes debían integrarlas o dirigirlas. Pero la falta de juntas propias no pondría al Perú fuera de la influencia que el periodo de las juntas de gobierno, entre 1808 y 1814, desencadenó en todo el imperio. Por su parte, en la península estas instituciones conformaron una suerte de asociación, que designó una junta central que, conforme avanzaron las fuerzas francesas, fue trasladándose cada vez más al sur, hasta llegar a la ciudad de Sevilla. Esta junta decidió llamar a cortes, que eran una reunión de representantes de la población, a manera de un congreso o parlamento. Los monarcas de los siglos XVII y XVIII habían rehuido su convocatoria por significar un recorte a su poder. La Junta de Sevilla convocó, en 1809, a unas elecciones generales mediante las cuales la población española debía nombrar a sus diputados o representantes ante las cortes. Las juntas cobijaron a muchos liberales españoles, que entendieron que la relación con las colonias americanas debía plantearse en un nivel de, por lo menos, mayor igualdad que en el pasado, dándole a estas un nivel de reinos antes que de colonias. Incluyeron, por tanto, en la «nación española» a los pobladores de los dominios americanos, de manera que entre 1809 y 1814, y nuevamente entre 1820 y 1823, se realizaron diversas elecciones hispanoamericanas, que tendrían un impacto decisivo en modificar las ideas políticas de la población de esta parte del continente, incluso en países conservadores como el Perú (véase el siguiente recuadro). Las elecciones para las Cortes de Cádiz «Estas primeras elecciones fueron parte de una apertura a la modernidad política en los Andes, bajo la exigencia de que las Indias tuvieran una representación en las Cortes. Sin embargo, la forma como esta fue concebida fue contradictoria. Por ejemplo, el número de diputados para la junta central no era proporcional al número de la población americana; más bien, se asignó un solo representante por virreinato o capitanía general. Este fenómeno creó un fuerte discurso americano de “maltrato”, que empalmó con gran facilidad con lo que David Brading ha tildado de “patriotismo criollo”, un fenómeno que se fue gestando desde el siglo XVI, cuando los conquistadores se quejaban de no recibir el debido premio por su hazaña. […] Pasemos a la siguiente elección, la del año de 1810. Esta fue convocada para conformar las Cortes de Cádiz. La regencia aumentó el número de representantes a 24
uno por provincia, aunque la mecánica electoral fue similar a la anterior. Los miembros del cabildo, muchos de los cuales poseían el cargo, escogían a tres candidatos, y el representante salía sorteado de dicha terna. Los cabildos tenían cierta autonomía ya que escapaban de la jurisdicción del virrey y de la audiencia. Como se nota, ya no se trataba de un representante para todo el virreinato, como ocurrió en las elecciones convocadas por la junta central en 1809, sino que el ayuntamiento principal de cada provincia elegía un representante propio, siendo para el caso las de Lima, Piura, Huamanga, Guayaquil, Tarma, Trujillo, Chachapoyas, Arequipa, Cuzco y Puno». Cristóbal Aljovín de Losada. Sufragio y participación política: Perú 1808-1896. En Cristóbal Aljovín y Sinesio López (2005, pp. 28-29). Estas primeras elecciones eran, por lo general, de tipo indirecto. Quienes tenían derecho al sufragio eran, de ordinario, los vecinos varones adultos de los pueblos o ciudades, quienes con su voto elegían a unos representantes o electores. Estos se reunían posteriormente en un «colegio electoral» (una especie de asamblea de nivel provincial) donde elegían a quienes serían sus representantes ante la Junta de Sevilla. En ocasiones los niveles eran más escalonados todavía: de modo que los elegidos en el colegio electoral habrían todavía de concurrir a otra asamblea de nivel más amplio (de toda una audiencia o virreinato), donde por fin se elegiría a los diputados que deberían viajar a España. El hecho es que para poder realizar las elecciones, la Junta Central de Sevilla tomó varias medidas que tendrían un hondo efecto en el Perú y en