Neutralizar la comercialización del salitre del litoral boliviano de Antofagasta era fundamental para que el fisco peruano pudiera rentabilizar su recién formado estanco del salitre. Los yacimientos bolivianos eran explotados por empresas chilenas y europeas, entre las que destacaba la Compañía de Salitres y Ferrocarril, cuyos accionistas ocupaban puestos claves del gobierno chileno. La Compañía Nacional de Salitres del Perú procuró hacerse presente en los yacimientos de Antofagasta, con la intención de ir desplazando a las empresas rivales. Para ello fue importante la colaboración de Juan Meiggs, hermano del constructor de ferrocarriles, quien se presentaba a las periódicas licitaciones que de los yacimientos hacía el gobierno boliviano, y una vez que las ganaba, transfería sus derechos a la compañía peruana. De esta guisa, usando los mecanismos permitidos por las leyes, el fisco peruano podría haber terminado controlando la oferta total del salitre, como en su día lo hizo con la del guano. Tal vez era el premio que cobraría el Perú por su protección militar al país hermano. El decreto de los diez centavos alteró súbitamente el panorama en Antofagasta. Las compañías chilenas protestaron por la violación del acuerdo de estabilidad tributaria, que el gobierno de Daza consideraba que no aplicaba en este caso por una cuestión de fechas de los contratos. Recién cuando, en las postrimerías de 1878 e inicios de 1879, el gobierno de Chile mostró que estaba dispuesto a respaldar, por la vía armada, a sus empresas, se prendió la luz de alarma en la política peruana. Ahora pareció claro que el desacuerdo entre un gobierno nacional y unas empresas podía terminar en una guerra internacional. Tales eran los riesgos de dejar entrar a empresarios foráneos en la economía. Traían capitales y moderna tecnología, pero también elevados riesgos, ya que protestaban a cada momento por disposiciones oficiales que los empresarios nativos aceptaban con resignación o trataban de desviar de otro modo. Las amenazas de llevar la queja a su embajada eran frecuentes entre los empresarios extranjeros y podían resultar efectivas para intimidar a las autoridades locales. La rápida ocupación de Antofagasta por el ejército chileno cogió por sorpresa al gobierno peruano, que al comienzo intentó ganar tiempo enviando a Santiago al diplomático José Antonio de Lavalle con las instrucciones de conseguir la desocupación del litoral de Antofagasta por el ejército chileno y ofrecer los servicios del Perú como mediador en el conflicto. Desenvainando el tratado de 1873 (que aunque formalmente era 174
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