XVIII, elevaron el tributo que pagaban los indios al rey a modo de capitación (el famoso «tributo indígena), al mismo tiempo que se les gravó con nuevos impuestos de los que antes habían estado exentos, tales como la alcabala (que gravaba la compraventa de productos, al modo del IGV de nuestros días) o el derecho sobre el aguardiente. A cambio se les abrieron las puertas a la titularidad de minas, a los puestos en el ejército y a algunos otros destinos eclesiásticos y civiles que antes habían tenido proscritos, pero lo real era que, al menos de momento, muy pocos disfrutaban de los nuevos beneficios y en cambio casi a todos afectaban las nuevas cargas. Pero si tenían motivos para el descontento, dispersos como vivían en pequeñas aldeas y haciendas en el campo, les era complicado coordinar y unirse para una gran revolución. El final de Túpac Amaru, en todo caso, los había, comprensiblemente, intimidado. El virreinato peruano podía considerarse entre todos los dominios españoles en América como uno de los más conservadores políticamente y, por lo mismo, de un sentimiento fidelista vigoroso. Su élite de criollos, que por su preeminencia social era el grupo que podía tener el liderazgo para encabezar una revolución, requería la figura del rey como garante de sus privilegios. Una sociedad tan variopinta solo podía estar soldada por un poder superior y externo a ella, como eran la monarquía española y la Iglesia católica. A pesar de su lejanía, o quizá por ello mismo, las figuras del rey y de la iglesia gozaban de gran respeto entre los indios y entre toda la población virreinal; funcionaban, por tanto, como referentes de unidad para una población que guardaba pocos vínculos de solidaridad entre sus distintos segmentos. LA REVOLUCIÓN HISPÁNICA La situación del Perú era más o menos similar en el resto de dominios españoles, sobre todo en aquellos constituidos más temprano y donde existía una población indígena densa. Una revolución solo podía provenir de una crisis estallada en la propia cabeza del imperio, que fue como efectivamente sucedió, al caer los reyes de España (el abdicante Carlos IV y su hijo y sucesor Fernando VII) prisioneros de Napoleón Bonaparte en la ciudad de Bayona, en el sur de Francia, en los últimos días de abril de 1808. El nuevo monarca impuesto por Napoleón, su hermano José Bonaparte, no fue aceptado por la población española. Los reyes basaban su legitimidad no solamente en la fuerza, sino sobre todo en la tradición, lo que hacía difícil improvisar un nuevo monarca. Los hombres de la 22
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