que, algunos años antes, Cáceres logró convocar exitosamente. En pocas palabras, la guerra civil colaboró en debilitar el modelo económico inaugurado en 1884. En la medida que la represión se intensificó, las fuerzas rebeldes se vieron incrementadas por nuevos contingentes de simpatizantes. Para fines de 1894, la guerrilla coalicionista contaba con tres mil hombres. En un escenario minado por la postración económica y la crisis de autoridad, algunas provincias potencializaron sus conflictos internos. Ese fue el caso de la provincia huanuqueña de Huamalíes, analizada anteriormente, y la del departamento de Junín, donde un cura provinciano estuvo a punto de desencadenar una rebelión indígena de consecuencias impredecibles, con la finalidad de apoyar al régimen de Cáceres (Obín, 1901, p. 79). La ruptura de los mecanismos de control social por parte del Estado se hicieron sentir, incluso, en el primer puerto de la república, el Callao. La prolongada huelga del gremio marítimo fue el detonante para un accionar delictivo en el cual los cotidianos «robos organizados» fueron difícilmente controlados por las autoridades de turno. Es probable pensar que el incontrolable desborde social anteriormente citado, unido a la presencia activa de los poderes regionales en el desafío del orden cacerista, precipitó el surgimiento en Lima de una asociación política de tendencias conciliadoras. Si bien la dirigencia rebelde exhibió tempranamente una predisposición hacia un arreglo con el aparato militar cacerista, básicamente con los prefectos provincianos, aquella no recibió la respuesta esperada749. El autodenominado grupo «Los Amigos de la Paz» —conformado por el antiguo civilista y exiliado de Cáceres, Carlos Elías; los profesores universitarios sanmarquinos Octavio Tudela y Manuel Álvarez Calderón; los hombres de negocios y banqueros Luis Bryce, Manuel Moscoso Melgar y Enrique Barreda; el abogado José Antonio de Lavalle y Pardo, e incluso el joven comerciante y futuro presidente, Augusto B. Leguía—se propuso retomar el camino conciliador y para ello estableció una estrategia política alternativa a la abierta polarización que la guerra civil estaba provocando en el país (Obín, 1901, p. 112). Era sumamente obvio para ciertos núcleos políticos civiles que era imprescindible remover a Cáceres del poder y asumir el control del Ejecutivo; sin embargo, hacerlo utilizando a un antiguo rebelde como Piérola y a desconocidos jefes provincianos podía provocar, como efectivamente estaba ocurriendo, la agudización de los conflictos sociales y el fortalecimiento de los poderes regionales. En tal contexto, el problema 332
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