contra la argolla civilista, cuyo apetito por los negocios del salitre empujó al Estado peruano a la aventura de la expropiación de las salitreras, y por haberse cruzado de brazos cuando todavía estuvo a tiempo de desactivar la peligrosa bomba que se iba armando, persuadiendo a Bolivia, de que no debía intentar hacer aquello que el Perú había hecho: alimentar al Estado de las rentas de los fertilizantes. También contra la casta militar, valiente para asaltar el poder, enfrentar a rústicos caudillos o a rebeliones de indios del interior, pero incapaz de comandar con éxito un ejército de diez mil hombres en una guerra internacional. Lo que no quedaba claro es de qué sector podrían provenir los nuevos hombres. Tal vez de las aristocracias provincianas, como Piérola, o de la mesocracia limeña, pero esta no era dada a la política ni contaba con figuras de carisma. Era un drama parecido al del día siguiente de la independencia: los que estaban capacitados para gobernar habían quedado desacreditados y a quienes correspondería el trono carecían de capacidad o de ambición. Parte del tema político era también el debate de si con la caída de Lima la guerra debía darse por terminada o si el Perú tenía aún alguna chance y cuál podría ser esta, ya sin barcos ni ejército de línea, e incluso sin un gobierno reconocido por la población. La opinión osciló en esto tremendamente; poco a poco se abrió paso la tesis realista de que era necesario aceptar la derrota, conseguir la desocupación del territorio y procurar minimizar los costos de la paz. Varios jefes militares sobrevivientes del ejército de línea, como Lizardo Montero, Andrés Cáceres y Miguel Iglesias, de destacada y hasta heroica actuación en las batallas del sur y de Lima, organizaron fuerzas de resistencia con rezagos del ejército y guerrilleros que reclutaron entre los campesinos y pobladores del interior. Algunos de estos esfuerzos fueron coordinados con el gobierno de Ayacucho, como los de Cáceres, pero al final terminaron por ser independientes, lo que produjo una situación de anarquía que preocupó a los invasores, interesados en concluir la guerra y poder volver a su patria. Siguiendo los pasos de Prado, Piérola salió del país, después de haber renunciado al poder en los últimos días de 1881. Así, en la Lima ocupada por los chilenos, el gobierno de Piérola desconoció una asamblea de notables que había proclamado presidente provisorio a Francisco García Calderón, un prominente abogado, banquero y civilista. Su gobierno rehusó aceptar un tratado de paz que implicase la mutilación territorial de precisamente la parte que más interesaba a los negocios de su grupo: la provincia salitrera de Tarapacá. El ejército chileno acabó entonces con la 192
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