control que el gobierno tenía sobre los trabajadores extranjeros de los países vecinos (Mera, 1998, p. 32). La actual política migratoria argentina tiene como base la Ley General de Migraciones de 1981, que reemplazó a la Ley Avellaneda. La ley de 1981, que estableció distintas categorías de inmigrantes —los cuales pueden ser transitorios, temporales o permanentes—, fue diseñada para satisfacer la creciente necesidad que el país tenía de trabajadores extranjeros baratos (Pereyra, 1999, p. 16). Sin embargo, en 1998 el gobierno llegó a un acuerdo bilateral con el Perú, similar a los que firmara antes con Bolivia, Chile y Paraguay, para así controlar el creciente ingreso de peruanos en la década de 1990 (Plataforma sudamericana de derechos humanos, democracia y desarrollo, 2000, pp. 138-139). Desde los años cuarenta, las amnistías pasaron a ser una parte integral de la política migratoria argentina. El gobierno aprobó leyes de regularización en 1949, 1958, 1964, 1974, 1984 y 1993, con la meta explícita de regularizar el estatus de aquellos extranjeros que hubiesen arribado violando las políticas de admisión establecidas (Balán, 1992, p. 122; Casaravilla, 1999, p. 48). Aunque los beneficiarios de estas regulaciones inicialmente fueron los europeos que llegaron a la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial y después de ella, amnistías posteriores incluyeron explícitamente a los inmigrantes procedentes de los países vecinos, particularmente de Bolivia (Casaravilla, 1999, p. 50; Grimson, 1999, pp. 30-34). Esas medidas reflejan las dificultades que los gobiernos argentinos tuvieron en las cinco últimas décadas para cumplir con las muchas metas que la inmigración satisfacía. A pesar de su deseo de controlar el creciente ingreso migratorio de los países vecinos por razones políticas e ideológicas, la economía argentina necesitaba mano de obra extranjera barata. Por tanto, las políticas de inmigración fueron notables por su inconsistencia, y las distintas oficinas gubernamentales a menudo implementaron políticas diametralmente opuestas entre sí durante un mismo gobierno (Balán, 1992, p. 124). En efecto, la Argentina ha continuado atrayendo inmigrantes sudamericanos que ingresan ilegalmente o se quedan después de vencida su visa de ingreso, tras lo cual esperan que el gobierno otorgue otra amnistía más. Sin embargo, desde el año 2000 su crisis económica y política redujo dramáticamente la demanda de mano de obra, y un número creciente de trabajadores inmigrantes documentados, en particular, regresó a casa o partió a nuevos destinos. 94
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