país —que entró en funcionamiento sin el voto aprobatorio del Congreso —, provocó que en el molde impreciso de la tantas veces anhelada «República Democrática» comenzarán a perfilarse los contornos toscos pero fácilmente identificables de la temida y autoritaria «República Burocrática» (Basadre, 1983, VIII, pp. 345-348)839. La centralización y burocratización del aparato estatal llevada a cabo por Leguía recibió la respuesta disidente de la rama más liberal del civilismo. Esta, a pesar de haber sido silenciada por las tendencias autoritarias que siempre existieron dentro del seno del partido, había ejercido tradicionalmente una opinión ponderada en torno a los asuntos educativos y sociales del país. La «izquierda» civilista estaba ligada a los sectores profesionales limeños (Miró Quesada, 1961, pp. 381-384). Si bien es cierto que parte del componente de lo que fue el «Partido Civil Independiente», primera escisión del Partido Civil durante el gobierno de Leguía, provenía de las jóvenes generaciones del grupo de «los 24 amigos», el civilismo renovador incorporó a importantes profesionales que, como José Matías Manzanilla y Manuel Vicente Villarán, habían asumido una defensa activa de los aspectos democráticos y sociales de la política nacional. José Matías Manzanilla, uno de los líderes del «bloque» anti-Leguía, grupo congresal que aglutinó a los sectores más liberales de los partidos históricos840, fue un importante teórico de las reformas sociales, principalmente de la jornada de ocho horas, que el civilismo intentó pasar sin éxito en el Congreso durante el gobierno de José Pardo (Manzanilla, 1907a; 1907b). Por su parte, Manuel Vicente Villarán, líder y organizador del Partido Civil Independiente, fue —como mencionamos previamente— uno de los más activos defensores del papel que les cabía a las clases medias dentro de un verdadero proyecto político democrático. El «bloque» congresal multipartidario fue el terco oponente al autoritarismo del Ejecutivo. Así, cuando Leguía pretendió incorporar, en julio de 1911, a un tercio de representantes congresales favorables a su política centralizadora, la Cámara de Diputados se convirtió, literalmente, en el campo de batalla de los bandos en pugna. En efecto, en el violento enfrentamiento que se suscitó entre oficialistas y bloquistas, a raíz de los intentos hegemonizadores del Ejecutivo contra «la majestad del parlamento», turbas asalariadas y armadas invadieron el recinto de la Cámara de Diputados. En tal conflictivo contexto, donde lo público y lo privado dejaron de tener una clara línea demarcatoria, una bala perdida «se incrustó en el asiento de la presidencia» (Miró Quesada, 1961, p. 399). 384
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