exigir a los organizadores que les hicieran conocer, con claridad y precisión, el objeto que la motivaba y el lugar, día y hora en que iba a celebrarse (Basadre, 1983, p. 370). Así pues, la centralización en la Junta Nacional de todos los resortes electorales creó la contingencia de que bastaba la voluntad concorde de cinco o siete hombres políticos en la capital de la república para impedir o para viciar todas las elecciones. Las antiguas leyes electorales, desde la de 1861 hasta la de 1892, con todos sus defectos, tenían una ventaja: descentralizaban el proceso eleccionario. El hecho de producirse tantas elecciones como colegios electorales provincianos existían podía provocar que se dieran elecciones falsas o malas en tal o cual provincia, hasta en numerosas provincias, pero no absolutamente en todas. Era necesario que el Perú entero se confabulase para impedir o anular un proceso eleccionario (Ulloa, 1912, p. 42). La creación de la Junta Electoral Nacional determinó que la difícil situación anterior ocurriese mediante una simple maniobra política orquestada dentro de los salones limeños. En la medida que la junta se fortaleció, degeneró siendo «el agente de corrupción de la vida electoral republicana. Su mutación de organismo controlador a «caucus» partidarista evidenció los grados de sofisticación a los que había llegado el fraude electoral, provocando, por lo mismo, innumerables denuncias y acusaciones. La voz pública atribuyó a la junta el hecho de acomodar listas de contribuyentes, hacer falsos sorteos, acoger tachas imaginarias para eliminar a los favorecidos por la suerte y elegir presidentes de juntas departamentales a conocidos agentes de determinados candidatos. En pocas palabras, se le acusó de manipular la «ley» para oprimir al partido adversario (Villarán, 1918, p. 223). Resulta probable pensar que las acusaciones vertidas contra el poderoso mecanismo electoral gobiernista no eran del todo equivocadas, pues ningún partido de oposición ganó las elecciones mientras prevalecieron la Ley Electoral y su creación más cara, la Junta Nacional Electoral (Basadre, 1983, VII, p. 358). Por las evidentes exclusiones que exhibió, la construcción de la estructura política coalicionista dejó, en la mayoría de sus esperanzados seguidores, una sensación de amarga frustración. Lo anterior ocurrió a pesar de que sus cimientos materiales, de los que hablaremos en el capítulo siguiente, determinaron un espectacular crecimiento económico en el país. Así, paralelamente a la consolidación de la economía exportadora, la cual tuvo un crecimiento inusual durante el período civilista, se empezaron a 343
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