2
Carlos Ramos Núñez (Arequipa, 1960) es magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, doctor en derecho y magíster en derecho civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor principal del Departamento de Derecho de la PUCP y profesor en el doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia y de la Academia Peruana del Derecho, y Miembro Corresponsal de la Real Academia de Historia de Madrid y la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Argentina. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California en Berkeley y es fundador del Institutuo Latinoamericano de Historia del Derecho, así como de diversas revistas académicas. Entre sus publicaciones destaca su monumental Historia del derecho civil peruano. Siglos XIX y XX, por la que ha recibido varias distinciones, entre ellas el Premio Internacional Ricardo Zorraquín Becú. Por su trayectoria intelectual y académica ha sido acreedor al Premio Bustamante de la Fuente. 3
Carlos Ramos Núñez LEY Y JUSTICIA EN EL ONCENIO DE LEGUÍA 4
Ley y justicia en el Oncenio de Leguía Carlos Ramos Núñez © Carlos Ramos Núñez, 2015 © Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015 Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú Teléfono: (51 1) 626-2650 Fax: (51 1) 626-2913 feditor@pucp.edu.pe www.fondoeditorial.pucp.edu.pe Imagen de carátula: Portada de Variedades, XV(602), 13 de setiembre de 1919 Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores. ISBN: 978-612-317-132-2 5
A la memoria de mis extintos amigos Juan Abugattás, Pedro Planas y David Colmenares, impregnados todos por el sino del Oncenio de Leguía 6
Somos así, una patria convulsiva y explosiva. Prisiones, porrazos, gritos y el Panóptico en actualidad palpitante. Lima sin estas cosas no es Lima. Son estos que ahora pasamos, los días rabiosamente peruanos, intensamente peruanos que extrañamos en otros momentos. Gastón Roger, La perspectiva diaria To study law is to study power Vilhelm Aubert 7
INTRODUCCIÓN Corría el año de 1997, Enrique Bernales Ballesteros, profesor del curso de Ciencia Política y Derecho Público en el Doctorado en Derecho de la Universidad Católica, propuso al pequeño grupo de docentes que seguía el programa un conjunto de temas. En su lista el único tema de carácter histórico aludía al Oncenio de Leguía. Aun cuando me interesaba abordar un tema del siglo diecinueve —que no asomaba en la relación alcanzada —, elegí esa etapa de nuestra historia republicana, pero para ocuparme de aspectos poco conocidos como la política legislativa y el control de la magistratura. Casi coincidentemente llevaba a cabo en ese entonces una investigación por encargo de la Fundación Canevaro sobre Ignacia Rodulfo viuda de Canevaro, la adinerada y generosa matrona limeña que constituyó con su fortuna una obra pía; más concretamente, una fundación para atender las necesidades de los desvalidos. El trabajo sobre doña Ignacia, quien falleció en 1923, me deparó la ocasión para reunir y fichar materiales en torno a ese periodo. Las revistas Variedades y Mundial, que pertenecieron a don Pedro Denegri Cornejo, cayeron en mis manos gracias a la desidia de su entonces propietario y a la adquisición de mi exalumno de la Universidad de Lima, Eduardo Sal y Rosas, quien, convertido en un furtivo colaborador, las rescató literalmente de la basura. Mi colección de Variedades y Mundial me sería útil también para otras investigaciones, como mi Historia del derecho civil peruano. Siglos XIX y XX. David Colmenares, un bibliófilo erudito del leguiismo, me sorprendió después con su abrumadora documentación sobre el Oncenio que, además de libros y revistas, incluía fotografías, cartas, papeles oficiales, volantes, películas y discos. Colmenares mismo, leguiista él (al punto que un retrato de Leguía presidía la entrada a su oficina), propició varios encuentros con Pedro Planas —antileguiista furibundo y autor de La República autocrática, en contraposición a la República aristocrática, a la que de algún modo procuraba reivindicar— y con Juan Abugattás, serio estudioso de la ciencia política con contenido histórico, a la sazón director del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Lima, interesado en el tema. Ni Colmenares ni Planas ni Abugattás nos acompañaban físicamente, pero en su momento contribuyeron, de un modo o de otro, en 8
la elaboración de este trabajo. Las conversaciones de sobremesa culminaron en la disertación de mi monografía en el marco de las actividades de nuestro Seminario de Historia del Derecho del Instituto Riva-Agüero, hoy Grupo Peruano de Historia del Derecho. Diversos compromisos académicos que se plasmaron en otras publicaciones retrasarían la culminación de este libro. En el entreacto, tanto David Colmenares como Pedro Planas, dos lúcidos exponentes de mi generación, fallecieron tempranamente. A ellos les seguiría Juan Abugattás. A la memoria de todos ellos dedico este trabajo. Debo agradecer, asimismo, a amigos y colegas interesados en la perspectiva histórico jurídica del Oncenio de Leguía, como Francisco Miranda Molina, magistrado y gran conocedor de la historia judicial del Perú; Jorge Zevallos-Quiñones Pita, bibliófilo y abogado; y Freddy Ronald Centurión Gonzáles, joven profesor de historia del derecho de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, entendido igualmente en este periodo de nuestra historia jurídica y política, por sus consejos y sugerencias. Debo agradecer también a mi asistente Sandra Gutierrez y a mi hija Daniela por su oportuna ayuda y su temprano (y espero constante, si ello la hace feliz) interés por la historia del derecho y de la justicia. * * * En el periodo que transcurre entre 1919 y 1930, conocido como el «Oncenio», se produjeron en el Perú un conjunto de cambios importantes en el ámbito económico, social y político que lo definirían como un proceso de modernización. El primer capítulo del libro, «La Patria Nueva: el entorno», se ocupa de este escenario histórico. El Estado y la sociedad civil peruanos, a partir de ese lapso, están revestidos de características que los diferenciarán de los rasgos que presentaba la República aristocrática bajo el civilismo. En el plano económico, sin aliviar su condición subordinada y periférica, el país reordena y consolida el aparato productivo. El desplazamiento de Inglaterra por los Estados Unidos en la dinámica de la economía mundial y la consiguiente sustitución de una dependencia manufacturera por una monetaria, repercuten en el Perú. La exportación en gran escala del capital americano, que buscaba ansiosamente el establecimiento de nuevos mercados financieros, a la vez que trae consigo una readecuación de la dependencia —vinculando estrechamente al modesto aparato productivo con una economía cada vez más internacionalizada—, agilizará el movimiento económico interno y 9
