como denominó Castilla al Congreso, intentó, sin éxito, crear una base de poder alternativa al cada vez más incontrolable autoritarismo del Ejecutivo y al sutil, pero no por ello menos eficaz, poder de la Iglesia. En el contexto anterior, los congresistas convencionalistas Manuel Toribio Ureta, José Gálvez, Ignacio Escudero y José Simeón Tejeda representaron a la nueva opción política provinciana que confrontó abiertamente al castillismo. Aquella atacó, básicamente, al centralismo gobiernista, nacido en la Constitución de Huancayo. La centralización estatal que de ella emergió había —en palabras del congresista cajamarquino José Gálvez— ligado «la última necesidad del pueblo más remoto e indigente al recurso y solicitud de un supremo poder». Por otro lado, las Cámaras —«cuerpos libres por naturaleza»— transitaban, como consecuencia del proceso anterior, el camino «de Palacio al salón de sesiones», mientras que el Ejército era el instrumento del Ejecutivo «contra los pueblos y las instituciones» (San Cristóval, 1935, p. 200)86. La necesidad de establecer una nueva constitución más acorde con los tiempos fue la meta principal de los convencionalistas. Aquella, jurada por Castilla en La Convención, el 18 de octubre de 185687, fue aceptada a regañadientes por el autoritario general, para quien la nueva carta constitucional elaborada por los liberales era inadecuada para la realidad del país. La razón de esa inadecuación era que «no era llegada la época» de ejecutar las reformas que los convencionalistas requerían (Dulanto Pinillos, 1944, p. 174). Es probable pensar que, debido a la desconfianza anterior, unida al temor del hábil general de perder a sus aliados clericales, especialmente a Herrera, el choque ideológico y de intereses concretos entre los convencionalistas y el Ejecutivo se hizo inevitable. El 2 de noviembre de 1857, el capitán Pablo Arguedas, bajo órdenes del presidente, clausuró la Convención, echando a la calle a sus miembros. Si bien es cierto que mediante este recurso violento Castilla logró temporalmente acallar las voces de sus impertinentes críticos, sus ecos volvieron a surgir con más fuerza en la medida que el modelo guanero empezó a hacer crisis. Las permanentes críticas en torno al manejo de las finanzas públicas, especialmente de los improductivos gastos militares —por ejemplo, la costosa y, para muchos, innecesaria campaña bélica contra el Ecuador de 1862—, unidas a los reclamos de los liberales por el cierre brutal del Congreso, fueron creando un ambiente desfavorable para el régimen inaugurado por Castilla en 1845. Para un sector importante de la 67
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