la vida» frente a un pasado cacerista que se hundía, «pregonando su propia vergüenza», escondió, sin embargo, un enmascarado proyecto político que intentó hegemonizar al complejo y espontáneo movimiento nacional de corte popular que estalló en 1894. Aquel, de no ser encauzado y controlado a tiempo, amenazaba peligrosamente no solo el liderazgo del Congreso y de los partidos políticos, sino la sobrevivencia de las clases propietarias que luchaban por derrocar a Cáceres. El incremento geométrico en los niveles de la violencia y la lenta pero segura corrosión del aparato estatal cacerista, como producto de la presión montonera, fueron evidenciados con preocupación por importantes miembros de la élite política limeña. Durante los primeros meses de 1895, y en la medida que «la toma de Lima» comenzó a percibirse como el próximo paso de los rebeldes, un sector del civilismo intentó implementar una política conciliadora capaz de neutralizar los peligros que una violencia incontrolada podía provocar en la capital de la república. Piérola, al centralizar las acciones militares rebeldes, sometiéndolas a un liderazgo único, también buscó por otros medios confrontar el problema que una peligrosa «espontaneidad» popular representaba para las élites económicas e intelectuales del país. Al respecto, la posición mostrada por «Los Amigos de la Paz», grupo formado mayoritariamente por nuevos y viejos simpatizantes civilistas, puede evidenciar cómo la reformulada estrategia montonera, por los peligros que encerraba, no contaba con el apoyo absoluto de las fuerzas civiles que desafiaban a Cáceres. En noviembre de 1894, la inocultable guerra civil entre las fuerzas de gobierno y de la coalición dio un saldo de dos mil muertos (Obín, 1901, p. 73). Sin embargo, fuera de las pérdidas físicas sufridas en ambos bandos, la guerra significó un duro golpe para la economía nacional747. Así, en setiembre de aquel mismo año el gobierno se vio obligado a dar una ley para suspender la amortización y canje de títulos de la deuda interna, emitiendo bonos al portador por la cantidad de $500 000 soles con un interés del 10% anual. La medida anterior fue paralela a una significativa subida de los intereses bancarios que se elevaron a un 18% (Obín, 1901, p. 76; Basadre, 1983, VII, pp. 176, 305-307). La congelación de los pagos de la deuda interna afectó directamente a los capitalistas nacionales. Sin embargo, no solamente estos vivieron los efectos de una prolongada guerra civil que había provocado la postración económica y la intensificación del proceso inflacionario en el país. Para fines del convulsionado 1894, la mayor parte de servidores del Estado, incluidos los 330
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