Ley y justicia en el Oncenio de Leguía

Óscar Barrós, magistrado que sería el último presidente de la Corte Suprema durante el Oncenio, era un político militante. Abogado y parlamentario. Había nacido en el Callao el año 1875. Estudió en el Colegio Barrós, propiedad de sus padres, pero concluyó los estudios en Guadalupe. Siguió Derecho en San Marcos y se vinculó con prontitud con el político Mariano Nicolás Valcárcel, en cuyo estudio de abogado haría sus prácticas. Fue concejal en Lima y diputado por la provincia de Luya365. Barrós fue ministro de Justicia en la época más represiva del Oncenio y ministro Plenipontenciario del Perú en Polonia. Fue cesado por Sánchez Cerro, que lo consideró como uno de sus objetivos más importantes. Era todo un símbolo del régimen defenestrado. No solo fue destituido, sino también enjuiciado bajo cargos de corrupción y malversación de fondos y sus bienes fueron embargados. Mientras ejerció el Ministerio de Justicia, sin embargo, tuvo un gesto noble. El Tribunal Correccional de Arequipa declaró fundado un hábeas corpus presentado por varios detenidos políticos, entre los que se hallaban Manuel Vinelli, Lucio Fuentes y Alberto G. Seguín. Se condenó por prisión arbitraria al prefecto de Arequipa, coronel Temístocles Molina Derteano, con destitución del cargo por dos años y la responsabilidad consiguiente. Los vocales exigían que la sentencia se cumpliese de inmediato con la suspensión automática del prefecto, todo ello conforme al artículo 310° del novísimo Código de Procedimientos en Materia Criminal. Óscar C. Barrós solicitó entonces al ministro de Gobierno y Policía, con arreglo a ley, la inmediata separación del prefecto por haberse tornado la «situación insostenible»366. Óscar Barrós era un firme creyente católico y, como Pedro Rada y Gamio, adversario tenaz del divorcio, a diferencia de otros leguiistas como Plácido Jiménez y Ángel Gustavo Cornejo, que más bien lo patrocinaban. En su memoria judicial del año 1930 aconseja a los magistrados que se ciñan a la religión católica y que administren justicia conforme a los preceptos romanos: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo que es suyo367. En el ámbito nacional el centralismo está en Lima, y los jueces más catalogados también en ella, por esta razón pide a los jueces de provincias, «los más modestos», la tarea de amparar y dar justicia a la raza explotada y oprimida: al indígena, para unirla e integrarla a la vida civil y patriótica. Leguía, a diferencia de Sánchez y otros jefes de Estado, no practicó ninguna purga en Corte Suprema, en verdad dominada por el civilismo; sin 150

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