Ley y justicia en el Oncenio de Leguía

por tiempo de servicios, la jurisprudencia casi siempre reducía el monto indemnizatorio230. Jorge Basadre, en una frase redonda y, a la distancia, algo exagerada, sostuvo: «Ninguno de los predecesores de Leguía estropeó la Constitución de 1860 hasta el grado en que este estropeó la Constitución de 1920 de su propia hechura»231. En efecto, las infracciones de Leguía a la Carta Política (que, irónicamente, él mismo había promulgado) se tornaron especialmente graves tratándose del incumplimiento de los mandatos judiciales de hábeas corpus. Era la primera vez en la historia jurídica y política del país que este mecanismo de garantía de origen medieval figuraba en una norma de rango constitucional, pero era también la primera vez que su desacato llegaba a la cima. Hasta entonces el hábeas corpus, desde que fuera creado por Ley de 21 de octubre de 1897 en el segundo gobierno de Piérola, solo tenía un reconocimiento legislativo. 3.2. EL INICIO DE UN CONFLICTO Cuando el régimen de Leguía comenzaba se gestó un áspero conflicto entre el Poder Judicial —en especial con la cabeza de este, la Corte Suprema— y el gobierno central. ¿Cómo empezó esa lucha de poderes? En abril de 1919, en las postrimerías del gobierno de José Pardo, se preparaba con antelación una huelga general en protesta por el encarecimiento del costo de vida. La auspiciaba la bien organizada Federación Textil y era conducida por el Comité Pro-Abaratamiento de las Subsistencias. Los reclamos no llegaron a buen puerto. El paro se desarrolló de 27 de mayo al 2 de junio de ese año. En las revueltas hubo muertos, heridos y saqueos a establecimientos comerciales. Se encarceló a decenas de personas en la isla de El Frontón. La represión de la guardia urbana fue severa, máxime para un régimen de filiación democrática: cuarenta muertos y setenta heridos. La orden había sido tomada por el gobierno a instancias del alcalde de Lima, Luis Miró Quesada de la Guerra232. El diario El Tiempo fue acusado de incitar al desorden y clausurado indefinidamente. Ante el cierre del periódico, su director y redactor, Pedro Ruiz Bravo, interpuso un hábeas corpus (entonces esta acción de protección a la libertad hacía también las veces del amparo para otros derechos vulnerados) mediante el que reclamaba su reapertura. La Corte Superior de Lima acogió la solicitud. El 4 de junio de 1919 un auto 103

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