solo contribuyó a acrecentar dichas rivalidades, creando un círculo vicioso de mutuas recriminaciones, sino que eliminó, debido al viaje inexplicable de Prado al extranjero y a la toma de los depósitos salitreros por parte de los ejércitos invasores chilenos, a las otras dos piezas claves del modelo político coalicionista. El descabezamiento del Senado y del Ejecutivo, junto con la pérdida de la vital riqueza salitrera, determinó que, en vísperas de la caída de Lima, el Estado central peruano colapsara ante la mirada sorprendida del ejército de ocupación. Luego del asesinato de Manuel Pardo, en la conmocionada capital de la República corrió la versión de un posible golpe de Estado, orquestado por un sector descontento de los militares. Aquel, según los entendidos, tenía como meta la eliminación física de importantes congresistas civilistas. Por ello, cundió la alarma en la ciudad, y los senadores y diputados, reunidos en sesión permanente en el Congreso, decidieron declarar a «la patria en peligro»416. Las recriminaciones y sospechas que surgieron como producto del crimen entre el civilismo y el gobierno, y entre aquel y el pierolismo, tuvieron un impacto determinante en la evolución de la recién estrenada coalición. La crisis política que desencadenó la muerte del líder del Partido Civil, además de manifestarse en la feroz guerra de palabras —cuya caja de resonancia fue la prensa capitalina, que atacó o defendió a Nicolás de Piérola, sindicado por el civilismo como el artífice intelectual del crimen —, se evidenció en la caída de sucesivos gabinetes ministeriales (Miró Quesada, 1961, pp. 112-114). A pesar de que, a escasos días del magnicidio, el 24 de noviembre de 1878, el presidente Prado convocó a los principales líderes civilistas con la finalidad de establecer una nueva fórmula de cogobierno, capaz de apuntalar a su tambaleante régimen, las conversaciones entre los diferentes grupos políticos no lograron prosperar. Aparte de la existencia de las ya consabidas suspicacias, el civilismo no aceptó desprenderse de su identidad política y conformar, junto a los antiguos enemigos, una nueva entidad partidaria (Miró Quesada, 1961, p. 113). Para diciembre, resultaba claro que los acercamientos entre el gobierno y el Partido Civil habían llegado a un punto muerto y la administración Prado entraba en un irreversible proceso de agonía. Para muchos, como el editorialista de El Comercio, el asesinato de Manuel Pardo, junto con la incapacidad de reanimar a la coalición política, podían tener consecuencias terribles para la evolución del país. En sus palabras, el año 1878 se cerraba «bajo los auspicios de la destrucción y de la muerte»417. Resulta probable pensar que 212
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