institucionalización de un «neopatrimonialismo modernizador». En aquel, Pardo y sus vanguardias financieras iban a lograr estabilizar, en cierta medida, la inmanejable economía a cambio de un «reparto social» controlado de la nueva riqueza salitrera. La «incursión democratizadora» civilista412, surgida de la necesaria transacción entre las facciones rivales, no iba a disminuir, obviamente, la polarización social ni la creciente pobreza urbana; solo iba a intentar controlarlas. Para lograrlo existían dos posibles caminos. Por un lado, el de la caridad, ejercida por organismos afines al civilismo —la Beneficencia Pública, por ejemplo—, y por el otro, el de la represión, a través de un estricto control social por parte de los aparatos del Estado: gendarmería, policía y Guardia Nacional413. Asimismo, debido a los incontrolables niveles de violencia que ocurrían en cada proceso electoral, la impostergable institucionalización del juego político, tarea fundamental de la élite dirigente, demandaba una nueva legislación414. Lo anterior solo podía llevarse a cabo «desarmando», en el sentido literal y político del término, a los grupos regionales y populares415. Los mecanismos para lograrlo eran la dación de una ley electoral, capaz de establecer y delimitar claramente el universo de los votantes, y la profundización del proceso de monopolización de la violencia, iniciado durante la administración civil. El nuevo ciclo de «prosperidad falaz», que permitía el proceso de «modernización» e «instucionalización» previamente esbozado, era factible debido a la existencia del salitre, tónico regenerador de la debilitada maquinaria estatal. Sin embargo, una situación no prevista desbarató las posibilidades de este idílico escenario «conciliador». Otras vanguardias económicas, más fuertes y cohesionadas, también habían puesto sus esperanzas de despegue económico y consolidación política en el codiciado fertilizante peruano. GUERRA E INVASIÓN Si el asesinato de Manuel Pardo, el 16 de noviembre de 1878, asestó un fuerte golpe a una de las piezas claves del nuevo modelo político coalicionista, el Poder Legislativo, la guerra, declarada por Chile el 3 de abril de 1879, lo destruyó irremisiblemente. En efecto, el asesinato del presidente del Senado avivó los odios entre los faccionalismos, que habían logrado menguar la política de conciliación y apaciguamiento. Luego del magnicidio, la teoría del complot creó desconfianza entre las hipersensibles élites políticas. La declaratoria de guerra, por otro lado, no 211
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgwMjMx