inequívoca intención política: la de Velasco en 1969, Belaunde en 1980 y Fujimori en 1992. Federico More, el brillante pero también cáustico periodista, tan pronto fue derrocado Leguía, proponía una solución extrema: «Debe ser disuelto el Poder Judicial y dictada la interrupción de los términos procesales hasta que la Asamblea Constituyente diga la palabra definitiva. Y, entre tanto, la justicia debe ejercitarse por comisiones jurídicas que se limiten a resolver los asuntos urgentes relacionados con la moral y la seguridad de los ciudadanos»369. En líneas generales, los magistrados de la Corte Suprema nombrados durante el gobierno de Leguía eran personas respetables con trayectorias conocidas370. Suele ocurrir, sin embargo, que gente estimable, por vanidad, ansias de poder o ausencia de convicciones democráticas termina colaborando con gobiernos de fuerza y guardan indiferencia frente a los atropellos o hasta los vulneran ellos mismos, si tienen la ocasión de ocupar un cargo de poder. Este fue el caso de Germán Leguía y Martínez. Una dura crítica del Oncenio, Dora Mayer, no pone en duda la existencia de una subordinación de los jueces a la dictadura de Leguía: «Hasta la Corte Suprema llegaban los edictos autocráticos y colocaban en los tribunales a hombres sumisos al gobernante, con relación al cual ya no sonaba concordante la palabra Ejecutivo»371. Luis Alberto Sánchez, quien en su clásico libro Perú, país adolescente había dividido históricamente al Poder Judicial en un antes y un después de Leguía, en otro texto, por el contrario, defendió a los magistrados defenestrados por el gobierno de Sánchez Cerro. Para entonces ya habían destituido de la Corte Suprema a algunos de sus más prestigiosos y honestos miembros, como los doctores José Matías León, Alejandrino Maguiña, Heráclides Pérez, Plácido Jiménez, entre otros. El doctor León era un jurisconsulto por estudio, por capacidad, por honestidad y por herencia, su único pecado era el haber sido ministro de Instrucción y Culto por un año, en 1929. El doctor Maguiña, natural de Huaraz, era catedrático de Metafísica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; su único pecado visible era haber sido ministro de Gobierno en 1920. El doctor Heráclides Pérez era un antiguo funcionario de Hacienda y se había desempeñado como director de la Administración Nacional; tuvo contacto con la política y era proverbial su rectitud. El doctor Jiménez era desde mucho tiempo atrás catedrático de derecho civil en la Universidad de San Marcos, pero había sido también diputado. 152
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