«expulsión» se encuentran los bajos salarios, la sobrepoblación y el desempleo en los países de origen de los inmigrantes (Herbert, 1996, pp. 5-9). En efecto, en 1990 el número de trabajadores indocumentados en Japón se hallaba entre las doscientos y trescientos mil personas (1996, p. 60), y en 1995 se calculaba que la población extranjera total era de 1,4 millones (Weiner, 2000, p. 65)66. Dado que la población japonesa es de casi 124 millones, estas cifras apenas si pueden describirse como alarmantes. Y sin embargo, para muchos japoneses, el hecho mismo de que un número creciente de gaijin (extranjeros), particularmente de países del Tercer Mundo, esté eligiendo establecerse y trabajar en el Japón representa una amenaza a su noción de una sociedad japonesa homogénea (Lie, 2000). El estatus legal ambivalente de los súbditos extranjeros del Japón después de 1945 hizo que los legisladores de este país presentaran un nuevo marco en el cual ejecutar una política de control migratorio durante la posguerra. En consecuencia, en vísperas de la independencia del Japón se implementó una Ley de Control de la Inmigración y Reconocimiento de los Refugiados, una Ley Especial de Control Inmigratorio (dirigida a los extranjeros que perdieron la nacionalidad japonesa después de la Segunda Guerra Mundial) y una Ley de Registro de Extranjeros. El efecto de estas normas fue tal que hoy en día el Japón es un país que mantiene controles migratorios notablemente estrictos, no solo en la frontera sino también durante la estadía, registro que es ejercido sobre la base de las leyes vigentes (Mori, 1997, p. 1). La Ley de Control de la Inmigración y Reconocimiento de los Refugiados fue revisada varias veces desde el inicio mismo, sin alterar radicalmente la política migratoria del Japón. Sin embargo, debido a la creciente necesidad que la industria tuvo de mano de obra en la década de 1980, así como a la toma de conciencia acerca de que los inmigrantes indocumentados estaban ingresando cada vez más al mercado laboral, el gobierno promulgó, en junio de 1990, una enmienda a la Ley de Inmigración de 1952, que permitió que un número limitado de extranjeros no calificados consiguiera empleo en el Japón (Mori, 1997, pp. 99-103; Sellek, 1997, pp. 182-186; Shimada, 1994, pp. 61-68). Antes de 1990, los nikkeijin de segunda generación —descendientes de los emigrantes japoneses67— podían residir en Japón hasta por tres años como hijos de ciudadanos nipones. Después de la enmienda, se ofreció el estatus especial de «residentes» —que les permitía trabajar sin restricciones— no solo a los descendientes de segunda sino también de 89
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