La negativa de ceder la zona más rica del territorio nacional no fue una mera terquedad de los provisorios. Para los miembros de la precaria coalición política, encumbrada en el gobierno de La Magdalena, en la incalculable riqueza salitrera se hallaban los cimientos de la reconstrucción política y económica, avizorada unos años antes, y que sucedería luego de finalizada la guerra. Por otro lado, el peruano que acatara la paz, bajo las condiciones requeridas por los chilenos, no haría sino estampar su firma en el acta de defunción de su propia asociación política476. Debido a las razones económicas y políticas anteriormente señaladas la «paz duradera», legitimizada por los provisorios ante el país mediante un acuerdo «sin cesión territorial», fue la muralla infranqueable contra la que se estrellaron los intereses chilenos. Lo irreconciliable de las posiciones entre invasores e invadidos, junto con la debilidad de los segundos, tuvo su clara manifestación en el apresamiento de García Calderón y en el desbaratamiento violento del Gobierno Provisorio. Mediante este acto de fuerza, los chilenos lograron neutralizar, sacando del escenario nacional, al articulador político que, paradójicamente y como ellos anhelaron, había logrado unificar al país en un solo frente. Por otro lado, las conversaciones sostenidas por la diplomacia chilena con el gobierno de los Estados Unidos, el asesinato del presidente Garfiled —que determinó un viraje en la política norteamericana de apoyo a la causa peruana— y la firma del Protocolo de Viña del Mar posibilitaron que Chile estableciera unilateralmente los términos de la paz con el Perú, y que además exigiera la no intervención estadounidense en dicha firma477. La deportación de García Calderón, figura que se engrandeció políticamente en los últimos meses de su gestión y luego de su alejamiento forzado del país, y el retiro del apoyo de los Estados Unidos a la causa peruana imposibilitaron la implementación de la fórmula política que con gran habilidad fue tejiendo, a lo largo del dramático y tempestuoso año de 1881, la coalición constitucional limeña. La derrota de las fuerzas civiles peruanas cedió paso, como antaño, a otras menos sutiles: las militares. La salida violenta de García Calderón del escenario político peruano dejó un heredero oficial: el contralmirante Lizardo Montero; y dos activas maquinarias político-militares en funcionamiento: la del general Andrés A. Cáceres en la sierra central y la del general Miguel Iglesias en los departamentos del norte. El cautiverio del presidente provisorio, la desaparición del espacio físico provisto por el invasor y la creciente 225
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