civil, el poder local en muchas provincias del país, pero la creciente presencia militar y el autoritarismo a ella asociada fueron tornándose incómodos e inquietantes dentro de los núcleos políticos civiles. Desde sus inicios, no fue fácil la relación entre los núcleos políticos civiles y el general Cáceres. La división de tareas entre las partes constitutivas de «la coalición», necesaria, pero a la vez conflictiva, hizo evidente sus contradicciones en la sucesiva caída de gabinetes ministeriales que ocurrió durante la administración cacerista. Así, la conducta que evidenció el Congreso al tratar de limitar la acción del Ejecutivo se puso claramente de manifiesto en la intensa fiscalización de los gabinetes. En los cuatro años de gobierno se llegaron a formar hasta diez consejos, a veces manteniendo o reponiendo algunos integrantes; pero otras, cambiándolos radicalmente. De los treinta tres políticos que desfilaron por las carteras ministeriales, los cuales pertenecían a diferentes partidos y ejercían diversas actividades, ninguno duró más de un año (Guerra, 1966-1984, pp. 39-40). Lo anterior no solo manifestó la precariedad de las alianzas políticas sobre las que descansó el régimen cívico-militar cacerista, sino la incapacidad que aquel mostró en su tarea de consolidar un programa estable y duradero. Lo que cabría resaltar es que las discusiones no giraban en torno al programa en sí, sino a quién lo hegemonizaría. Las disputas entre el Ejecutivo y el Congreso en torno al incremento del presupuesto militar640 y al control de la Guardia Nacional evidenciaron las escaramuzas iniciales de la cruenta guerra que posteriormente estalló entre los miembros de la alianza cívico-militar que apoyó a Cáceres. Desde los inicios de la administración cacerista, la reorganización de la Guardia Nacional se constituyó en una tarea prioritaria del régimen641. Entre mayo y julio de 1888, a través de una serie de resoluciones dictadas por el Ejecutivo, fueron organizados 89 batallones de infantería y ocho regimientos de caballería. La reorganización de los batallones de la Guardia Nacional corrió a cargo de jefes del Ejército (Ugarteche & San Cristóval, 1943, II, p. 207). Así pues, la militarización de la Guardia Nacional se puso de manifiesto en el controversial artículo 17 de la ley expedida por el gobierno. Como resultado de dicha ley fue obligatoria la conformación de asambleas departamentales a nivel nacional, compuestas por tres militares de carrera: coronel, teniente-coronel y oficial. Estos, junto a un número indefinido de instructores militares —los «que el Ejecutivo considerase necesarios»— serían los encargados de organizar los 284
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx