requiere, entre otras cosas, de que existan fallas de mercado que deban ser corregidas. Aparentemente se arguye que existe la denominada falla de la competencia o monopolio natural. Para que se presente esta falla debe ser cierto que una sola empresa será más eficiente que dos o más; es decir, un fundo de 80 000 hectáreas será más rentable que dos de 40 000. Segundo, costos hundidos: la mayor parte de la inversión en campo, ingenio (y destilería) no sería recuperable una vez concretada; no hay un mercado de «segunda mano» para dichos activos. Estas dos condiciones no se dan en el sector azucarero y la intervención mediante la limitación propuesta al tamaño de la propiedad tampoco resolvería estos problemas si es que existieran. Si la justificación de la intervención fuese que existe un abuso de posición de dominio, cualquier participante del mercado tendría que solicitar a INDECOPI que lo investigue y, en caso lo encuentre, lo sancione. Nunca entendimos la lógica económica de la exagerada reacción de las autoridades al aumento de precios del azúcar de hace unas semanas. Adquiere sentido politiquero, no político, ahora que vemos una actuación aparentemente bien coordinada de varios congresistas. Si no viviéramos en el mundo bizarro de la política peruana, ocurriría algo como lo siguiente. El Congreso investigaría las condiciones en las que dos grupos se hicieron de la administración judicial de tres empresas azucareras. El Ejecutivo evaluaría una estrategia legal para atraer inversionistas serios, si bien seguramente menos mediáticos que estos piratas del azúcar, a estas azucareras. Si la encontrase, promovería inversión de nuevos capitales en la industria azucarera para fomentar la mayor competencia que sea posible. Algunos grupos, nacionales y extranjeros, se interesaron por estas empresas, pero desistieron al enfrentarse al nudo gordiano con el que los protegen tremendos jueces y políticos. El gobierno podría añadir también a Cayaltí, administrada por la Fiducia, en este esfuerzo. Como resultado de este proceso tendríamos el capital más difundido, una industria más competitiva y no seguiríamos premiando a aventureros, bien conectados políticamente y bien representados mediáticamente. Fuente: Instituto Peruano de Economía. 14.5 DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS Hasta ahora hemos supuesto que el monopolista cobra un precio igual a todos sus clientes, pero ese no tiene que ser el caso. En la vida real se dan infinidad de casos en los que el mismo bien o servicio se vende a diferentes precios, y eso se da cuando se puede discriminar entre compradores. Dos condiciones se deben cumplir para que el monopolista pueda discriminar precios: primera, que pueda identificar y separar a diferentes grupos de compradores con diferentes voluntades de pago; y, segunda, 482
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