militares, estaban impagos. Así, las deserciones masivas de las burocracias estatales provincianas, previamente analizadas, no solo fueron producto de la amenaza rebelde sino de una inocultable crisis fiscal. A nivel urbano, el deterioro económico generalizado se evidenció en la paralización del comercio y a nivel rural, en el abandono de las labores agrícolas. El comercio, además de tener que enfrentar la huelga de los gremios marítimos chalacos que puso a la Aduana del Callao al borde de la quiebra, debió hacer frente a las medidas económicas tomadas por el Congreso con el fin de solventar los gastos de la guerra civil. Los nuevos impuestos que se crearon y la subida de la tasa de los ya establecidos disminuyó significativamente el consumo de productos importados y nacionales (Obín, 1901, pp. 72-73). Cabe anotar, por otro lado, que los impuestos establecidos por el gobierno de Cáceres sobre el consumo de azúcar y arroz —que probablemente empujaron a muchos hacendados costeños a prestar un apoyo activo a la revolución coalicionista, unidos al recargo de los impuestos de importación, entre ellos al opio— afectaron a los sectores económicos más importantes del país. Por otro lado, las levas permanentes, tanto por parte del Ejército como de las fuerzas rebeldes, determinaron el abandono de las faenas agrícolas en las provincias748. La crisis económica y política del orden cacerista creó un malestar social generalizado. Este, junto con la campaña periodística que se inició contra un régimen «corrupto» y abusivo, colaboró en acelerar la corrosión del aparato estatal y de sus mecanismos de control social (Obín, 1901, pp. 53 y 69). Los efectos políticos de la guerra se dejaron sentir con fuerza en las provincias del interior. Así, desde Piura hasta Tacna, pasando por Junín y Puno, el accionar de los prefectos caceristas, entre los que destacaron Pedro Mas y Fernando Seminario, hicieron sentir el autoritarismo y en algunos casos, la corrupción de un régimen que se defendía con todas las armas a su disposición. Los cupos, levas impuestos, encarcelamientos, e incluso fusilamientos, se convirtieron en el pan de cada día en el sangriento 1894 (Obín, 1901, p. 50). El aislamiento político del gobierno y la suerte de autarquía que impuso el régimen al país mellaron la entrada de los capitales extranjeros, que eran imprescindibles para la reproducción del modelo económico cacerista (Obín, 1901, p. 79). Las medidas económicas tomadas por el secretario de Hacienda del gobierno de Cáceres, el cuestionado Horacio Ferreccio, con la finalidad de dar seguridad a los capitales nacionales y extranjeros, pueden resultar sintomáticas de los efectos que la guerra estaba provocando en los temerosos inversionistas 331
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