posibilitará materialmente la puesta en marcha de un ambicioso programa de obras públicas y una enérgica reforma del Estado y de la sociedad. Concretamente, este proceso de modernización se evidenciará a través del inusual crecimiento físico y saneamiento ambiental de las ciudades, de ambiciosos planes agrícolas y de la acelerada construcción de carreteras y tendido de ferrocarriles, así como por el gradual establecimiento de nuevos patrones morales que genera un importante cambio en las mentalidades. El espíritu de competencia y el afán de lucro se intensificaron, como también la evaluación crematística. No se hablaba sino del «cuánto», sin preguntar el «cómo». Se popularizó el hábito de buscar dinero y solo dinero. En ese sentido, como ha dicho Luis Alberto Sánchez, el leguiismo no solo adquirió valor político, sino que implantó un nuevo modo de convivir1. La modernización de la sociedad y del Estado peruano que se opera bajo el gobierno de Leguía está signada, sin embargo, por un marcado autoritarismo del sistema político, que transgrede sistemática y calculadamente al orden constitucional, incluso a la propia legalidad instituida por el régimen; desobedece los mandatos judiciales; aprehende y destierra a sus opositores; menosprecia el consenso; premia lealtades y condena la disensión2. Las mismas transformaciones, que los empréstitos cuantiosos canalizan, se llevan a cabo verticalmente, merced a la iniciativa y por obra y gracia del Estado, de arriba hacia abajo, desde el aparato de gobierno hacia la sociedad civil. El autoritarismo no reposa solo en un sistema político que se resiente con el Estado de derecho, sino también en la ideología o, mejor dicho, en la mentalidad que irradia el leguiismo. No se trata en sí de una ideología con alto grado de articulación simbólica y conceptual; se trata, más bien, de una visión autoritaria simple y práctica dotada de un modesto nivel de elaboración. De esta manera, modernización y autoritarismo se encuentran estrechamente interrelacionados. No podría comprenderse la naturaleza política e institucional del leguiismo sin abrazar la presencia casi inevitable de estas dos variables. Preferiríamos que tales términos, antes que definirse de antemano, en un capítulo aparte, emerjan funcionalmente a lo largo del trabajo. Una herramienta esencial de la modernización autoritaria impuesta por Leguía es el derecho, que asoma como el instrumento institucional del cambio que promueve el Estado, particularmente en tres ámbitos que nos interesa examinar: a) la política legislativa, esto es, la orientación de la 10
producción legal que el régimen auspiciaba durante sus once años de vigencia; b) la convocatoria y movilización de juristas que consienten en ofrecer su colaboración técnica (y, muchas veces, política) al leguiismo y al proceso de modernización que este encarna; y c) la relación de resistencia y de paulatina subordinación del Poder Judicial y de la magistratura frente al poder político. El presente estudio busca entonces conocer el papel que cumple el derecho en el proceso de modernización autoritaria alentado en el Perú desde 1919 por Augusto Bernardino Leguía. Las propias variables empleadas en el presente trabajo, modernización y autoritarismo, intentan ser confirmadas ya no a través de los tópicos usuales de la ciencia política y la historia, sino mediante la constatación del uso y el abuso que hizo el régimen leguiista del ordenamiento legal. En efecto, si se prescindiese de un análisis de la elaboración normativa y del comportamiento real de los agentes legales (jueces y abogados), difícilmente lograría captarse el carácter integral de las reformas y solo se describirían externamente los cambios experimentados. El tránsito del control político de la aristocracia civilista a manos de los sectores medios emergentes; la profesionalización de la burocracia, la policía y el ejército; la expansión del sufragio; la ampliación de la participación política y de la base social que sustentaba al régimen; el aumento de la capacidad de las autoridades para dirigir los negocios públicos, controlar las tensiones sociales y afrontar las imperiosas demandas de los miembros del sistema, no podrían ser explicados satisfactoriamente, sino solo insuficientemente descritos, sin ensayar un examen de la producción legislativa del Oncenio. El segundo capítulo, «Once años de política legislativa: entre modernización y autoritarismo», procura examinar la vasta normativa generada deteniéndose, ya sea en el análisis de aquellas leyes o decretos que encierran específicamente, tanto en el sistema normativo como en el contexto de la época, un alto grado de expectativa social o institucional — a saber, las reformas constitucionales, las leyes de conscripción vial, vagancia, reelección presidencial, legislación laboral de empleados de comercio y dación de los grandes códigos como el de Procedimientos Penales de 1920, el Penal de 1924 y la crucial formación de un Código Civil de gran factura técnica—, ya sea escudriñando ciertos conjuntos normativos como los que promocionan el crecimiento del Estado, la reforma de la educación, la profesionalización de la administración pública, la policía y las fuerzas armadas; o revelando los mecanismos 11
