el cual Ulloa negó tener participación alguna y del que hablaremos más adelante, además de poner de manifiesto de una manera gráfica la necesidad de sacar a la política de la esfera privada donde se había refugiado, colaboró, paradójicamente, en la radicalización de las tendencias autoritarias dentro de la administración y fue, asimismo, el detonante para la ruptura y la crisis de identidad dentro de las filas del civilismo. La administración de Leguía inauguró su gobierno intentando lograr una conciliación con los diversos partidos políticos de oposición. Así, a través de la promulgación de una ley de amnistía contra los acusados de delitos de rebelión, que incluía principalmente a los liberales, y la articulación de un sistema de redistribución de cuotas de poder en el Congreso, denominado de las «ubicaciones»836, que pretendía incorporar a los demócratas, el sucesor de José Pardo buscó limar de manera privada las asperezas con los diferentes grupos políticos, que se habían sentido amenazados por la hegemonización del civilismo en el poder837. Los intentos pacificadores de Leguía produjeron, sin embargo, efectos inesperados. Piérola, jefe indiscutible de los demócratas, se negó a tomar parte de lo que calificó de «frangollo político» gobiernista. La anterior posición que desembocó en el terco abstencionismo del expresidente, el cual acarreó a su vez un importante cisma dentro de su partido, se debía a que, para el otrora revolucionario, aquella suerte de «compra y venta» política dictaminada por el gobierno, además de atar íntimamente al jefe de Estado con los partidos políticos históricos, ahogaría la fidelidad a los principios demócratas y las fundamentales virtudes cívicas (Miró Quesada, 1961, pp. 390-391). Las voces disidentes al intento de rearticular un artificial sistema multipartidario en el bloque de poder también llegaron de los aliados oficiales de Leguía. En efecto, tanto civilistas como constitucionales observaron con desconfianza la «antidemocrática idea» propuesta por el flamante presidente de abrir las puertas del poder a los feroces enemigos de antaño (Miró Quesada, 1961, p. 390). La sublevación demócrata de mayo, algunos meses después de la fracasada experiencia conciliadora leguiista, puso en evidencia que la oposición priorizó la utilización de la esfera pública en el proceso de confrontar las prácticas políticas privadas de la administración civilista. En efecto, a las dos de la tarde del 29 de mayo de 1909, un ataque combinado de un grupo de demócratas encabezados por el hijo y por el hermano de Nicolás de Piérola culminó con el asalto del Palacio de Gobierno y el 381
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