momento en que la frágil alianza multiclasista empezó a quebrarse y la voz de la tan requerida «opinión popular» se trastocó en el sonido amenazante de los violentos bombazos callejeros. En 1914, a escasos días del golpe cívico-militar que culminó con el derrocamiento y exilio de Guillermo Billinghurst, el director de La Prensa, Alberto Ulloa, justificó pública y abiertamente la súbita y violenta terminación de la administración que había colaborado fervientemente a encumbrar862. Así, para el hasta hace poco promotor del uso radical de la esfera pública en los combates políticos, el «desborde» de la «matonería insolente», jefaturada por Billinghurst, además de haber generado un régimen de «espanto» —promotor de un lenguaje «canallesco, provocador e insultante»—, era el causante de la profunda «inquietud pública» que vivía el país. Billinghurst, en su afán de ejercer una dictadura sobre «la nación», había exaltado, en palabras de Ulloa, «el predominio de las más bajas clases populares» en contra de la seguridad y los intereses de las «clases más elevadas» (Ulloa, 1965, p. 322). Ulloa no estaba solo en la condena a un régimen que, al mezclar peligrosamente cuestiones meramente políticas con asuntos sociales, estaba «jugando con fuego»863. En efecto, mover a «la muchedumbre», incitar «sus dormidos rencores» e «instintos más perversos» y convertir en supremo elector «al garrote y al revólver» era algo que nadie podía desear que se erigiera como sistema y, menos, permitir que se incorporara a «las costumbres ciudadanas» del país864. Si bien es cierto que el desgastado discurso ciudadano y constitucionalista volvió a emerger ante la «opinión pública» con la finalidad de legitimizar la primera ruptura de un orden político que había pervivido por algo más de dieciocho años865, el desborde social que sirvió de trasfondo al agudo conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, y que tuvo incluso rasgos de terrorismo urbano866, fue una de las causas fundamentales para que la alianza entre un sector representativo de las élites políticas y de las clases medias emergentes reactivara, una vez más, el tradicional frente cívico-militar del pasado867. Así, al igual que en 1895, el Congreso de la República pretendió jefaturar la reacción nacional contra el autoritarismo de Billinghurst868. En el discurso que emergió con la finalidad de justificar el golpe cívico-militar contra el minero tarapaqueño —y que suscribieron miembros de las clases medias limeñas como Alberto Ulloa, Arturo Osores, Alberto Salomón (Ulloa, 1965, p. 324)—, la vieja y cada vez más desgastada terminología republicana hizo más evidentes las 391
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