legales que postulan un control más enérgico y eficiente de la ciudadanía y sus costumbres a través de la reglamentación del hábeas corpus, la prohibición del divorcio absoluto, el reconocimiento con inscripción previa de las comunidades indígenas y el refinamiento de la legislación penal. La política legislativa del leguiismo, no obstante la buena dosis de modernidad que lleva impresa, no se sustrae a defectos de técnica legislativa que se resiente con los modelos de legislación más avanzada. La generalidad de las normas, que debiera ser el vehículo más adecuado de asignación de recursos, cede muy a menudo ante el casuísmo arbitrario. Leyes que debieran tener alcance general erga omnes se confunden en un mar de dispositivos dados para destinatarios con nombre y apellido. Así, junto a una ley que contiene un respetable código, se halla otra que aumenta el sueldo a un escribano u otorga montepío a una viuda. Por lo tanto, no basta incidir en aquellos aspectos que ilustran la modernización, sino también es preciso reparar en las contradicciones, incoherencias y retornos que dicho proceso presenta. Por otra parte, el andamiaje jurídico de la época no nos interesa por sus virtudes y defectos intrínsecos, cuya evaluación y exégesis confiamos a la dogmática jurídica. En realidad, el repertorio legal del leguiismo nos interesa, más allá de sus bondades y limitaciones técnicas, como escenario histórico de tensiones sociales y como un instrumento tangible del poder dictatorial. Una visión crítica y política del sistema jurídico está en la base de nuestro estudio. El derecho no es un instrumento neutral si no es políticamente orientado por legisladores, litigantes y usuarios3. «Magistratura y gobierno: una relación difícil», el tercer capítulo, procura dar cuenta de las relaciones de poder que durante la época de Leguía asociaban a quienes detentaban efectivamente la fuerza coercitiva del Estado con la siempre frágil judicatura peruana. Contra lo que puede pensarse, no se trataba de un puro y simple enlace de subordinación más o menos mecánico. Tras los ceremoniosos discursos y los encomiásticos oficios se oculta en realidad una compleja y dramática trama que este trabajo pretende revelar. Los jueces, especialmente los vocales de la Corte Suprema, luchan por no perder una alícuota de poder. El ascenso de Leguía, la quiebra de la constitucionalidad y la instalación de un nuevo orden legal constituyen acontecimientos que van a afectar sensiblemente a la magistratura, que pasa de una valiente resistencia corporativa a una gradual adaptación al nuevo statu quo del leguiismo. 12
El gobierno, por otra parte, aprovechará el sistema de designación judicial consagrado en la Constitución de 1920 (invariable en este extremo desde la Constitución de 1860) para hacer uso de la práctica del clientelismo, nombrando inequívocamente como jueces y fiscales a personajes de su entorno. Así, los «recién llegados» pasan del anonimato a la magistratura. Con la emergencia de las clases medias el rígido e impermeable estamento judicial se democratiza, un aire mesocrático comienza a entronizarse en su interior. Por otro lado, a pesar del talento precario que en términos de poder exhibe la magistratura del Oncenio, acusa todavía una considerable influencia y, a nivel de la representación colectiva, proyecta aún prestancia señorial. El Poder Judicial había sido durante el ochocientos y las dos primeras décadas del siglo veinte un coto cerrado de las clases altas. Apellidos ilustres, abolengo profesional, prestigio público, conservadurismo y un cierto espíritu de independencia serían sus notas distintivas. En épocas de crisis política, el presidente de la Corte Suprema se había convertido en un Cincinatto criollo, pues era convocado por los otros poderes del Estado a ocupar provisionalmente el sillón presidencial. Incluso el peliagudo asunto de la jurisdicción electoral atravesaría su mejor época cuando se puso en manos de los vocales supremos, en virtud a la Ley 1777, de 16 de diciembre de 1912, el control de la validez de los procesos electorales impugnados. Los fallos de las elecciones entre 1913 y 1917 honraban a quienes las firmaron. Gozaba entonces el más alto tribunal de justicia de un prestigio indiscutible. La relativa prestancia de la magistratura que precedió al Oncenio se graficaría en el desenlace de numerosos conflictos con el poder político. Cuando se instala el gobierno de la Patria Nueva, cuya clientela política descansaba esencialmente en los sectores medios, habrá de producirse un cambio importante en la composición social de la magistratura. Los jueces del Oncenio tenían más bien un rostro mestizo y provinciano. Su misma precariedad de medios tanto como su proximidad política con el régimen, probablemente los hacía más maleables. Pero si la estructura sociológica del Poder Judicial sufrió alteraciones, semejante modificación pudo haber producido un espíritu nuevo y hasta una suerte de desmomificación del estilo y de la mentalidad tradicional. Lamentablemente, la exigencia gubernativa para que la judicatura se plegase a sus programas y el copamiento político hicieron inviable esa saludable transición. 13
No obstante la incorporación de nuevos agentes sociales al Poder Judicial, que supuestamente pudo haber subrayado los derechos de los más débiles, la jurisprudencia en torno a la Ley del Empleado, los accidentes de trabajo, el arbitraje y el divorcio, se manifestaba restrictiva de los derechos proclamados por la legislación. Si en los accidentes de trabajo no había necesidad de probar la culpa para determinar la responsabilidad objetiva del empleador y asignar así una indemnización, la jurisprudencia interpretaría que era preciso encontrar a un culpable; mientras la ley garantizaba la compensación por tiempo de servicios, la jurisprudencia casi siempre la eliminaba o la reducía; si la ley determinaba las causales de divorcio, los jueces la tornaban inviable. El cuidado que tuvo la dictadura leguiista, a pesar de la tensión del conflicto, en no despedir a jueces y fiscales, grafica elocuentemente la respetabilidad con la que se hallaba investido este poder del Estado. Sin embargo, el régimen autoritario no tardaría en colisionar con la magistratura. El motivo: la admisión por parte de la judicatura de las acciones de hábeas corpus interpuestas por extranjeros de moral dudosa, pero sobre todo por los partidarios del gobierno depuesto, con el propósito de lograr su liberación o autorizar su retorno. El análisis de esta casuística resulta crucial para conocer el nivel de independencia judicial. Eso es lo que se ha hecho mediante el empleo de los casos judiciales que se encontraban en el Archivo General de la Nación (AGN), pero también insertos en la prensa de la época. En sus inicios, el conflicto se hallaba planteado en el terreno básicamente legal. Leguía, después del golpe de Estado que lo llevó al poder el 4 de julio de 1919, a contrapelo de una práctica que ha signado la historia judicial del país, no destituyó a ningún vocal de la Corte Suprema y ni siquiera al más modesto de los agentes judiciales. Esto constituye un caso curioso si se repara en que numerosos magistrados habían sido designados bajo el imperio de gobiernos contrarios al leguiismo y si se considera que, al justificarse el asalto al Palacio de Gobierno, se adujo que con la sistemática declaratoria de nulidad de los votos practicada por la Corte Suprema —que ejercía entonces la jurisdicción electoral— se cerraría el paso a las aspiraciones presidenciales de Leguía, vencedor en las elecciones de 20 de mayo4. Se trata igualmente de comprender la actuación política de un segmento intelectual importantísimo: los jurisconsultos. Max Weber no vacilaba en afirmar la existencia sociológica más o menos autónoma de este grupo 14
