lado, en los arreglos económicos hechos por el Estado a raíz de la expropiación salitrera del 29 de mayo de 1875 —y como hemos señalado en el capítulo previo—, la administración civil cedió a la banca nacional el control absoluto de las operaciones financieras concernientes al monopolio del fertilizante (Bonilla, 1986, p. 178; Tantaleán, 1983, p. 232). En pocas palabras, la banca nativa se convirtió en la vanguardia económica del «Estado Civilista». La unión entre banca y Estado, que había sido un lugar común a lo largo de la historia peruana, adquirió mayor fuerza debido al compromiso político militante de un sector importante de los banqueros con el Partido Civil367. En los análisis que se han hecho sobre la estructura financiera peruana republicana, principalmente en tiempos de «la prosperidad falaz», se ha discutido y criticado persistentemente la incapacidad de la banca peruana de tener un eficiente liderazgo económico, al margen del intervencionismo estatal (Quiroz, 1992, p. 41; Camprubí, 1957). Sin embargo, lo que estos importantes estudios no han tenido en consideración ha sido la relación simbiótica que se dio con más claridad, a partir de 1872, entre la esfera política y la financiera. Para el civilismo, la banca nacional fue el mecanismo que le permitió contar con los recursos para mantener vivos, en medio de la crisis de la deuda, su proyecto y sus alianzas políticas. La situación anterior no fue, como en el pasado, una coyuntura meramente circunstancial. Una parte importante de los miembros de la dirigencia partidaria civilista, —incluidos Manuel Pardo, José de la Riva-Agüero, Enrique Ayulo, Natalio Sánchez, Antonio Araoz, José Miguel Medina, Emilio Althaus, Aurelio Denegri, entre otros— eran importantes banqueros368 que fueron atraídos, como muchos otros sectores urbanos, a la causa civil. Las promesas para lograr aquella vital adhesión probablemente fueron similares a las que la dirigencia esgrimió con sus múltiples clientelas electorales: orden institucional y paz productiva, gobierno fuerte y ejercicio pragmático del poder. Sin embargo, el precio de la difícil tarea cívica anterior se fue volviendo cada vez más elevado. Ya no era solo cuestión —como en la campaña electoral de 1871-72 y en la que la banca limeña colaboró— de contar con algunas decenas de miles de soles para comprar las lealtades de electores y congresistas; ahora el asunto era satisfacer las innumerables y crecientes expectativas que la coalición civilista había despertado369. Las múltiples alianzas en las que descansó la coalición política civilista y lo galopante de la crisis económica determinaron que, como en el pasado 197
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