fracción comerciante y agroexportadora del civilismo, que defendió intensamente la firma del contrato. Esta, representada por el hacendado azucarero Ántero Aspíllaga, el comerciante y financista Aurelio Denegri y algunos intelectuales pragmáticos —como Francisco Rosas, Isaac Alzamora y Francisco García Calderón, quienes por sus actividades profesionales como abogados tenían contactos con las casas comerciales extranjeras—, sostuvo una dura batalla con los representantes de las «clases medias», económicas e intelectuales568. Las fisuras anteriores revelaron que las tradicionales tensiones entre intereses divergentes, exportadores y productores nacionales, existentes desde los años de la coalición civilista de 1871, y que habían sido amortiguadas momentáneamente en 1878 mediante una política conciliadora que descansaba en la formulación de un modelo «patrimonialreformista», volvieron a aflorar en el período de la posguerra. En el contexto anterior, cabe recordar que los intelectuales limeños en desacuerdo con la firma del contrato —como Carlos Lissón, Manuel Atanasio Fuentes y José Arnaldo Márquez— vislumbraron al proyecto ferrocarrilero que se estaba cediendo por varias décadas a los acreedores extranjeros como el medio más expedito de integrar a los diversos núcleos económicos e intelectuales del país. Por otro lado, los grupos económicos de exportadores y comerciantes, quienes percibieron la alianza con el capital internacional como una inmejorable oportunidad de reconstruir al alicaído aparato productivo nacional, lucharon tenazmente en la prensa y en el Congreso por sostener su modelo económico. La carencia estatal de un elemento redistributivo capaz de amortiguar el choque de intereses políticos y económicos irreconciliables hizo más complicada esta lucha. Las larguísimas discusiones entre defensores y opositores de la firma del Contrato Grace569 mostraron lo complicado que resultó para la administración cacerista erradicar una cultura política de corte patrimonialnacionalista que había delegado, en el Estado, el control de los recursos y la infraestructura del país. El manejo fiscal del guano primero y la estatización del salitre después, junto con la posesión del gobierno de los ferrocarriles, pusieron de manifiesto que en el Perú el patrimonialismo estatal era una práctica sumamente arraigada entre su clase política. La desactivación de aquella estrategia político-económica cuya razón fundamental, desde tiempos de Castilla, fue la de neutralizar los intensos conflictos políticos, económicos y sociales de un país profundamente fragmentado, generó intensas respuestas disidentes, que fueron 268
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