social, destacando su contribución decisiva en el diseño del Estado moderno5. El interés por conocer la dinámica de su acción social se acrecienta tratándose del leguiismo, que justamente urdió diversos medios para comprometer su apoyo en el proceso de modernización autoritaria que patrocinaba. Resulta pertinente por ello absolver ciertas preguntas: ¿quiénes eran y de qué estratos procedían estos juristas? ¿Qué pensaban del nuevo orden legal? ¿Cómo se comportaban frente al leguiismo? ¿Cómo logró Leguía reclutarlos y movilizarlos en su proyecto de Patria Nueva? ¿Cuál era el grado y hasta dónde llegaba su independencia política? ¿Fue su colaboración asépticamente tecnócrata? ¿Cómo instrumentaba el régimen su participación? ¿Constituían realmente una élite con un sentido de misión? El cuarto y último capítulo, «El hábeas corpus bajo el volcán», consiste en una suerte de reporte de los numerosos casos judiciales en los que se empleó esta valiosa figura jurídica. Se trata de un calificado instrumento de medición de la independencia judicial. Se ha mezclado en cuanto a las fuentes el aprovechamiento del mejor coto de caza del historiador del derecho: los repositorios judiciales, sobre todo de materiales que se encuentran en el Archivo General de la Nación y en el Archivo de la Corte Suprema; pero también diarios y revistas, en especial La Prensa, que ofrecía información minuciosa del trámite de estas acciones de garantía. También es un modo de tomar el pulso al respeto de la constitucionalidad, esto es, a la subordinación de la ley, los actos y los reglamentos a la Constitución. Finalmente, el trabajo quiere convertirse en un espacio de encuentro de dos disciplinas que en el Perú han marchado por carriles distintos: la ciencia política y la historia del derecho. A la primera bien pudo habérsele reprochado la carencia de evidencias empíricas, sobre todo de fuentes directas, que convaliden con rigor su desarrollo teórico; la segunda, después de haberse librado de un institucionalismo atemporal, estático y legalista, y tras haber abrazado resueltamente la historia social, requería explicar políticamente la praxis de sus actores: jueces, abogados, litigantes, legisladores y juristas. El Oncenio de Leguía es más que un pretexto para intentar una benéfica conciliación entre las mismas y una estupenda oportunidad para no olvidar que el derecho y el poder se explican y se juzgan mutuamente. 15
Retrato del presidente Augusto B. Leguía Salcedo, tomada en 1929. Fuente: Repositorio Institucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1 Sánchez, Luis Alberto (1969). Testimonio personal (I, p. 281). Lima: Villasán. 2 Norberto Bobbio y Nicola Matteucci han destacado tres contextos en la definición del autoritarismo, a saber: a) la estructura autoritaria del sistema político; b) los rasgos psicológicos del líder; y c) el autoritarismo de matriz ideológica, asociado 16
preferentemente con el conservadurismo. Sin duda, el autoritarismo profesado por Leguía se inscribiría en una estructura preexistente —que fue tolerada durante el Oncenio— y en la propia configuración del personaje. Véase Bobbio, Norberto & Nicola Matteucci (1982). Diccionario de Política (I, pp. 143-155). 2da edición. Madrid: Siglo XXI. 3 Horwitz, Morton (1992). The Transformation of American Law, 1870-1960. The Crisis of Legal Orthodoxy. Nueva York-Londres: Oxford University Press. También, para América Latina y recientemente, Ramos Núñez, Carlos (2013). Derecho, tiempo e historia. Lima: Legisprudencia.pe. 4 El propio Leguía, en su discurso el 24 de setiembre de 1919, declamado al inaugurar la Asamblea Nacional, aseguró: «El voto de mayo, a pesar de los obstáculos ofrecidos por el poder, brindáronme en las ánforas eleccionarias la consagración del mandato popular. Pero quienes de largo tiempo atrás habiándose imaginado ser los dueños del Perú, prefirieron antes que resignarse a la renovación política que el querer nacional les marcaba, tratar de desconocerlo y atropellarlo». Véase Leguía, Augusto B. (1925d). Discursos y mensajes del presidente Leguía (II, p. 160). Lima: Garcilaso. 5 Weber, Max (1964). Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva (II, pp. 1060-1061). México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 17
LA PATRIA NUEVA: EL ENTORNO –¡Viva la Patria Nueva! –¡Que viva...! –¡Que viva...! [...] –Este se los gana a todos. Es un demagogo formidable. –¿Y por qué no va a ser sincero? Eso de la Patria Nueva está muy bien. Estamos hartos de los señorones, de los cogotudos, de los civilistas. Luis Alberto Sánchez, Los señores. Relato esperpento (Lima, 1983) Oigo decir que mi Gobierno ha hecho labor de provecho. Quiero creerlo porque trabajé con amor y sinceridad; pero lo hecho es nada ante lo que debemos hacer. Y como es ley de la historia que los pueblos subsistan mientras que los hombres perecen, ya no seré yo, quizá el obrero perseverante de esos trabajos. Augusto B. Leguía, «Discurso pronunciado en la Universidad de San Marcos» (30 de mayo de 1928) Tal como sucedió tres décadas antes con otro expresidente en el exilio —el jurista arequipeño Francisco García Calderón—, en los primeros días de febrero de 1919 Lima se aprestaba a recibir en triunfo al candidato del reformismo, que llegaba procedente de Liverpool a bordo de un pequeño paquebote inglés tras una estancia de seis años en Europa. En Panamá un grupo de peruanos le había dado el alcance, mientras que en los puertos norteños de Paita, Eten y Salaverry lo esperaban gruesas comitivas6. Entre tanto, en el Callao, la alborotada ciudadanía dudaba sobre si trasladar al caudillo en un bote impulsado por doce remeros o —más a tono con los tiempos nuevos— conducirlo al muelle en una moderna y democrática lancha a motor. La distancia del Callao a Lima sería cubierta, eso sí, en ferrocarril, la locomotora ornada con banderas peruanas. Se modificó la vía del tren para que el viaje culminase simbólicamente, no en la Estación de Desamparados, sino frente al monumento a la victoria de 2 de mayo, donde el recién llegado tomaría un automóvil descapotable hasta su residencia de la calle de Pando. Así, el 9 de febrero de 1919, la multitud 18
