de apelar a «todos los elementos sanos» que concurrían a la obra del bien común (Ulloa, 1949, p. 358). Junto con la neutralización ideológica del discurso revolucionario, que amenazaba la misma «existencia» de la república, y la desmovilización de un ejército, que ponía en peligro los ideales cívicos-constitucionalistas de los nuevos detentadores del poder, la Junta de Gobierno debió dotar al país de un indispensable aparato estatal. Este, como hemos subrayado previamente, se había venido desintegrando durante los largos meses de la violenta guerra civil que ensangrentó al país. Para lograr su cometido organizador, fueron convocadas importantes personalidades limeñas y provincianas, que se ocuparon de proveer a la nación del tantas veces requerido régimen «ciudadano». Así, la prefectura limeña recayó en las manos del civilista, importante hacendado y hombre de negocios Domingo Olavegoya; y la administración de la capital, en la de una Junta de Notables, entre la que destacaban banqueros, comerciantes, hacendados y abogados limeños764. La sustitución en las tareas políticas de los «ciudadanos armados» por los «decentes» limeños simbolizó, claramente, el viraje estratégico dado por la revolución coalicionista. La Junta de Gobierno presidida por Candamo tuvo que preocuparse de organizar las elecciones presidenciales, con las que debía ponerse término a la guerra civil y, al mismo tiempo, garantizar su «pureza». El 14 de abril de 1895, por decreto gubernativo, se convocaron comicios electorales, cuyo candidato único fue, como Cáceres en 1884, Nicolás de Piérola. La ley electoral que reguló el proceso fue la de 1861. En esta primaba, como analizamos en capítulos previos, el sistema de votación indirecta y la participación de los colegios electorales. Así, el Congreso y el Ejecutivo, mayoritariamente coalicionistas, lograron controlar un proceso eleccionario en el cual el carismático Nicolás de Piérola se hizo de la Presidencia de la República. Para mantener la simbólica alianza intrarregional, Piérola estuvo acompañado en la Primera Vicepresidencia por el minero sureño Guillermo Billinghurst; y en la segunda, por el hacendado norteño Augusto Seminario y Vascones. El activo caudillo huanuqueño Augusto Durand, recompensado con la Presidencia de la Cámara de Diputados, quedó fuera de la fórmula presidencial. El agotamiento de la población peruana, empobrecida y debilitada por los efectos de la cruenta guerra civil, impidió el surgimiento de voces políticas populares, disidentes al escandaloso acomodo que sucedió al «pacto de conciliación» entre caceristas y coalicionistas765. Lo anterior, 337
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