neutralizadas mediante la expulsión del Congreso de las minorías opuestas a la firma del contrato (Basadre, 1983, pp. 82-83). La derrota de las concepciones económicas desarrollistas y nacionalistas fue de la mano con la toma de distancia frente al modelo democratizante que las acompañó. En los años de la posguerra, muy pocos se atrevieron a defender las estrategias movilizadoras del pasado. Entre 1890 y 1892, el Congreso fue escenario de las ardientes luchas entre los sectores autoritarios, cercanos al régimen cacerista, y de los rezagos de los débiles núcleos liberales que apoyaron al civilismo histórico. El tema central de las discusiones fue la reforma de la ley electoral de 1861. La urgente necesidad de reformar los procedimientos electorales —calificación de actas, expedición de las cartas de ciudadanía, formación del Registro Cívico, entre otros—, y la de erradicar una ley que mataba «los estímulos del verdadero ciudadano» y conservaba «a las masas en el oscurantismo político» fue evidenciada en las intensas discusiones que se suscitaron570. Sin embargo, el tema que despertó mayor interés fue la abolición del sufragio universal. Así, en la necesidad de ejercer un mayor control sobre una masa de votantes provincianos que podía tornarse inmanejable —los indios—, un grupo de congresistas, entre los cuales destacó el ideólogo civilista Isaac Alzamora, propiciaron que para poder votar era requisito indispensable saber leer y escribir. La necesidad de hegemonizar un proceso electoral, que durante las décadas previas fue un quebradero de cabeza para los políticos civilistas, acompañó el urgente imperativo de arrancarles el poder político a las autoridades provincianas. Según un congresista, estas estaban conformadas por «señores feudales de espuela y chicotillo» y tenían, debido a las ambigüedad de las ley electoral de 1861, el control absoluto de un importante sector del electorado nacional571. El eje de la discusión en torno al sufragio universal se centró en las propuestas de dos tendencias antagónicas en el seno del civilismo, la del limeño Isaac Alzamora y la del puneño Luis Estévez572. Mientras el primero, siguiendo los planteamientos que varias décadas atrás defendiera Bartolomé Herrera, esbozó la idea de que el indio no estaba asimilado a la nacionalidad y a su estructura, y que por ello necesitaba de una legislación tutelar que lo protegiera de la manipulación política de las autoridades locales; el segundo hizo notar que de seguirse la anterior propuesta, las nueve décimas partes del Perú quedarían sin influencia política573. Estévez, para justificar su defensa del voto indígena recordó que existían dos tipos 269
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