metales, los mineros no podían responder elásticamente a la mayor demanda, por falta de trabajadores. «Somos todos como Tántalo», exclamó en algún momento de mediados del siglo XIX un metalurgista francés en Cajamarca, evocando la figura del personaje de la mitología griega condenado al suplicio de ver desfilar ante sus ojos sabrosos manjares que no podía alcanzar con su boca. Los problemas con el enganche tuvieron en verdad que ver con los abusos a que se prestaba la poca claridad de los contratos y la poca información que los contratantes tenían de aquello a lo que se comprometían. El intermediario o enganchador procuraba conseguir la mayor cantidad de operarios, puesto que cobraba una prima por cada trabajador que conducía al campamento. Exageraba las bondades del trabajo en las minas y no mencionaba sus peligros o aspectos poco atractivos (como el frío, el aislamiento, la incomodidad de las viviendas o los altos precios de los víveres). Cuando el campesino acudía al asiento minero sufría con la disciplina y la rigidez de los horarios, así como con los peligros de trabajar en oscuros socavones arrastrando sacos de mineral o manipulando la pólvora. Desertaba del campamento al abrigo de la noche antes del vencimiento de su contrato, lo que provocaba pérdidas al empresario, que le había adelantado el salario. Con los trabajadores que dócilmente cumplían sus contratos, ocurría que el empresario no quería perderlo (un trabajador con experiencia valía oro puro en el Perú de esos días) y buscaba triquiñuelas legales y contables para prorrogar su contrato. Las quejas contra los enganchadores, o contra el propio sistema del enganche, plagaron la literatura social del siglo XIX y la primera mitad del XX, que fue hasta cuando se prolongó. Durante la década de 1820 la producción de plata, que había sido a lo largo del periodo colonial el principal (y casi único en el caso del mercado europeo) bien exportable del país, se hundió, a raíz del desorden provocado por las guerras de independencia (véase gráfico 2.1). En los dos decenios siguientes la producción se recuperó, pero sin alcanzar los niveles logrados en las postrimerías del siglo XVIII. La recuperación de la década de 1830 tuvo que ver con la rebaja del impuesto, de un 10% a un 3%, de su producto, que debían pagar los mineros al gobierno, así como con el compromiso que el gobierno asumió para la conclusión del socavón de Quiulacocha en Cerro de Pasco, retomando una de las prácticas del Estado colonial. La apertura de este socavón permitió desaguar muchas labores que yacían anegadas, lo que permitió el trabajo de un mayor número de 84
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