contempló otra vez a don Augusto Bernardino Leguía, un hombrecillo de mirada inquieta, vestido de oscuro y peinado con raya y dos pabellones sobre la frente7. En un breve mensaje, improvisado ante la columna de 2 de mayo, el ahora candidato de la oposición, Leguía, anunciaría el fin de la plutocracia civilista, la moralización del país, la recuperación de Tacna, Arica y Tarapacá, la reducción del costo de vida y el abaratamiento de la vivienda popular8. El ánimo reformista era evidente. En la tarde de 9 de febrero, en otro discurso, desde el balcón del Club de La Unión, Leguía manifiesta a sus seguidores: Se os ha pretendido exhibir como un pueblo desprovisto de patriotismo y en decadencia, pero aquí estoy yo para trabajar incansablemente hasta demostrar no solo a la América, sino al mundo entero que el Perú es un pueblo de patriotas, y trataré de dar solución a los grandes problemas nacionales, tanto internos como externos, sin menoscabo de la dignidad del país, y haré que se reconozca el derecho y la justicia que nos asiste para reclamar lo que en días de decadencia nacional se nos arrebató9. Y añadiría con energía, como si recordara el Día del Carácter, como se llamaba a la fecha que salvó del secuestro (el 29 de mayo de 1909) que le impusieron los temperamentales hijos de Piérola: Estoy resuelto a hacer la felicidad del pueblo y con este objeto echaré las bases que permitan el desenvolvimiento de la vida nacional. Posiblemente tropiece con grandes obstáculos, pero mi resolución es inquebrantable cualesquiera sean los sacrificios que requieran su realización. No es fácil poner en práctica los grandes ideales, pero la situación actual requiere toda energía y todo civismo10. Detrás de los excesos retóricos, un augurio asomaba al final de la alocución: «nada ni nadie —advertía el futuro gobernante— podrá detenerme en el camino que voy a seguir para hacer la felicidad del país». Unos días más tarde, el 19 de febrero, en el crucial «discurso programa» que pronunció en el restorán del Parque Zoológico durante la celebración de su onomástico, Leguía se referiría a la «responsabilidad enorme que pesa sobre mis hombros en esta hora decisiva para el Perú». Desfilaban entre los puntos del programa la solución justa, digna y definitiva del «magno problema internacional» de Tacna y Arica; la reforma de la Constitución y del Poder Legislativo; el fortalecimiento de la autonomía municipal y regional; el impulso a la agricultura y mejores condiciones de habitación, alimentación y vestido para obreros y empleados11. Incluso 19
insinuaba la posibilidad de dotar al Estado de «atribuciones bastantes para llegar hasta la socialización de ciertos servicios, si ello fuera indispensable para abaratar la vida». «No me deis país rico con gente pobre», exclamó Leguía, antes de concluir con la invocación a formar un gran partido nacional, «que destruya los antiguos vínculos y compromisos personales». El programa debió captar inmediatamente el apoyo ciudadano, en tanto crecía el descontento frente al gobierno civilista. A mediados de marzo de 1919, el editorialista de Variedades reconocía irónico: La fuerza política del señor Leguía ha tomado mucho cuerpo: sus promesas de hacer un maravilloso gobierno, sus planes de saneamiento moral, de renovación de métodos, de enérgica orientación patriótica en el orden internacional, y tantas ofertas más, han prendido en la voluntad de los pueblos, y como a estas alturas ya sería muy difícil que nos saliera otro señor abnegado que levantara como bandera otro programa estupendo y seductor, no vemos cómo podría complicársele el éxito al señor Leguía12. Los hechos se sucedieron con rapidez. Mientras en la Corte Suprema se ventilaban más de treinta demandas parciales de nulidad relativas a las elecciones de mayo, un paro general era convocado hacia fines del mismo mes por anarquistas y estudiantes. Finalmente, en la madrugada de 4 de julio de 1919, el presidente José Pardo era derrocado bajo el cargo de pretender influir en la decisión de la Corte Suprema y Leguía quedaba instalado como presidente provisional. A nadie extrañó que la conformación de un nuevo Parlamento y una reforma constitucional fuesen las primeras medidas adoptadas por el nuevo régimen. El 12 de octubre de 1919, con una nueva Constitución, Leguía presta juramento ante la Asamblea Nacional como presidente constitucional del Perú por un periodo de cinco años que concluiría el 12 de octubre de 1924, merced a lo señalado por la Ley 400113. En su mensaje a la Cámara, Leguía reiteraba las promesas de un gobierno «perseverante, laborioso y honrado» que, con paz y orden, «harán segura y prontamente de nuestra Patria una de las más prósperas del Continente»14. La democratización del país y la acrimonia contra los «métodos caducos» de la política serían divulgadas a partir de entonces por la propaganda oficial como algunas de sus principales banderas15. Se inauguraba así formalmente la Patria Nueva y, con ella, el largo Oncenio leguiista. La experiencia política de Leguía, que se remonta a su actuación civilista como ministro de Hacienda en la época del primer gobierno de José Pardo 20
y que se consolida durante su agitado primer mandato presidencial (19081913), lo había alertado sobre la necesidad de llevar a cabo cambios sustanciales en lo que sería su segunda y más larga conducción de las riendas del país. El modelo oligárquico y excluyente postulado por el civilismo de la República aristocrática a los ojos de un hombre de ideas modernas resultaba agotado. La extracción social de Leguía y la misma naturaleza de las actividades económicas que le daban sustento cumplieron, a su vez, un papel fundamental en la elaboración de su programa alternativo. En efecto, no obstante que Leguía tenía una vieja militancia en el Partido Civil, organización a la que debió su emergencia en la escena política, estaba lejos de pertenecer a la flor y nata de la oligarquía nacional. Descendiente de inmigrantes vascos, Augusto Bernardino Leguía Salcedo había nacido en Lambayeque el 19 de febrero de 1863. Su origen provinciano, sus tamizadas raíces mestizas, la carencia de una red de relaciones sociales usualmente tramada desde la infancia y juventud (recordemos que se formó en Lambayeque y en Valparaíso, no en Lima) y su condición subordinada de empleado de seguros lo distanciaban —a pesar de su éxito social como clubman y de su afortunado matrimonio con doña Julia Swayne y Mariátegui— del exclusivo núcleo del civilismo y lo asociaban, en cambio, con el típico self made man. Incluso un biógrafo acomedido, René Hooper, admite que en los círculos oligárquicos el gobernante «era considerado un hombre nuevo, que carecía de abolengo, y no era de los suyos»16. En efecto, aun cuando bajo el Oncenio los cronistas áulicos se esforzaran por rastrear el origen señorial del presidente, Leguía representaba más bien a un sector medio que a merced de trabajo (y especulación) logra hacerse de una posición social ventajosa. A diferencia de la mentalidad aristocrática rentista, la psicología de Leguía era la de un hombre de negocios. El civilista genuino era el señorón, mientras que Leguía era el eficiente mayordomo. De empleado de agencias de seguros y segundo del civilismo alcanza un estatus respetable merced al talento y la audacia. Sus propios éxitos y fracasos lo diferencian de la tranquila bonanza de los mayores exponentes del civilismo. Leguía transita de la modestia decorosa a la prosperidad, pero recorre también el camino inverso. Iniciado como secretario comercial de Prevost y Cía., el joven Leguía pasa a trabajar poco después como cajero y contador de la empresa Caucato. Luego, con Carlos Leguía, se dedica a exportar azúcar, arroz y cuero. Posteriormente, desarrolla una rápida carrera como agente 21
de seguros de la New York Life Insurance Company. Con la ayuda de otros socios constituye la Sudamericana de Seguros (1895) y, en sociedad con Manuel Candamo y José Pardo, funda la Compañía de Seguros Rímac (1896). Incursiona también en negocios específicos como la importación de mano de obra japonesa (1899), la administración de los fundos agrícolas de sus parientes políticos, los Swayne, y la explotación de una concesión en la selva. Asume, asimismo, cargos directivos en la British Sugar Company, la hacienda San José de Chincha, el Banco Internacional del Perú y en la Sociedad Nacional de Agricultura. La inestabilidad y los golpes de suerte e infortunio marcan su existencia. La movilidad social que tira hacia arriba y lo atrae hacia abajo constituye un ir y venir del que no puede escamotearse y que inevitablemente lo acompañará tanto en su actividad comercial y de negocios, a veces tan infructífera y osada, como en su carrera política. Leguía, por otra parte, tenía razones para aborrecer, en el plano político, al civilismo. Su primer gobierno estuvo sitiado por una terrible oposición que, paradójicamente, procedía de su propio partido y de la encarnizada facción «bloquista» constituida en el Parlamento por Antonio Miró Quesada (presidente de la Cámara de Diputados y propietario de El Comercio), José Matías Manzanilla, Elías Mujica y Carassa y Francisco Tudela y Varela17. Si el 29 de mayo de 1909 —fecha recordada más tarde, en la ideología del Oncenio, como «El Día del Carácter»— fue sacado de Palacio y conducido a empellones por un grupo pierolista por las calles de Lima, si el civilismo desde el Congreso y la Junta Electoral Nacional se batió para prorrogar el mandato parlamentario y librarse del ministro Melitón Porras, y si en 1913 el propio Leguía sufrió el incendio de su casa y padeció después un largo exilio de seis años, no cabe duda de que militaron también una serie de motivos personales para que se propusiera desplazar políticamente a los civilistas y fundar la Patria Nueva. Empero, Leguía, a pesar de todo, no termina de desprenderse de sus vinculaciones civilistas. No cercenó sus privilegios sociales o económicos a las familias prominentes, e incluso algunas se beneficiaron con el progreso material que su gobierno fomentó a expensas de los recursos fiscales. Por otra parte, era hacendado y exportador de algodón como varios de sus adversarios y llegó a tener parentesco y amistad con muchos de ellos. No acabó, pues, con la base económica del poder oligárquico: la gran propiedad agrícola de la costa y los bancos. En el plano económico, posiblemente el enfrentamiento más duro con la gran propiedad derivó del 22
esfuerzo gubernativo para reformar la distribución de aguas, a la que los grandes hacendados se oponían tenazmente, como se desprende de la lectura de La Vida Agrícola y, sobre todo, del Boletín de la Sociedad Nacional Agraria, en la creencia de que los derechos de propiedad comprendían inalienables derechos sobre las aguas18. Irónicamente, la base legal con la que se inicia la nueva distribución de aguas, la Ley 2674, se promulgó en el régimen de Pardo19. El régimen leguiista, sin embargo, daría una rigurosa aplicación a esa norma, especialmente cuando se trataba de golpear a sus enemigos políticos20. Al asumir el poder el 4 de julio de 1919 no concibió Leguía que el suyo fuese simplemente un gobierno que sucedía al de José Pardo, ni un cambio de turno o un relevo de posta más o menos usual en la historia del Perú republicano. Lo que buscaban Leguía y su séquito de colaboradores era una reforma sustancial del país, capaz de transformar la economía, la sociedad y el Estado21. Como lo sintetizara un exponente fiel del leguiismo, Mariano H. Cornejo, hacia las postrimerías del régimen: «Patria vieja y Patria Nueva no son dos frases de la retórica política, sino dos realidades que se oponen»22. Un documento propagandístico de la primera hora precisaba, sin ambigüedades, que el movimiento de 4 de julio «respondió a ideales perfectamente definidos de reacción democrática y al anhelo popular de establecer un régimen de progreso y de justicia en el país»23. Y añadía luego que «la revolución de 4 de julio fue un movimiento nacional esencialmente democrático, inspirado en la necesidad de implantar en la República diversas formas de orden constitucional»24. Así, la convocatoria a una Asamblea Nacional y el sometimiento de las reformas proyectadas a una consulta plebiscitaria, medidas con las que Leguía inauguraba la Patria Nueva, serían adoptadas «en la noble aspiración de realizar reformas constitucionales que implanten en el Perú la democracia efectiva»25. En cuanto al programa esgrimido por Leguía, este apuntaba inequívocamente a consolidar el aparato burocrático del Estado; fijar a cualquier precio las fronteras nacionales para asegurar la paz que reclamaba el desarrollo interno26; ampliar la base social que participaba del poder, concibiendo de este modo a la política como una práctica moderna; y extender las áreas de cultivo merced a las irrigaciones, de manera que la agricultura fuese también una actividad productiva de los sectores medios y no emporio exclusivo de la oligarquía. Además, 23
