social y política de las clases dirigentes» nacionales para ocupar el rol que «naturalmente» les correspondía. En efecto, si la causa de los males que había sufrido el país provenían de la lucha cruenta de los partidos, era claro que el remedio más eficaz era «la conciliación y la armonía» entre estos891. En la proclama de José Pardo, quien había regresado de su autoexilio en Biarritz a propósito de la Convención, el exmandatario corroboraba los comentarios del editorialista del Perú Moderno en favor de una política pluripartidaria. Así el hombre en el que se centraban las esperanzas de cohesión del fragmentado Partido Civil, además de satisfacerse con la «feliz concordia» que, con el objeto de restituir de sus «normales bases de legalidad» al Estado, reinaba entre los partidos políticos peruanos, subrayaba la urgente necesidad de una convergencia de fuerzas para el logro de una política nacional892. Sin embargo, más allá de los discursos patrióticos que proliferaron en todas las tiendas políticas, y que Ricardo Ríos se encargó de recopilar, resultaba muy evidente para propios y extraños lo problemático que era mantener una artificial armonía en medio de un banquete en el cual se estaba repartiendo la apetitosa «torta presidencial». Uno de los argumentos que se manejó con la finalidad de promover la solución convencionalista, que fue ampliamente difundida a través de la prensa escrita, fue la necesidad de construir un régimen político sólido basado en «las fuerzas de la opinión». Para muchos de los gestores del nuevo pacto político pluripartidario resultaba obvio que un gobierno divorciado de aquellas tendría como consecuencia inevitable la inviabilidad y la anarquía. Para Cáceres, apoyar a la Convención no solo era un «deber cívico» sino que constituía la única forma de que la república volviera a la normalidad en «forma sana y vigorosa» (Ríos, 1918, XV). La república imaginada por la Convención no representó, sin embargo, a las nuevas fuerzas sociales que habían emergido en el país durante las violentas «Jornadas Cívicas» de 1912. De esta situación fueron conscientes los propios convencionalistas. Así, Hildebrando Fuentes, miembro del Partido Constitucional, solicitó infructuosamente, en una de las discusiones preliminares del grupo pluripartidario, que obreros y artesanos participaran conjuntamente con los convencionalistas en las decisiones que a todos concernían. La negativa de civilistas y liberales de incorporar a dichas fuerzas, por considerar inviable el control sobre estas (Ríos, 1918, pp. 186-191), además de evidenciar que la solución convencionalista al igual que la republicana teorizante de Riva-Agüero 396
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