serie de proyectos de inversión que atrajeron la atención del capital británico entre 1890 y 1892, especialmente en la industria del petróleo, la minería, la manufactura textil algodonera, el sector de los ferrocarriles y, en algunos casos, en la industria azucarera. A pesar de que la firma del contrato Grace, al promover el establecimiento de una orientación económica dependiente, determinó la cesión temporal del elemento más preciado y costoso de la infraestructura nacional —la red ferrocarrilera—, una serie de coyunturas internacionales —la crisis Baring y la disminución del precio de la plata, entre ellas— posibilitaron, por algunos años, que la economía peruana se organizara, financiara y controlara localmente (Thorp & Bertram, 1985, pp. 33-52). Las negociaciones Araníbar-Tyler y Aspíllaga-Donoughmore, que culminaron en la puesta en funcionamiento del Contrato Grace, no llevaron a la absoluta dependencia y subordinación económica que muchos de sus detractores temían; sin embargo, las intensas discusiones políticas que rodearon a la firma del acuerdo entre el Estado peruano y sus acreedores evidenciaron las importantes fisuras que empezaron a surgir en la coalición autoritaria-constitucional que llevó a Cáceres al poder. A través de una aproximación a los debates que se generaron en el Congreso de la República a raíz del complejo arreglo entre el gobierno de Cáceres y los tenedores de bonos564, podemos poner de manifiesto que las posiciones nacionalistas de algunos sectores liberales, principalmente los núcleos intelectuales universitarios que apoyaron en 1872 el proyecto republicano civilista, fueron derrotadas después de una larga batalla. En efecto, la cristalización del Contrato Grace no fue tarea fácil para el gobierno de Cáceres. La firma no solo estuvo rodeada por un ambiente de desconfianza y recelo entre importantes sectores políticos, económicos e intelectuales del país565, sino que revivió mucha de la prédica nacionalista, que había sido lugar común en las discusiones políticas previas a la guerra566. Antiguos miembros del Partido Civil o simples simpatizantes —como el catedrático sanmarquino Carlos Lissón, el maestro e impresor José Arnaldo Márquez o el escritor y abogado Manuel Atanasio Fuentes, defensores todos ellos de las teorías desarrollistas que aparecieron en la década de 1860 (Gootenberg, 1993; Lisson, 1865, pp. 116-117; Márquez, 1862, pp. 160-163; Fuentes, 1867, pp. 64-76 y 76-100) —, junto con el representante preclaro de los núcleos liberales, José María Químper, y un grupo de activos congresistas y periodistas civilistas567, se enfrentaron a la 267
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