La diferencia podría ser que en adelante ganarían menos dinero, pero a la vez las ganancias serían más seguras puesto que el propietario del negocio habría pasado a ser el Estado. Esta posibilidad dividió a los consignatarios y los debilitó frente al Estado, que así procedió, primero a monopolizar la comercialización del salitre en 1873, y creó el estanco del salitre, y, posteriormente, a estatizar las llamadas oficinas salitreras desde 1875. Cumpliendo con el compromiso no escrito, el Estado creó después de la expropiación una Compañía Nacional de Salitres, cuya administración encargó a la asociación creada por los bancos de Lima. El primer presidente del directorio de la compañía fue Francisco García Calderón, uno de los más importantes miembros del círculo de los consignatarios. La necesidad de pagar la expropiación de las oficinas hizo que el estanco del salitre no produjese en lo inmediato cifras en azul. En la valorización de las oficinas hubo, al parecer, visos de corrupción, porque muchas instalaciones obsoletas o yacimientos casi agotados fueron tasados en sumas elevadas, que hacen sospechar algún entendimiento desleal para la hacienda pública entre los propietarios y los funcionarios gubernamentales (véase el siguiente recuadro). La expropiación del salitre evaluada por los historiadores (2) «La presión conjunta, ejercida internamente por Piérola y financiera y políticamente en el exterior por Dreyfus, limitó la capacidad del presidente Pardo de tomar medidas para desembrollar el dilema financiero del Estado. En estas circunstancias y bajo presión del Congreso, Pardo siguió la política de elevar los impuestos y eventualmente expropiar los campos de salitre de Tarapacá con el fin de crear un monopolio estatal que pudiera resolver los problemas fiscales. Esta acción fue un grave error, pues la nueva estrategia del salitre generó menos ingresos de lo esperado y no logró detener la competencia entre los precios del salitre y el guano. La tasación oficial para las expropiaciones y la especulación con los certificados salitreros, emitidos como compensación a los dueños o concesionarios de salitreras, abrieron nuevas vías a la corrupción. Aún más, los impuestos más altos al salitre y la expropiación desataron la oposición militante de los intereses peruanos (Guillermo Billinghurst), chilenos e ingleses (Gibbs & Co.), vinculados al negocio de este producto y su exportación. Para financiar las medidas referidas al salitre y el creciente déficit fiscal, Pardo cometió, asimismo, el error de confiar en la debilitada banca peruana. La percepción pública consideraba que los bancos locales eran los vástagos de los excesos de la era del guano. La crisis monetaria de 1872-1873 y las crecientes necesidades fiscales inclinaron al gobierno a decretar que los bancos podían garantizar sus emisiones particulares de papel moneda con deuda pública. A partir de este momento, el Estado incrementó su intervención en el sistema bancario, una política criticada por García 160
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