Patronato y mucho menos del Comité Pro Derecho Tahuantinsuyo que pudiera intervenir a favor de los indios o, por lo menos, morigerar el abuso. A la vez que aumentaban los caminos de la República, crecía también una amplísima red de dominación conformada por inversionistas extranjeros, terratenientes de la costa, gamonales serranos y autoridades locales que, junto al Estado, se beneficiaban a sus anchas del trabajo que producía la conscripción vial. No era raro tampoco que los presidentes de las Juntas, vale decir, los alcaldes, fuesen enganchadores de peones para las haciendas de la costa ni que comercializaran con las boletas que se extendían por el trabajo prestado. El empadronamiento era asaz deficiente, tanto que los propietarios o arrendatarios de las haciendas solían evadir la conscripción de sus peones, eludiendo así la eficacia de la Ley vial. Había indígenas a quienes se les doblaba y triplicaba el trabajo nuevamente so pretexto de que los comprobantes que portaban eran defectuosos. Los conscriptos recorrían kilómetros y descendían de la sierra a la selva sin otra ración alimenticia que la coca217. Su esfuerzo resultaba en algunas ocasiones usado para la construcción o reparación de caminos de herradura regionales, locales o particulares, obras del camal, ensanche del cementerio, empedrado de las calles o a beneficio de señores poderosos en sus fundos; había hasta quienes fueron utilizados como «pongos» o conducidos a otras obras pertenecientes a trabajos por contrata218. En un lúcido artículo, dedicado precisamente a la conscripción vial, Mariátegui afirmaba en la revista Mundial de 5 de marzo de 1926: «Se dirá que esto [el cumplimiento de la ley por todos los peruanos] depende de la dificultad de obtener la aplicación neta de la ley. Pero es que no debe hablarse a este respecto de dificultad, debe hablarse de imposibilidad. Nadie que conozca medianamente la realidad peruana puede creer posible que esta ley deje de ser empleada contra el indio»219. Las peticiones para la derogatoria de Ley 4113, que se reiteraron desde el primer Congreso Indígena Tahuantinsuyo, reunido en Lima con ocasión de las fiestas del Centenario de 1921, hasta la Conferencia Técnica Nacional de Carreteras de 1929, no progresaron. Como ha señalado Basadre, una de las causas de la popularidad de Sánchez Cerro en las provincias de la sierra fue el Decreto Ley de 31 de agosto de 1931, por el que abolió la conscripción vial o «mita republicana»220. La Ley de Conscripción Vial, sin embargo, no podía alcanzar mayor eficacia si no se la complementaba con una ley que compulsivamente 86
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