A fines del gobierno de Leguía el decano del Colegio de Abogados de Lima, Carlos A. Calle, renunció por sus vínculos con el régimen del Oncenio. Lo reemplazó otro miembro de la junta directiva, Diómedes Arias Schreiber, diputado primero del gremio forense. En un discurso que pronunció en el Palacio de Gobierno, Arias Schreiber manifestó: «El foro de la capital se adhiere al propósito de la Junta Militar de reformar la organización del Poder Judicial en armonía con las necesidades nacionales»393. El 28 de agosto de 1930 el Colegio aprobó una exposición en la que deploraba: «haber contemplado impotente el gradual debilitamiento de la autoridad moral y de la tradición de ciencia y de firmeza encarnadas en nuestros Tribunales de Justicia [...]». Proponía que debía depurarse al personal designado durante los últimos años para la eliminación de los favorecidos, que estaban descalificados para la función judicial. Se requerían nuevos jueces y se ofrecían una serie de razones: La depuración de la magistratura es requerida, además, por las sanciones que deben recaer sobre los responsables de los delitos y de las infracciones legales que la nación exige y la Junta Militar de Gobierno ha decidido depurar. Los contratos lesivos para el Estado y para los particulares; las concesiones ilegales y los despojos perpetrados, las conculcaciones de las garantías públicas y de los derechos privados; la reparación al Fisco de las cantidades de dinero defraudadas y malversadas en el derroche de estos últimos once años, van a originar complejas y trascendentales cuestiones de Derecho Civil y Administrativo y de punición social que no pueden estar encomendadas, para su juzgamiento y resolución, a los que fueron coautores o cómplices de hechos contra los que se alza indignada la conciencia honrada de la nación394. A lo largo del Oncenio la correspondencia entre el Colegio de Abogados y el régimen autoritario pasó de una posición radical a una relación muy condescendiente si se hace un recuento desde el primer al último decano; es decir, de Julián Guillermo Romero hasta Carlos Calle, que era leguiista395. La orden forense había sido domeñada. No deja de ser interesante la coincidencia y similitud con lo que ocurrió con el Poder Judicial. 224 El nombre de este documento es Manifiesto a la nación del Jefe Supremo, Teniente Coronel Luis Miguel Sánchez Cerro (1930); sin embargo, es conocido popularmente como Manifiesto de Arequipa. 161
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