otras plazas americanas, como la libertad de imprenta. Parecería difícil de creerlo en un país casi totalmente poblado de analfabetos (un 90% de la población debía serlo), pero la aparición de periódicos que discutían de política llevó a la difusión en el país de ideas tan novedosas como el derecho al autogobierno y al debate acerca de en qué dosis debía ocurrir este: vale decir, ¿en qué ámbitos tenían los habitantes de una comunidad derecho a decidir por sí mismos y qué medidas, en cambio, podían o debían ser cedidas a un poder central? ¿Quiénes debían tener derecho al sufragio? ¿Debía valer lo mismo el voto de un hombre noble e instruido que el de un labriego pobre e ignorante? LA REVOLUCIÓN HISPÁNICA EN EL PERÚ El hecho es que entre los años 1809-1813 se realizaron las primeras elecciones en el Perú, las cuales debían seleccionar a los representantes peruanos antes las Cortes de Cádiz. Ha sido motivo de debate de la historiografía el grado de autonomía y convocatoria que ellas tuvieron, 25
pero la investigación hasta hoy realizada viene encontrando niveles de participación indígena y popular más grandes de lo que se había supuesto. Los representantes peruanos plantearon en las cortes temas como la abolición de la mita y el tributo indígena y maniobraron para que se removiese al virrey Abascal, que tan poco hacía por apoyar las reformas liberales, pero no hubo unanimidad entre ellos. Ocurría, además, que la representación americana tenía menos diputados por habitante que la peninsular (las colonias de América tenían el doble de población que la península, pero solo la tercera parte de las curules), siendo este uno de los motivos de descontento de las élites americanas criollas y mestizas. Juramento de los primeros diputados a Cortes en 1810, en la iglesia de San Pedro y San Pablo en San Fernando de Cádiz. Óleo sobre lienzo de Casado del Alisal, conservado en el Salón de Planos del Congreso de los Diputados, Madrid. Entre los diputados peruanos presentes en las primeras sesiones de Cádiz estuvieron Ramón Feliú, Dionisio Inca Yupanqui, Vicente Morales Duárez (quien llegó a presidir las cortes durante un breve lapso), Blas de Ostolaza y Antonio Zuazo. Posteriormente arribaron José Bernardo de Torre Tagle, 26
José Antonio Navarrete, Tadeo Gárate, el guayaquileño José Joaquín Olmedo, Francisco Salazar y Carrillo y Mariano Rivero. El historiador Víctor Peralta reseña el hecho llamativo de que algunos, como Salazar y Carrillo, que en los debates en las cortes se caracterizaron por defender los privilegios de la aristocracia limeña y las medidas represivas del virrey Abascal, figuraron luego entre los partidarios de San Martín y entre los representantes del primer congreso peruano. La investigadora francesa Marie Laure Rieu-Millán refiere que muchas veces ocurrió que los representantes electos, sobre todo de provincias del interior, no pudieron llegar a las cortes, por no haber fondos para cubrir el viaje o por lo prolongado de este. La misma experiencia de estas cortes mostró así a los peruanos la dificultad de llevar a cabo un gobierno representativo en una escala tan vasta, en la que los diputados enfrentaban enormes dificultades de tiempo y dinero para poder alcanzar las demandas de sus representados, y en medio de una población tan heterogénea, que producía desigualdades enormes en las posibilidades de representación. En 1812 las cortes promulgaron lo que sería la primera Constitución que rigió la vida política del Perú, como la de toda Hispanoamérica. Esta reconoció como españoles a todos los peninsulares, criollos, mestizos e indios, con la sola exclusión de los negros, a quienes, sin embargo, se les dejaba una puerta, estrecha pero abierta, para que pudiesen llegar a la ciudadanía más adelante. En general, se trató de un documento de ideas liberales, que podríamos llamar avanzadas para su época. Reconoció la libertad de imprenta, suprimió la Santa Inquisición, el tributo de los indios y la mita minera y creó los ayuntamientos constitucionales (base de los actuales municipios) y las diputaciones provinciales