batallones de guardias nacionales en todo el país (Aranda, 1893, pp. 93104). La situación anterior evidenció que los fortalecidos militares buscaron cooptar y hegemonizar a los cuerpos, que tradicionalmente habían sido el elemento constitutivo de las maquinarias políticas provincianas. Por ello no resulta casual la intensa resistencia que le opusieron las fuerzas parlamentarias a la ley en torno a la Guardia Nacional y al incremento de su presupuesto militar. Para fines de la década de 1880 resultaba obvio que lo que los civiles estaban intentando hacer era neutralizar el poder que ellos indirectamente habían colaborado en fortalecer642. La sucesión presidencial de 1890 les mostró lo difícil de su tarea. Las elecciones presidenciales de 1890 evidenciaron las fisuras que emergieron al interior de la coalición cívico-constitucional, que encumbró a Cáceres en el poder. La aparición de dos candidatos en el Partido Constitucional —uno civil, Francisco Rosas, apoyado por un sector importante del civilismo histórico, y otro militar, el breñero Remigio Morales Bermúdez, apadrinado por Cáceres— mostró que el bloque político-militar de la posguerra se había quebrado irremisiblemente643. El civilismo clásico, que propugnaba que el Ejército no debía intervenir en política, había plegado sus banderas principistas ante el advenimiento de Cáceres, pero solo como un compás de espera, para retomar el rumbo doctrinario una vez terminada la administración del prestigioso general (Miró Quesada, 1961, p. 188). Sin embargo, el militarismo fortalecido a la sombra de la «pax cacerista» desarrolló su propia agenda, en la cual Cáceres y el Ejército impusieron su propio candidato, a pesar de que se intentó llegar a un acuerdo político entre las dos ramas antagónicas del constitucionalismo644. La razón fundamental de dicha actitud fue el argumento del «orden», la «paz» y la «unidad», por todos conocido. El exbreñero Remigio Morales Bermúdez, con el apoyo abierto de la maquinaria oficialista y el soporte político de un Partido Constitucional profundamente militarizado645, fue proclamado presidente de la república el 2 de agosto de 1890. El continuismo del «constitucionalismo militar», signado por la crisis económica de 1892, por el creciente autoritarismo del Ejecutivo y por la marginación del Congreso646, tuvo su base en los importantes núcleos político-militares procaceristas diseminados en todo el país. Estos, favorecidos por la autonomía fiscal provista por el gobierno, se fueron convirtiendo, como en tiempos del castillismo, en poderosos y desafiantes entes de poder local (Manrique, 1989, pp. 172-177). Resultaba 285
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