perseguía la incorporación del país a un nuevo circuito comercial presidido por los Estados Unidos ante el desplazamiento de Inglaterra del dominio mundial; un panamericanismo ingenuo que hacía de la potencia norteamericana un aliado potencial en los laudos arbitrales y las inversiones27; la inclusión compulsiva del indio en un esquema de civilización eurocéntrica y el aprovechamiento de su fuerza de trabajo en obras públicas, acompasados por un discurso paternalista y humanitario; la configuración de una sociedad burguesa moderna compenetrada con los valores pragmáticos del siglo veinte; la instalación de una meritocracia que asignase un lugar social no por los orígenes familiares sino por la acumulación monetaria basada en el trabajo; la conversión de la aristocracia en burguesía y el impulso a la movilidad ascendente de las clases medias; y la materialización física del progreso, patentizada en ferrocarriles, carreteras, obras de colonización, urbanización, pavimentación y saneamiento. Ciertamente las obras públicas emprendidas durante el Oncenio fueron algunas veces tan ficticias y circunstanciales que el comentario público y la maledicencia popular pudieron decir: La República prospera en cien años de nación una plaza de madera y un palacio de cartón28. Sin embargo, Leguía no emprendía las variaciones que su programa encerraba ateniéndose a la coyuntura, sino que ellas respondían a toda una plataforma política diseñada con anticipación. Posiblemente desde Manuel Pardo no se dotaba al Perú de un programa consciente de modernización de tal envergadura29. Aun una enconada adversaria del leguiismo, la indigenista Dora Mayer, estaría dispuesta a reconocer que el gobierno civilista de José Pardo pertenecía a la prehistoria política del Perú. Tras una durísima requisitoria, en la que acusa al gobernante de corrupto, de tirano y hasta de traidor a la patria por sus discutidos arreglos fronterizos, aparece un elogio explícito: con Leguía se abre un mundo nuevo30. Para Mayer, «Leguía había concebido un plan definido para forjar la patria que los peruanos deseaban ver florecer; una patria que les diera la ilusión de que el Perú fuese tan poderoso como Inglaterra, tan culto como Francia, tan emporio del arte como Italia»31. 24
El proyecto enarbolado por Leguía cautivó a los jóvenes anticivilistas, muchos de ellos provincianos de clase media al igual que el candidato. Una propuesta descentralista, la demagógica reivindicación del indio y la renovada composición social de las filas leguiistas no podrían dejar de seducirlos32. Una radiografía de aquellos segmentos que apoyan su candidatura y sostienen al gobierno en los años iniciales acusa esa fuerte presencia regional y pequeñoburguesa33. El apoyo recibido por Leguía del grupo de jóvenes aglutinados alrededor de la revista Germinal —entre los que se hallaban José Antonio Encinas, puneño; Hildebrando Castro Pozo, piurano; Escalante, cusqueño— grafica elocuentemente la identificación social de sus seguidores con el fundador de la Patria Nueva. Comparten la adhesión otros intelectuales radicales como Erasmo Roca, Carlos Doig y Lora, Juan B. Ugarte. El entusiasmo por su candidatura incluso es compartido por los más recalcitrantes — como el futuro dirigente del aprismo, Víctor Raúl Haya de la Torre, entonces presidente de la Federación Universitaria—, quienes hacia 1918 no vacilan en declararlo, a pesar de la falta absoluta de antecedentes académicos del nominado, con el pomposo título de «Maestro de la Juventud», dejando atrás a Manuel Vicente Villarán, catedrático de gran prestigio. Antes había sido galardonado con tal título Javier Prado y Ugarteche, rector de San Marcos. Adviértanse las diferencias que separaban a Prado, uno de los padres del positivismo filosófico en el Perú, y a un hombre de carácter pragmático y escasa formación académica como Leguía. Alrededor de Leguía no solo se aglutinan jóvenes provincianos más o menos radicales, también lo alienta una incipiente burguesía industrial cuyos intereses eran incompatibles con la oligarquía agroexportadora de la costa que integraba el civilismo. Personajes como Lauro Ángel Curletti y el ingeniero Charles W. Sutton figuran en su entorno influyendo sobre el presidente para llevar a cabo proyectos de salubridad y de irrigación de tierras, respectivamente. Los empleados públicos y de comercio, afincados en Lima y en las principales ciudades del país, cuyo número aumenta en las primeras décadas de este siglo, patrocinan igualmente al hombre de la Patria Nueva. La clase media capitalina y provinciana auspicia al leguiismo, crece y se consolida con este movimiento. Tras la figura de Leguía se erige un amplio abanico de clases medias hasta entonces ausentes, como grupo orgánico, de la política peruana34. 25
Posiblemente, la diferencia más nítida entre la República aristocrática y el Oncenio haya descansado en la asunción al poder de los segmentos medios. No sorprende, así, que luego tuviese Leguía que lidiar tanto con radicales cuanto con conservadores. Según el duro juicio de Dora Mayer, el presidente de la Patria Nueva «creó una plutocracia más vanamente presuntuosa de sus privilegios que la antigua jerarquía civilista, que siquiera poseyó una sólida ilustración y cierto respeto a su dignidad de alcurnia». Sostenía la indigenista que Leguía habría cambiado por completo el tono de la sociedad limeña: los nuevos ricos asomaban como «gente, por lo general, ensoberbecida de un enriquecimiento precoz; huérfana de cultura; ávida de frioleras costosas, ya que de placeres superiores del espíritu no sabía; ignorante de los principios de ética, que a la sazón en ninguna escuela se enseñaba»35. Juicio que comparte con un exponente conservador como Víctor Andrés Belaunde: «sectores ambiciosos de gente mediocre asumieron las posiciones que tenía la clase dirigente antigua y que por dignidad no se plegó al régimen»36. Los nuevos actores sociales como la burocracia gubernativa, los médicos, los militares de carrera, los oficiales de policía, los inmigrantes europeos, los pequeños agricultores favorecidos con la expansión agrícola y una distribución más racional de las aguas y los tecnócratas constituirían el sustento social del gobierno. Las