posibilidades que permitía la nueva tecnología de las comunicaciones y la organización arcaica de la economía nacional. En 1875, hostilizada por el gobierno de Manuel Pardo, la casa Dreyfus declaró que a partir del año siguiente ya no podría seguir cubriendo el servicio de la deuda peruana y alegó insuficientes ventas de guano y deudas que le tenía el gobierno del Perú por las remesas que había venido avanzándole. El gobierno declaró finalizado el acuerdo y se echó a la búsqueda de un nuevo contrato en el que la prioridad de pagos no la tuviesen los acreedores de la deuda, sino el tesoro nacional. En 1876 se firmó con este tenor en Londres, el «contrato Raphael» con la Peruvian Guano Company Limited, conformada por los señores Raphael e hijos, Carlos González Candamo y Arturo Heeren, para la venta de 1.9 millones de toneladas de guano. Pero en Europa la demanda por el guano decayó a raíz de la competencia del salitre, cierta baja en la calidad del fertilizante y los efectos de una crisis económica mundial iniciada hacia 1873 y que se prolongaría por veinte años. Otra de las formas como el gobierno de Pardo se propuso conjurar la crisis fiscal fue elevando algunos de los impuestos vigentes, como los de aduanas, para lo cual dictó un nuevo arancel en 1872, que elevó los derechos de internación a su máximo fiscalista (es decir, el punto en el que la entrada para el gobierno es la mayor). Curiosamente el nivel fiscalista en el Perú se alcanzaba con fuertes aranceles antes que con unos suaves, como suele ser la norma en los países de economía moderna y con riqueza mejor distribuida. Con el mismo ánimo, se descentralizaron las «contribuciones» fiscales (de predios rústicos y urbanos, patentes e industrias) y se las entregó en sus dos terceras partes a los concejos departamentales y provinciales constituidos en las capitales departamentales y provinciales de la república. Se creó además la «contribución de escuelas», una capitación o impuesto por cabeza que debían pagar todos los varones en edad económicamente activa, destinada al mantenimiento de las escuelas que organizarían los concejos. El experimento descentralista no resultó, por la desorganización de las élites locales, que juzgaron que las sumas por recaudar por concepto de contribuciones no valían las penurias y trabajos que debían pasar para cobrarlas. La contribución de escuelas, denunciada por los enemigos del gobierno como una restauración del tributo indígena, tampoco llegó a ser cobrada en sumas significativas. 166
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