sistemáticamente desde su instauración el 4 de julio de 1919 hasta su fenecimiento a fines de agosto de 1930. Leguía instituyó todo un sistema de persecución, similar a los de Juan Vicente Gómez en Venezuela, Hernando Siles en Bolivia, Isidro Ayora en Ecuador, Carlos Ibáñez en Chile, Primo de Rivera en España y Mussolini en Italia, pero absolutamente inédito en el Perú. No porque antes de su gobierno no existiese la asechanza de los enemigos políticos, sino porque se trata de un acosamiento organizado, institucional y eficiente. Este es un aspecto que denuncia, junto con la corrupción y las polémicas concesiones territoriales, el lado más oscuro del gobierno, pero que, simultáneamente, acusa la modernidad —categoría finalmente neutra— del régimen en materia de represión política. El seguimiento tenaz de los adversarios se encuentra ligado a la expansión burocrática que se produce bajo la dictadura leguiista. El número de efectivos militares y policiales aumenta drásticamente; se profesionaliza a la policía secreta y las operaciones de inteligencia; y se habilitan prisiones para presos políticos, como la isla de San Lorenzo frente al Callao y la isla de Taquile en el Lago Titicaca59. A lo largo del Oncenio —«la Endécada», para sus parciales— se producen, entre otros hechos sangrientos, el terrible aplastamiento del bandolero Eleodoro Benel y su gente en Cajamarca60 y el consiguiente fusilamiento del coronel Samuel del Alcázar y del teniente Carlos Barreto, ejecutados sin proceso alguno en el mismo campo de batalla tras el develamiento en noviembre de 192461. Se cuentan también la represión en Iquitos que siguió al fracaso de la sublevación regionalista de Maynas conocida como «La Cervantina», en octubre de 1921; y el asesinato en la isla de Taquile del mayor Santiago Caballero. Emergieron también rebeliones como la de Cusco, de 17 de agosto de 1921, y Arequipa, el 14 de julio de 192462. Durante el extenso periodo gubernativo de Leguía se sucedieron encarcelamientos y deportaciones en escalas nunca antes soñadas. Hasta en ese punto se advertía la modernización del Estado. La censura estuvo también a la orden del día, tanto así que surgió una prensa clandestina de corte político picaresco —cuyo estudio no se ha emprendido— dotada de títulos curiosos como la Paca Paca, El Chumbeque, El Tigre (en alusión al apodo del primer ministro de Gobierno y vocal de la Corte Suprema, Germán Leguía y Martínez), etcétera. Tras la clausura y expropiación del diario La Prensa, las críticas al gobierno se hacían oblicuas, lanzadas indirectamente a través de la caricatura y la anécdota: las inserciones en las revistas ilustradas por 33
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