extranjeros613. Cabe anotar que en el contexto del auge de las explotaciones mineras, que determinó importantes cambios socioeconómicos en las comunidades indígenas del interior (Mallon, 1983, pp. 334-348), salieron favorecidos tanto empleados peruanos de rango medio como pequeños comerciantes y transportistas provincianos614. La expansión del sector minero y agroexportador se debió no solo a la política «pacificadora» del gobierno cacerista, el cual logró imponer, mediante la estricta aplicación de drásticas medidas represivas, un efectivo control social a lo largo de todo el país, sino por el apoyo incondicional que brindó a los productores nacionales y extranjeros. La necesidad de regularizar, mediante mecanismos institucionales, el reclutamiento de una mano de obra elusiva e «indisciplinada»615; la provisión de una infraestructura vial que posibilitara una mejor penetración a las provincias del interior; la promoción en la expansión de la frontera agrícola; la modernización en las comunicaciones; el apoyo y fomento en la organización de bancos e instituciones que, como el Banco Hipotecario, la Cámara de Comercio y la Sociedad Agraria, estimularan y agruparan a los productores nacionales; y la creación del registro de propiedad, junto con la dación de leyes exonerativas a los exportadores, tuvieron como meta fundamental promover la inversión y la producción (Basadre, 1983, VII, p. 220). Las políticas caceristas propiciaron, asimismo, y tal vez sin proponérselo, el desarrollo de algunas industrias sustitutivas nacionales. En efecto, debido a la imposibilidad que tuvo el gobierno de recurrir al crédito externo, con la finalidad de financiar el gasto público, y al poder político de los exportadores, los cuales rechazaron cualquier tipo de impuestos a sus productos, la administración de Cáceres debió recurrir a la imposición arancelaria como un mecanismo para captar ingresos fiscales (Thorp & Bertram, 1985, pp. 38-39). Para efectivizar la recaudación aduanera el gobierno no solo fijó un nuevo arancel en 1889-1890 y un recargo del ocho por ciento a todos los productos de importación en 1893, sino que reformó y volvió más eficiente la administración aduanera (Thorp & Bertram, 1985, p. 40). Dentro del proceso de modernización arancelaria anterior, que determinó una alta protección efectiva para la industria nacional, le cupo un importante papel a Elías Mujica, agente de aduana civilista. Una convergencia de circunstancias favorables estimuló el renacer de la industria nacional, la cual, defendida intensamente por un sector 278
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