hostilidad chilena hacia los políticos peruanos determinaron que el vicepresidente Lizardo Montero estableciera su gobierno en la ciudad sureña de Arequipa. Esta, aliada importante del civilismo durante la administración Pardo, se encontraba no solo fuera del control del ejército chileno, cuyos mayores contingentes estaban en Lima y en el norte del país, sino cerca de los núcleos surandinos, e incluso bolivianos, que se habían adherido tardíamente al gobierno de La Magdalena478. A pesar de que en sus catorce meses de gestión el gobierno arequipeño de Montero contó con un «Congreso Nacional», instalado el 22 de abril de 1883 en los claustros del Colegio Independencia y de la Universidad; con una Guardia Nacional propia, conformada por todos los varones de Arequipa mayores de 20 y menores de 60 años; con un soporte económico importante, basado en los cupos y erogaciones impuestos tanto a la élite económica como a los diferentes distritos agrícolas sureños479, y con un despliegue de símbolos y rituales políticos legitimizadores480, su suerte fue sellada por la incapacidad del experimento arequipeño de reorganizar un frente político nacional, por la negativa de los chilenos a reconocerlo y por su prevista ausencia en las tratativas de paz con Chile. Esta coyuntura quedó irremisiblemente marcada cuando otro jefe político militar, el general Miguel Iglesias, representante de los intereses de una parte significativa de la golpeada élite norteña, se rebeló contra su patrocinador e inició conversaciones políticas con el invasor. El tradicional conflicto de intereses entre el Norte y el Sur peruano tuvo su momento culminante cuando el militar y terrateniente cajamarquino Miguel Iglesias, asumiendo un rol protagónico e inocultablemente secesionista en el desarrollo de los acontecimientos políticos nacionales, decidió desconocer la autoridad monterista radicada en Arequipa y firmar, en representación de siete departamentos norteños, la paz con Chile481. En el manifiesto que dirigió desde Montán a sus conciudadanos, el 31 de agosto de 1882, y en el que se refirió con durísimos términos a los miembros de la coalición civilista limeña482, el general Iglesias apeló a la creación de un frente político nacional, capaz de llegar, mediante la cesión territorial de las provincias salitreras, a arreglos de paz con el gobierno de Chile483. Luego de la decisiva proclama de agosto y en una rápida sucesión de acontecimientos políticos, claramente hegemonizados por los norteños, y que culminaron con el nombramiento de Iglesias como «Presidente Regenerador del Perú», la dación de la ley para firmar la paz, con cesión territorial, fue impuesta al país por el Norte. Dentro del contexto anterior, 226
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