conjuntamente con una baja fertilidad interna, generó una vigorosa demanda de mano de obra inmigrante en las décadas de 1950, 1960 y 1970. A pesar de los problemas de la economía argentina, esta demanda perduró hasta la década de 1980, y atrajo a un gran número de inmigrantes de clase obrera y agrícola de los países vecinos (Massey y otros, 1998, pp. 198-204); y a partir de 1990 otro grupo nacional más se sumó a la lista de los inmigrantes sudamericanos de la Argentina: los peruanos (Pacecca, 2000, p. 3; Bernasconi, 1999, pp. 640-641; Torales, 1993). Desde su independencia en 1810, la inmigración fue un asunto de fundamental importancia en la Argentina para quienes diseñaban las políticas. Por tanto, el país adoptó «grandiosas» estrategias dirigidas a atraer inmigrantes europeos. En consecuencia, la Constitución de 1853 estableció una política de puertas abiertas, que favorecía explícitamente a los inmigrantes europeos y otorgaba derechos civiles a los residentes extranjeros. Esta política fue confirmada por la llamada Ley Avellaneda de 1876, que sirvió como marco legal para la inmigración masiva que ocurrió entre 1890 y 1914, y que permaneció vigente hasta la década de 1920, cuando la gran depresión hizo que Argentina fijara restricciones a la admisión basada en consideraciones de empleo (Mera, 1998, pp. 29-31; Plataforma sudamericana de derechos humanos, democracia y desarrollo, 2000, pp. 117-119). Sin embargo, para finales de la Segunda Guerra Mundial estas limitaciones habían sido levantadas y se habían abierto nuevamente las puertas a la inmigración europea. En consecuencia, más de medio millón de inmigrantes italianos llegaron a la Argentina (Balán, 1992, p. 119). En respuesta a la disminución de la inmigración europea en la década de 1950 y a la creciente demanda de mano de obra extranjera, en 1958 Argentina y Bolivia alcanzaron un acuerdo laboral bilateral para regular la admisión de trabajadores migrantes del país altiplánico. Argentina firmó acuerdos similares con Chile y Paraguay. No obstante, el país experimentó un incremento en el número de ingresos ilegales debido a que dichos acuerdos buscaban satisfacer la necesidad de mano de obra de la agricultura argentina; otro motivo fue la expansión de las oportunidades de empleo en el mercado laboral urbano, que creció con rapidez en las décadas de 1960 y 1970 (1992, p. 121). Ya en 1963, el gobierno argentino promulgó una nueva Ley de Inmigración (considerada complementaria de la Avellaneda) para regular la creciente presencia de inmigrantes indocumentados, y en 1967 se aprobó otra ley más para intensificar el 93
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