residían en España (Izquierdo, 1996, pp. 133-139)53, pero también refleja los fuertes lazos históricos de este país con sus excolonias al conceder derechos especiales para solicitar la residencia y permisos de trabajo a los latinoamericanos y a los ciudadanos de otros países con un pasado colonial hispano (Escrivá, 2000, p. 202). Sin embargo, no sería sino hasta 1991 que el gobierno español enfrentó el problema de la inmigración del Tercer Mundo, con la propuesta conocida como las Líneas Básicas de la Política Española de Extranjería (2000, p. 133). La meta de esta política era controlar la creciente inmigración de trabajadores extranjeros, quienes comenzaron a ingresar al mercado laboral hispano a mediados de la década de 1980 y crecieron en número hacia finales de este decenio, siendo los latinoamericanos y los norafricanos los dos grupos inmigrantes dominantes (Dirección General de Ordenación de las Migraciones). Un importante instrumento político en esta propuesta fue el proceso de regularización, que asignaba un número limitado de cupos o contingentes (permisos laborales) al año para extranjeros. En 1991, año en que esta medida se introdujo, una regularización extraordinaria ofreció la residencia y permisos laborales en España a más de cien mil inmigrantes indocumentados. Es posible comparar esta propuesta con la ley aprobada por el gobierno de EE.UU. en 1985 para ponerle fin a la presencia de inmigrantes indocumentados, simplemente ofreciéndoles el estatus de residentes legales54. Estos permisos estuvieron inicialmente limitados a ocupaciones y áreas geográficas específicas, y quedaron reservados fundamentalmente para los trabajadores marroquíes, para que satisficieran la necesidad de mano de obra estacional en la agricultura. Distintos gobiernos españoles habían venido aplicando un sistema de cuotas similares desde 1993, que implicaba conceder un número creciente de permisos laborales para la industria doméstica (Arango, 2000, pp. 264273). Esto ha confirmado el estatus privilegiado en particular que dominicanos, ecuatorianos y peruanos tienen en la política inmigratoria hispana55. Desde 1991, el gobierno español prosigue con la política de regularización, con un sistema de cuotas de permisos laborales que permite asegurar la inmigración regular y controlada de los trabajadores extranjeros, necesarios en ciertos sectores del mercado laboral (2000, pp. 259-261). La asignación de estos cupos tiene como base una división del trabajo entre los principales grupos nacionales de inmigrantes. Los norafricanos son así asignados para que trabajen en la agricultura, en tanto 84
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