como órganos de gobierno y representación. El absolutismo quedó herido de muerte con este documento, pero quizá también el propio imperio español (véase el siguiente recuadro). El estado político de Lima tras la proclamación del gobierno constitucional El marino inglés William Stevenson vivió veinte años entre Lima, Guayaquil y Valparaíso a partir de 1804, y en 1819 se enroló en las fuerzas navales que al mando de Lord Cochrane acompañaron la expedición libertadora de José de San Martín. Describió la situación política de la capital peruana tras la instauración del régimen constitucional gaditano, de la que fue testigo presencial, en estos términos: «Nada podía ser más favorable al nuevo gobierno que la publicación de una forma constitucional de gobierno y la libertad de prensa tal como fue sancionada por las cortes. Las restricciones fueron tales que habrían producido un gran clamor en 27
Inglaterra; así como para el esclavo una hora de descanso es una hora de perfecta libertad, para aquellos hombres cuya pluma ha estado encadenada por trabas políticas y anatemas inquisitoriales, una liberación de dichas restricciones fue recibida como posibilidad de una absoluta inmunidad. Las colonias que seguían siendo fieles a la madre patria tuvieron la oportunidad de leer los periódicos, una cosa desconocida en ese entonces, a menos que exceptuemos la gaceta del gobierno; y aunque no aparecieron impresas noticias desfavorables para el sistema español, las descaradas falsedades del viejo documento ministerial fueron controladas en cuanto a sus exageraciones por la aparición de auténtica inteligencia en los nuevos periódicos, y así el público se informó de los acontecimientos que habían ocurrido; se conoció del establecimiento de gobiernos republicanos en México, Chile, Buenos Aires y Colombia —acontecimientos que las antiguas autoridades habrían ocultado, estigmatizando a sus actores con el nombre de bandidos, indios descontentos, pandilleros, traidores, cuatreros y piratas—. Los habitantes de Lima deseaban un cambio en su forma de gobierno tal vez tan ardientemente como cualquier otro americano; y por no haber establecido dicho gobierno, habían sido considerados como un pueblo de cobardes, apáticos y afeminados, y así se los llamaba, pese a que no merecían tales epítetos. Aunque en una causa adversa a sus propios intereses, por muchos años los limeños lucharon contra todas las fuerzas que pudieron ser llevadas al campo de batalla por aquellos a quienes consideraban sus enemigos. Los soldados son instruidos por el precepto y los ejemplos de sus superiores, y rara vez reflexionan sobre lo que está mal; de otra forma la historia no nos ofrecería tantos ejemplos de hombres armados actuando en hostilidad abierta contra sus compatriotas, sus propios amigos y sus padres. En cualquier caso en que una ciudad está protegida por una fuerza militar, los habitantes y los soldados deben someterse a la voluntad de los comandantes. Tal era el estado de Lima: es cierto que muchos soldados eran limeños, pero muchos provenían de diferentes partes del Perú, y casi todos los oficiales eran españoles, y los que no lo eran, estaban bajo sospecha por sus celosos superiores». William Bennet Stevenson (1994, pp. 514-515). En el Perú, el virrey Abascal hizo todos los esfuerzos por acatar pero no cumplir la Constitución. Por ejemplo, reemplazó la contribución indígena por un «donativo voluntario» que los indígenas debían pagar prácticamente obligados por las autoridades locales, y le dio largas a la creación de los ayuntamientos y diputaciones. El marco de estas discusiones y maniobras era, por otro lado, la guerra que el virrey Abascal libraba contra los ejércitos de los patriotas en el Río de la Plata, quienes intentaban liberar la región del Alto Perú (actual Bolivia), que había pertenecido al virreinato del Río de la Plata, pero que el virrey Abascal había logrado salvar de la revolución, al reintegrarlo al Perú. Fue en medio del asedio rioplatense por el sur andino que en la villa 28
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