estadísticas demográficas mostraban que las ocupaciones propias de la mesocracia habían crecido a un ritmo incluso mayor que el de la población en general, se hallaban distribuidas entre empleados, oficiales públicos, abogados, médicos, escritores, financistas y estudiantes de profesiones liberales. Es curioso constatar, en efecto, que mientras en los diarios del siglo diecinueve y comienzos del veinte predominan los avisos publicitarios de abogados y educadores, desde la época de Leguía serán los médicos quienes anuncien a través del periódico. Lo interesante no acaba allí, sino que empieza a advertirse la especialidad de cada profesional y el ingreso en el mercado de otras profesiones médicas como la odontología, la enfermería y la obstetricia. Con Leguía las clases medias hacen su ingreso en política y se advierte la completa identificación del gobernante con la psicología de la clase media ascendente que participa del poder. El Oncenio será, sin duda, el primer terraplén de sus ilusiones y desengaños. Durante el Oncenio, los sectores medios se entrenarán intensivamente en la práctica política y con ella en el arribismo y la audacia, menos comunes durante la República aristocrática, en la que el estatus y el poder estaban 26
definidos de antemano37. Previsiblemente, ello derivaría pronto en el fortalecimiento de un régimen personal basado en el partido único, el Partido Democrático Reformista. Hacia 1925, luego de la primera reelección de Leguía, estaba ya consolidado un estrecho círculo de leguiistas que gobernaban el país sin mayor oposición. Se trataba, sostiene Belaunde, no ya de clase media genuina y representativa, sino de «grupos insignificantes de amigos o de adictos incondicionales». A contracorriente del pragmatismo que el régimen enarbola como pieza básica de la acción pública, donde «los hechos y no las palabras» deben prevalecer, la demagogia se afirma como vehículo esencial de la actividad política38. En el vocabulario predilecto de Leguía es frecuente encontrar recriminaciones contra «la inutilidad de la retórica», las «reformas de papel» o las «reformas verbalistas de nuestros antiguos políticos», a las que opone el realismo y la acción. Así, en el discurso pronunciado en San Marcos el 20 de mayo de 1928, poco después de aprobarse el nuevo Estatuto Universitario, declararía: «Es una verdad incuestionable que en el Perú abundan literatos pero hacen falta técnicos». El nuevo político, cuyo modelo Leguía pretende encarnar, debe ser uno «a quien acrediten sus obras y no sus promesas»39. Más allá del estilo individual que cada gobernante imprime en la exposición discursiva y en el desenvolvimiento concreto, Leguía proyecta, con el auspicio de sus seguidores, la imagen local del político moderno. No es casual que quienes tomen la pluma para atacar o ensalzar a los gobernantes que lo sucedieron hayan hecho de él y de su gobierno, para bien o para mal, la pauta y el termómetro de cualquier análisis. Por otra parte, como otro signo de los nuevos tiempos, bajo Leguía se conformará tanto la base social de los movimientos radicales de masas como el APRA y el Partido Comunista (en realidad, fue fundado como Partido Socialista, aun cuando su línea fue marxista) y el núcleo de su liderazgo político40. Surgieron igualmente diversas organizaciones gremiales: la Federación Obrera Regional Peruana, Flecha de Oro del Indio Unido, el Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo y la Confederación General de Trabajadores del Perú. Paralelamente se producirá también, aunque cierto retraso por las condiciones mismas del país, la recepción de corrientes ideológicas radicales como el marxismo. El surgimiento de estos elementos sociales y programáticos no se debió solo a la iniciativa del gobierno41. El régimen autoritario no dudó en 27
mostrar rechazo y temor, deportando o encarcelando a sus mentores y entorpeciendo su labor editorial42. La emergencia de APRA de Haya de La Torre y del Partido Socialista de José Carlos Mariátegui se explicaría más bien por circunstancias históricas que escapaban a la voluntad del jefe de Estado. No obstante ello, quizá al fomentar el repliegue de la aristocracia y de sus apellidos ilustres y propiciar la incorporación protagónica de las clases medias en la vida política inconscientemente favoreció, tal como ocurrió en Chile con Arturo Alessandri y en Argentina con Hipólito Irigoyen, el desarrollo de partidos políticos de izquierda cuyos conductores precisamente provenían de la pequeña burguesía. Los cambios en la estructura productiva y de servicios cumplieron también un papel importante en la generación del soporte social de los futuros partidos de masas, especialmente del APRA. Así, la penetración del capital norteamericano, el propio avance de la industria nacional y la rotunda amenaza externa a su crecimiento, la activación del comercio, la flamante red de caminos y ferrocarriles que atraía la migración andina hacia la costa y el empuje urbano no podían dejar de crear —por lo menos en las ciudades de la costa, pues, a pesar de las nuevas rutas, el interior del país no fue tocado en su estructura socioeconómica básica— el escenario social que estos movimientos requerían para su desarrollo. Durante la endécada leguiista se produce, asimismo, un cambio profundo en la esfera de las representaciones colectivas. Los grupos ilustrados de las ciudades asumen una cosmovisión burguesa y frívola del mundo. Las convicciones morales cedían ante las evaluaciones crematísticas. Según Luis Alberto Sánchez, autor que en ensayos y novelas ha descrito espléndidamente la mentalidad de este periodo, el Oncenio extendió el anhelo monetario para luego tirar alegremente el dinero sin ánimo de invertir ni de ahorrar43. No fueron solo los nuevos ricos que vivieron inficionados (la expresión es de la época) de esa atmósfera decadente: la propia generación del Centenario, sumamente crítica con la generación del Novecientos que la había precedido, gusta de este ambiente enrarecido44. Cabe recordar que Haya de la Torre, Mariátegui, Sánchez y otros miembros de la generación recibieron el baño bautismal de la política y de la vida bajo el Oncenio. A la ansiedad por hacerse rico se suma un interés inédito por el adiestramiento deportivo y el culto al físico corporal. El fútbol, el boxeo, el baloncesto, el atletismo e incluso la esgrima —practicado en la Sala 28
bibliotecadigital.bnp.gob.peRkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx