gobierno del Oncenio se opusiera379. Obsérvese que, contra lo que precisaba la Constitución de 1920, la modalidad legislativa de designación de los vocales de la Corte Suprema cambió con la junta militar de Sánchez Cerro. De ser una prerrogativa parlamentaria pasó a convertirse en una facultad del Poder Ejecutivo. Quién sabe si también tuvo ocasión para la venganza: el doctor Mata fue nombrado miembro del Tribunal de Sanción Nacional que juzgaría a los altos funcionarios del régimen derrocado. Fernando Palacios, fiscal de la Corte Superior de Lima el 10 de noviembre de 1920, quien se convertiría después en vocal supremo, fue citado por teléfono a la comisaría. El comisario le informó que había recibido orden de detenerlo en ese despacho. Notificado el intendente de la captura del doctor Palacios, habló con él por teléfono y le dio excusas de parte del Ministerio de Gobierno por la presión de que había sido objeto a consecuencia de un error de la policía380. Naturalmente, no se trataba de un error, sino de una deliberada intimidación gubernativa. Manuel Panizo, probablemente uno de los magistrados más odiados por el régimen, juez de primera instancia del Callao, fue conducido a mediados de noviembre desde el primer puerto del país a Lima en un carro eléctrico y puesto a disposición de las autoridades policiales que obedecían órdenes del Ministerio de Gobierno; sin embargo, horas más tarde, a las 8:00 p.m., fue puesto en libertad381. El gobierno adoptó también otras formas de amedrentamiento: la incursión en el Palacio de Justicia. A la vez que detenían al presidente de la Corte Superior, Raúl O. de la Mata, la policía secreta, sin miramientos y sin haber solicitado el permiso a la autoridad judicial, procedió a allanar el departamento que ocupaba en el interior el portero del edificio, Pedro Guisasola. El trabajador, consciente de sus deberes, solicitó una orden por escrito para el registro. Los agentes simplemente le contestaron: «Venimos —declaró el jefe de los agentes— a practicar un registro en sus habitaciones, porque la autoridad tiene conocimiento de que aquí hay un depósito de armas y bombas de dinamita». Sostuvieron que habían recibido una denuncia que aseveraba que en la madrugada de 10 de noviembre un secretario había llevado un paquete de dinamita y armas y había escondido a un individuo382. Naturalmente, después de una minuciosa búsqueda en los roperos, los colchones, las cómodas y los bolsillos no encontraron nada. En vista del resultado negativo del registro, exigieron que guardara silencio acerca lo ocurrido. 158
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