el sueño acariciado por todas las poblaciones del interior, ya que los acercaba un peldaño más a la cabeza de donde dimanaban el poder y los recursos. Los líderes locales o diputados que lo conseguían ganaban el agradecimiento eterno de los lugareños. Las funciones de las autoridades políticas locales consistían en mantener el orden público y hacer cumplir las leyes nacionales en el territorio bajo su mando. Para ello contaban con una fuerza de gendarmería y con el apoyo de las fuerzas militares acantonadas en su jurisdicción. Para facilitar esto último la república mantuvo la práctica de aprovechar a los oficiales del ejército en el rol de autoridades locales. Así les sería más fácil coordinar el apoyo de las tropas, y el Estado se ahorraría un sueldo, dándoles a los jefes militares una ocupación útil en tiempos de paz. A lo largo del siglo XIX, hasta que se constituyeron los concejos departamentales en 1873, no hubo en los departamentos y provincias ninguna autoridad elegida que pudiera competir con el prefecto o el subprefecto. Existían las autoridades municipales, las judiciales y las eclesiásticas, pero en la situación de pobreza fiscal que caracterizó las primeras décadas de la república, las únicas autoridades con algún tipo de recursos fueron las nombradas por el Poder Ejecutivo. Los impuestos recaudados por el municipio dependían generalmente del comercio de víveres; en la medida que este solo se avivaba en las grandes ciudades y no siempre discurría por canales monetarios, las finanzas municipales solían ser magras. La Iglesia había sufrido su identificación con el poder peninsular durante la guerra de la independencia, por cuya causa perdió a buena parte de sus miembros por emigración o expulsión. Durante su gobierno en el Perú (1823-1826), Simón Bolívar aprovechó en expropiarles tierras y edificios, con el pretexto de que como eran tan pocos, ya no los necesitaban, por lo que se trataba de una institución debilitada. Prefectos y subprefectos pasaron a ser así la primera autoridad departamental y provincial, respectivamente. Sea que se quisiera abrir un negocio, emprender una obra, conseguir animales para un viaje, o hacer cumplir un mandato judicial, con quien había que conversar, como lo anotaron los viajeros que recorrieron el Perú a lo largo del siglo XIX, era con el prefecto o el subprefecto. La pobreza de rentas de los municipios, y su propia desorganización, hicieron de los alcaldes figuras pálidas frente a los prefectos. Algo similar ocurrió con los jueces de las cortes superiores. En teoría estas debían existir en todas las capitales departamentales (mientras en cada capital 62
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