lo largo de unos cuantos años776. Aquel, si seguía incrementándose, además de colaborar en la fragmentación política del país, terminaría por absorber, en palabras de un congresista, «todas las funciones del poder Ejecutivo»777. La opinión del diputado puneño Mariano Cornejo, tenaz defensor del mantenimiento de las juntas, discrepó con la visión centralista sostenida por el gobierno. Cornejo, haciendo un poco de historia, señaló que la lucha nacional contra el cacerismo estuvo alentada por la «santa idea» de que dentro de la revolución coalicionista cada región «defendía sus libertades locales y la autonomía de sus Municipios y de sus Juntas»778. Así, el diputado puneño, junto con un grupo importante de diputados provincianos, cerraron filas para defender al único organismo local capaz de confrontar el poder omnímodo de los prefectos gobiernistas (Manrique, 1989, p. 175). Las juntas eran, a pesar de todos sus defectos, los únicos cuerpos políticos capaces de balancear el amenazante centralismo de Lima. Después de intensas discusiones, finalmente prevaleció la posición departamentalista defendida por una mayoría de diputados provincianos. Sin embargo, la aparente victoria exhibió características pírricas. En efecto, el régimen, al no poder liquidar a las Juntas Departamentales, optó por ahogarlas económicamente. El 11 de noviembre, luego de su humillante derrota frente a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto que eliminaba la nutriente principal de las juntas: la contribución personal. Para muchos de los diputados de provincia resultó del todo claro que, detrás de la aparente fachada proindigenista mostrada por el gobierno, la razón de ser de la abolición de la contribución personal estaba estrechamente ligada a la necesidad de neutralizar los peligrosos focos de una futura descentralización política. Así, la batalla del régimen por suprimir las Juntas Departamentales y abolir la contribución personal constituyó un hito importante en el proceso de centralización del poder estatal, que había quedado profundamente disperso como una de las más importantes consecuencias de la guerra con Chile (Manrique, 1989, pp. 177-178). En pocas palabras, Lima buscó reasumir el rol hegemonizador que la guerra con Chile y los trastornos que le sucedieron le imposibilitaron llevar a cabo. La esfera electoral fue otro importante nivel de poder en el cual el fortalecido centralismo limeño buscó imponer su hegemonía. Con el objetivo de poner punto final a las «falsificaciones horrorosas» y las «injusticias graves» que producía la ley de 1861, una nueva ley electoral 341
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx