El presidente de la Corte Suprema dirigió un oficio al ministro de Gobierno, Germán Leguía y Martínez (¡vocal de la Corte Suprema!), en el que manifestaba su indignación. Arguyó la policía que el motivo del allanamiento había sido la compra de una máquina de escribir robada. Era un pretexto banal que el portero Guisasola desbarató383. Era obvio que se buscaba intimidar a la justicia. 3.23. UN JUEZ EN PELIGRO PIDE SU CAMBIO En el mes de mayo de 1926 Nestor P. Vallejo, juez de la instancia de la provincia de Pallasca, se vio precisado a interponer un recurso de hábeas corpus. El doctor Vallejo, quien ocupaba el cargo de juez en la Cabana, en ese entonces capital de la provincia de Pallasca, se hallaba imposibilitado de realizar sus funciones libremente por el constante hostigamiento por parte del subprefecto de la provincia, Leopoldo Parodi, y sus secuaces, Leoncio Govidio y Santos Manrique. A raíz de las amenazas, el juez tuvo que desplazarse al distrito de Corongo384. El juez Nestor Vallejo, en mayo de 1926, denunció al subprefecto Parodi por los delitos contra la libertad individual, sedición y violencia, entre otros contemplados en el flamante Código Penal de 1924. Idéntico acoso sufrió el exjuez Julio C. Vidal hacia el mes de enero de 1924. Tras las averiguaciones del caso, la Corte Suprema, reunida en sala plena con fecha 28 de mayo de 1926, autorizó al juez a fin de que establezca su residencia en forma temporal en Corongo y cumpla allí su labor hasta el fin de las hostilidades con el retiro del subprefecto Leopoldo Parodi385. 3.24. UN JUEZ PUNEÑO EXPATRIADO A BOLIVIA El juez de primera instancia de Ayaviri, doctor Benigno Olazábal, comunicó el despojo de su cargo y su forzada expatriación a Bolivia, practicados por el prefecto del departamento de Puno, Eduardo Arenas, embarcándolo hacia Bolivia en el vapor Inca después de tenerlo secuestrado dos días en Juliaca. Numerosos vecinos de esa provincia, a través de un memorándum, solicitaban la reposición del juez. La sala plena de la Corte Suprema dispuso, tras apreciar la gravedad del caso, que la Corte Superior de Puno instaurase contra el prefecto Eduardo Arenas el juicio correspondiente386. Tiempo más tarde, con fecha 7 de junio de 1924, el Tribunal Correccional de Puno y Madre de Dios, como entonces se llamaba, expidió 159
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx