decirse de las leyes dictadas en la metrópoli durante el mundo virreinal, letra muerta o papel mojado. A contrapelo de una práctica consuetudinaria que ha signado la historia judicial del país, Leguía no destituyó a ningún magistrado o, por lo menos no lo hizo directamente. En realidad, no se deshizo de ningún vocal de la Corte Suprema y mantuvo en sus cargos incluso a quienes habían sido nombrados durante el régimen civilista. Caso extraño para un dictadura (de allí también el mote de dictablanda) si se repara en que numerosos jueces habían sido designados bajo el imperio de gobiernos contrarios al régimen, como el de José Pardo, y si se considera que, al justificarse el golpe de 4 de julio de 1919, se dijo que con la sistemática declaratoria de nulidad de los votos leguiistas practicada por la Corte Suprema se cerraría el paso a las aspiraciones presidenciales de Leguía, vencedor en las elecciones de 20 de mayo de 1919. Sin embargo, dado que concedió a la Corte Suprema la facultad de ratificar a los magistrados de primera y de segunda instancia, mediante ese mecanismo el gobierno controlaba la independencia judicial241. 3.5. LA REPRESIÓN SE DESATA Producido el golpe de Estado de 4 de julio de 1919, se gestó en unos pocos meses la resistencia política al régimen leguiista. Sin embargo, entre la irregular asunción al poder de Leguía y el 8 de setiembre, cuando faltaban doce días para la instalación de la Asamblea Nacional ocurrida el 20 de setiembre de 1919, hubo tensión política, aunque no se había iniciado todavía la persecución, el encarcelamiento y la deportación de numerosos líderes y simpatizantes del Partido Civil y del Partido Liberal. El paroxismo represivo comenzó en la tarde del martes 9 de setiembre de 1919 y el 20 de setiembre, cuando se instaló la Asamblea. En ese corto periodo fueron apresados en distintas circunstancias y conducidos al Panóptico, entre otros muchos, Luis Pardo, Juan Durand, Ramón Aspíllaga, Felipe Barreda y Laos, Carlos Heeren, Samuel Sayán y Palacios, Miguel Echenique, Alejandro Revoredo, Germán Arenas, José A. Letona, Julio Chávez Cabello, Carlos Concha, el coronel Fernando Sarmiento, los comandantes Leonidas Nalvarte y Alfredo Miró Quesada, y un mayor del ejército de apellido Detena242. La represión ciertamente continuó después, pero sin la misma intensidad. Todo indica que el gobierno de Leguía pretendía desaparecer a la oposición política y tras ella iniciar un plan de obras públicas y de 106
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