profesionalmente a la industria del caucho, el algodón y la minería, íntimo amigo del presidente Leguía, quien había sido antes, durante su primer gobierno, ministro de Fomento. Ego-Aguirre residió en Londres en la misma época en que Leguía domiciliaba en la capital inglesa y, según se sabe, fue uno de los que alentó la candidatura presidencial que lo llevaría a su segundo mandato. Vivía en Londres en calidad de abogado y amigo del magnate cauchero Julio C. Arana, cuyos intereses patrocinaba. El propio Arana, quién sabe si apoyado por su antiguo abogado Julio Ego-Aguirre, resultó elegido parlamentario en las filas del oficialismo ya en el ocaso de su rutilante actividad comercial. El gobierno tomó distancia política del trabajo y hasta podría decirse que renunció a cualquier preponderancia. Dejó en manos de expertos esta labor. Varios partidarios del leguiismo, incluso profesores de derecho civil, como Ángel Gustavo Cornejo y Plácido Jiménez, magistrados y catedráticos, que además se desempeñarían como ministros del régimen, quedaron fuera de la Comisión Reformadora. No deja de ser curioso pues ambos, a diferencia del resto de los comisionados, eran francos partidarios del divorcio vincular. ¿Podría haber influido el poderoso arzobispo de Lima, monseñor Emilio Lisson, cercano amigo del poder, para que fuesen excluidos? No lo sabemos. En todo caso, los antidivorcistas, con excepción de Oliveira, no eran amigos del gobierno. Juan José Calle, el presidente, había militado en el Partido Demócrata de Piérola, que era hostil al gobierno; Manuel Augusto Olaechea, otro de los comisionados, era también de raigambre pierolista. Una muestra clara de su independencia es que llegó a ser funcionario público y ministro de Hacienda del régimen de Sánchez Cerro, que depuso a Leguía. Alfredo Solf y Muro tampoco guardaba adhesión con el régimen de la Patria Nueva. Fungiría luego como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Manuel Prado. El único comisionado de filiación leguiista era Pedro M. Oliveira137. Las convicciones políticas, en todo caso, carecían de cualquier relevancia en el trabajo de la Comisión. No hubo ninguna injerencia o presión política. Quizá el régimen, cuando instaló el grupo de trabajo, sí advirtió su orientación ideológica y su credo religioso. No deja de sorprendernos que todos los comisionados fuesen caballeros católicos. Se dirá que eso era común en la época, pero aun así provoca perplejidad que quedasen fuera los jurisconsultos de una línea secular más marcada como Ángel Gustavo Cornejo y Plácido Jiménez, ambos partidarios del régimen y quienes 61
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx