fue similar al que perpetraron contra la organización política del país. En efecto, así como Ulloa, a la salida del Panóptico, un año después de su apresamiento, encontró a su periódico quebrado y agobiado por las deudas (Ulloa, 1965, pp. XXXII-XXXVI), en vísperas de la transmisión presidencial de 1912 el sistema político peruano entró en un irreversible proceso de agonía. Paralelamente a la intensa represión que ejerció la administración de Leguía contra la prensa escrita, la nueva política autoritaria que aquel implementó tendió a acorralar a todos los focos de oposición. De esta manera, Leguía, otrora defensor público de la mística civilista, resultó alineándose no solo a los tradicionales adversarios, demócratas y liberales, sino a un importante grupo disidente dentro de su propio partido. La hegemonización en el seno del gobierno y del Partido Civil de las tendencias autoritarias, que habían venido desarrollándose silenciosamente desde inicios del siglo XX, determinó una fractura ideológica y una crisis de identidad en las filas civilistas. Así, un sector renovador del Partido Civil, aquel que había mantenido viva la prédica democrática y social de antaño, además de confrontar abiertamente a un desenmascarado autoritarismo que iba ganando terreno en los núcleos gobiernistas, logró mantener vínculos estrechos con los sectores más avanzados del espectro político nacional. Teniendo como consigna la frase de que «el orden público» primaba sobre la Constitución, la rama más autoritaria del civilismo, aquella que Leguía representó, recreó las prácticas de copamiento de los núcleos de poder que ya habían sido ensayadas con guante de seda durante los años de la Coalición. Así, en medio de una seria crisis económica internacional y del agravamiento de los problemas limítrofes con Chile, Ecuador y Colombia, el gobierno de Leguía no solo dio el golpe de gracia a las montoneras provincianas (Basadre, 1983, VIII, pp. 318-319), sino que intentó obtener el control absoluto de los «resortes del poder». En efecto, entre 1909 y 1911 los subprefectos y gendarmes nacionales fueron elegidos directamente por el Ejecutivo. En 1911, mediante una serie de arbitrariedades, el gobierno intentó prorrogar su mandato presidencial, suprimir la Junta Electoral Nacional e incorporar en la Cámara Baja a diputados sumisos a las disposiciones del oficialismo (Basadre, 1983, VII, pp. 320-324; Arenas, 1941; Miró Quesada, 1961, pp. 395-397). Paralelamente a lo anterior, la concertación de una serie de contratos y empréstitos, que incrementaron de manera alarmante el presupuesto del 383
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