republicanos de participación, igualdad y moralidad, por los más tangibles de bienestar, paz y orden. Resultaba evidente que los ideólogos de la «República Práctica» y sus vanguardias económicas necesitaban contar con bases materiales sólidas en las cuales cimentarse, las que solo se lograrían en un contexto de paz social. El nuevo ciclo exportador salitrero abría inmensas posibilidades de desarrollo económico para las élites económicas nativas. Cabe recordar que, en ese contexto, la banca limeña, aliada estratégica del Partido Civil, ocuparía un lugar de honor en el reparto del nuevo botín fiscal. Por lo anterior es lógico pensar que la idea fundamental que apuntaló al viraje ideológico anteriormente enunciado era la de evitar que el inmenso caudal proveniente de la exportación salitrera fuera quemado en las tradicionales guerras civiles, y por lo mismo, el país cayera, como en el pasado, en el control de financistas extranjeros inescrupulosos. El arreglo temporal entre el civilismo con «los nacionales» permitiría rearticular, política y económicamente, a las vanguardias financieras del partido liderado por Pardo con la finalidad de que asumieran un rol activo en el nuevo ciclo exportador. Por todo lo anterior no es mera casualidad que la primera ley, que el flamante presidente del Senado intentó empujar en su cámara, pretendiera unir la suerte de su proyecto estabilizador con el de la riqueza generada por las exportaciones, principalmente el salitre409. El nuevo ciclo exportador, azucarero y salitrero, permitía vislumbrar un nuevo proceso de acumulación para la burguesía nativa. El impuesto que Pardo propuso en el Senado, y que los grupos económicos y los consumidores nacionales debían pagar —además de devolverle el contenido político al proyecto civilista—, permitiría al Estado recoger el papel moneda y de esa forma detener el proceso inflacionario que el colapso de la economía guanera había ocasionado en el país. En pocas palabras, Estado, vanguardias económicas y sectores medios con acceso al consumo deberían trabajar de la mano para la concreción de intereses convergentes que, a la larga, tendrían un efecto beneficioso para la sociedad en general. Así, el tan requerido «bien común» quedaba aparentemente resguardado410. Sin embargo, en el campo minado de la politización masiva provocada por la campaña electoral legislativa no todos los actores sociales entendieron que la «guerra» había terminado y había que guardar el armamento y ponerse a trabajar en aras del «bienestar nacional». Melchor Montoya, por ejemplo, un soldado provinciano de 18 años, percibió las 209
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