En suma, la historia de la migración de Graciela da evidencias no solo de la precaria situación laboral de las peruanas que trabajan como empleadas domésticas en el mundo desarrollado, así como de las relaciones de explotación y abuso a las cuales están sujetas como empleadas cama adentro, sino también sobre los dilemas que enfrentan como inmigrantes ilegales. A diferencia de Marta, Graciela tuvo la «suerte» de recibir ayuda para financiar sus gastos de viaje y encontrar trabajo inmediatamente a su arribo. Sin embargo, su empleador se aprovechó de su estatus de ilegal y se rehusó a pagarle su salario, además de retenerle su pasaporte para obligarla a seguir trabajando gratuitamente. Graciela decidió renunciar para buscar otras oportunidades de empleo. No obstante, sus desventuras no terminaron. El trágico deceso de su hijo ocurrió en un momento en el que ella y su esposo esperaban recibir permisos de trabajo y de residencia en la Argentina. Pero debido al deterioro de la economía de dicho país, ninguno de los dos tiene muchas esperanzas de encontrar un trabajo permanente o de legalizarse; además, sus perspectivas de emigrar a Italia o a algún otro país (excepto a Chile) no son nada optimistas. LA INCONSISTENCIA DE LA ILEGALIDAD En muchos países, la condición de ilegal es un concepto sumamente inconsistente, que resulta difícil de definir en términos jurídicos (Coutin, 2000, pp. 27-47). Aunque otorga ciertos derechos a los inmigrantes indocumentados o no autorizados, por ejemplo en el mercado laboral, y acepta implícitamente su presencia en ciertas esferas de la sociedad, su carencia del estatus de residente legal implica que corren el riesgo de ser deportados si se les piden sus documentos de identidad. Esto resulta evidente en las políticas migratorias de muchos países del Primer Mundo, que reconocen indirectamente —y en algunos casos incluso estimulan— la importación de inmigrantes indocumentados para satisfacer las necesidades de mano de obra barata en las industrias nacionales, al mismo tiempo que la prohíben públicamente, lo cual revela una contradicción latente entre los modernos derechos humanos universales y los derechos civiles y legales que las personas consiguen a través de la ciudadanía nacional (Apap, 1997; Casaravilla, 1999, pp. 141-151; Martin, 1992; Shimada, 1994, pp. 3-11; Vasta, 1993, pp. 94-95). Asimismo, como sugiriera De Genova: «La categoría de “extranjero ilegal” es sumamente útil y rentable, y sirve efectivamente para crear y sustentar una reserva de 261
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