las carencias estructurales de las jóvenes repúblicas, de las que dio cuenta Simón Bolívar en su «Carta de Jamaica», no desanimaron a los que opinaban que la instauración de un orden republicano era la única alternativa luego del derrumbe del sistema colonial. Por esa «porfiada insistencia» a favor de una fórmula política frente a la cual Europa empezaba a mostrar una profunda desconfianza, Hispanoamérica se convirtió, de acuerdo con Hilda Sábato, en «un campo de experimentación formidable» donde ideas e instituciones originadas en el Viejo Mundo fueron «adoptadas y adaptadas», al mismo tiempo que se «generaban y ensayaban prácticas políticas nuevas, diversas y de resultados inciertos» (Sábato, 2006, p. 263). Un asunto que merece subrayarse en la relectura del siglo XIX en clave republicana es la legitimación de la dictadura militar por parte de los civiles. ¿Cuál fue el proceso mediante el cual personajes de la talla de Sánchez Carrión y más adelante los miembros de la segunda generación de liberales —pienso en los hermanos Gálvez, por ejemplo— quedaron atrapados por la corporación castrense que finalmente mediatizó el proyecto republicano? Una república que no recurría a un dictador, señalaba Manuel Lorenzo de Vidaurre, estaba condenada a perecer en medio de los «terribles terremotos políticos» originados en el proceso de su misma creación. Dentro de esta línea argumentativa, el dictador era «un ciudadano» a quien se le habilitaba para que procediera «sin fórmulas, dilaciones y aparatos» a conseguir el bien público. La dictadura, una suerte de medicina transitoria para una república que, como la peruana, era incapaz de cuidarse por sí sola y menos construir su representación política, fue sancionada mediante el decreto del 10 de setiembre de 1823, el que estableció que «solo un poder extraordinario en su actividad y facultades» era capaz de «poner término a la presente guerra y salvar a la República» de los graves males que la agobiaban. Ello determinó que, luego del motín de Balconcillo y la disolución del Congreso por parte de José de la Riva-Agüero, el poder de «la suprema autoridad militar en todo el territorio de la República con las facultades ordinarias y extraordinarias» se depositara en manos de Bolívar. La legitimación ideológica de la dictadura militar no concluyó con la breve etapa bolivariana. El complejo sistema que pusieron en marcha los militares, en complicidad con los civiles —y que fue descrito por Francisco de Paula González Vigil como una «tiranía» que, bajo el pretexto de velar por «la salud del pueblo», empeoraba la «suerte de la 22
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